Cornare dio nuevas pistas de lo que es un secreto a voces hace tiempo. La minería ilegal sobre los ríos del Oriente antioqueño se asentó ya completamente y la devastación que el país entero ha visto en el Bajo Cauca, empieza a evidenciarse ahora en los ríos del Oriente.
La autoridad ambiental publicó los resultados de los análisis realizados a las aguas de los ríos Calderas y San Carlos, tras denuncias recibidas por posibles vertimientos derivados de actividades de minería ilegal en el municipio de San Carlos. “La entidad lamenta este tipo de hechos en el territorio y señala que, pese a los diferentes operativos adelantados, es la primera vez que se identifica la presencia de mercurio en los ríos de su jurisdicción”.
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Según detalló la corporación autónoma, el 16 de julio de 2025 se tomaron cinco muestras de agua en diferentes puntos de estas fuentes hídricas. Los análisis, efectuados en el Laboratorio Ambiental de Cornare acreditado por el Ideam, arrojaron que en dos puntos de monitoreo sobre el río Calderas se detectaron concentraciones de mercurio divalente que superan hasta tres veces los límites máximos permitidos por la Resolución 0631 de 2015. La muestra número uno arrojó 9,50 μg/L Hg²⁺ (límite máximo permitido: 2 μg/L), en tanto que la uestra dos arrojó 6,98 μg/L Hg²⁺.
Por otro lado, Cornare señaló que en los puntos muestreados sobre el río San Carlos, las concentraciones de mercurio son inferiores al límite de detección del laboratorio, por lo que se consideran no cuantificables a ese nivel de sensibilidad. El resto de parámetros físicoquímicos analizados, según la entidad, se encuentran dentro de rangos normales de calidad del agua.
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El mercurio es un contaminante altamente tóxico que puede causar daños neurológicos, afectar órganos vitales y poner en riesgo a mujeres
gestantes y niños incluso a bajas concentraciones. En los ecosistemas acuáticos se bioacumula en peces y aves, alterando la cadena
alimenticia y la seguridad alimentaria de las comunidades, por ello estos hallazgos constituyen una señal de alerta y exigen acciones inmediatas de control y prevención.
Cornare reiteró que la posible fuente de contaminación está asociada a actividades de minería ilegal a cielo abierto, identificadas en la cuenca del río Calderas. La entidad precisó que, según la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), la competencia directa para ejercer control sobre estas actividades recae en las alcaldías municipales, quienes son la primera autoridad minera en sus territorios.
Esta noticia no hace más que confirmar lo denunciado por EL COLOMBIANO publicado en agosto de 2024, en el que por primera vez se abordó ante la opinión pública la presencia de la minería ilegal de oro como una problemática sistemática y con patrones criminales definidos en el Oriente antioqueño. Según determinó dicho informe periodístico, hasta ahora la minería ilegal se ha asentado ya sobre el río Calderas, entre Granada y San Carlos; en la cuenca del Río Nare, particularmente a la altura de Alejandría y límites con el Nordeste; acecha también los cañones de los ríos Verde y Santo Domingo, que nacen en San Francisco y Carmen de Viboral. También en San Rafael, en límites con Nordeste, la minería ilegal ha escalado ya al uso de retroexcavadoras con la destrucción de decenas de hectáreas de bosque. Y ha llegado igualmente al Oriente lejano, sobre el río Arma, en Abejorral, y en el río La Miel, en la frontera entre Antioquia y Caldas.
Así como en otros días lo fue el río Nare, actualmente el Calderas es el más afectado por minería ilegal en el Oriente. Líderes ambientales y organizaciones de la región dicen haber documentado la presencia de al menos 25 dragas regadas en toda su cuenca.
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Testimonios de pobladores aseguraron que cientos de personas del Bajo Cauca han llegado a la región, trasladados directamente por el Clan del Golfo, para adelantar minería ilegal. También narraron que la instalación de dragas y la explotación de yacimientos sobre estos ríos, que conservan una biodiversidad fundamental para el departamento, ha estado acompañada de estrategias de control territorial como patrullajes con armas largas en las veredas e intimidaciones a los campesinos.
Más preocupante todavía fueron algunas respuestas de figuras políticas del Oriente tras la publicación del reportaje, que negaron rotundamente la existencia de minería ilegal de oro asociada a los planes de expansión del Clan del Golfo.
Tal como lo señaló en dicho informe, Cornare reiteró que adelanta numerosos operativos en la región para atender las denuncias de la ciudadanía. Pero también corroboró algo que los campesinos atestiguaron y es que a pesar de la disposición de la autoridad ambiental para responder a los llamados, la fuerza pública no estaría atendiendo diligentemente a los pedidos de la comunidad para acompañar a los técnicos a hacer las labores como tomas de muestras en zonas álgidas de seguridad.
“La Corporación Ambiental asegura que continuará con los procesos de seguimiento, control y articulación institucional en el marco de la mesa de gerenciamiento contra la explotación ilícita de yacimientos mineros liderada por la Gobernación de Antioquia. Asimismo, hace un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa que comprometa la calidad de las fuentes hídricas”, expresó Cornare.
Precisamente sobre la Gobernación de Antioquia, llamó la atención en su momento su absoluto silencio ante los requerimientos para conocer a fondo qué acciones específicas están adelantando para evitar que los ríos del Oriente antioqueño y su riqueza natural tenga el mismo destino del desértico y contaminado Bajo Cauca. Por lo que la alerta que acaba de hacer Cornare debería motivar decisiones sin dilaciones para empezar a frenar el avance peligroso de la minería ilegal en dicha subregión.
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