La conciliación lograda entre EPM y la Sociedad dueña de la central, avalada por un tribunal de arbitramento, se tejió durante más de 15 meses en confidencialidad. El punto clave es que Antioquia recibirá dividendos anticipados.
El acuerdo entre EPM y la Sociedad Hidroituango por los incumplimientos derivados de la emergencia del megaproyecto en 2018 pasó casi inadvertido entre las fiestas de Navidad, pero su alcance es trascendental: es una noticia del tamaño de la central hidroeléctrica y un gana-gana para todas las partes implicadas en Antioquia.
Concretarlo requirió una operación quirúrgica en lo técnico, jurídico y financiero. Había que conciliar una condena cercana a los $800.000 millones sin afectar la caja de EPM ni las transferencias a Medellín; evitar la terminación anticipada del contrato Boomt —esquema bajo el cual se construye Hidroituango—; y, además, ajustar los flujos para que la Gobernación comenzara a recibir una renta anticipada por la generación de energía.
Ese acuerdo de más de 100 páginas, que parecía remoto por la magnitud del litigio cuando se radicó la demanda en 2020, fue aprobado el 22 de diciembre pasado por el tribunal de arbitramento, cerrando cinco años de controversias multimillonarias alrededor del mayor proyecto hidroeléctrico del país.
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Poco se conoció de las negociaciones y mesas técnicas durante los 15 meses que duraron. En julio, el gerente de EPM, John Maya, dejó ver en el Concejo que el pacto final —que incorporaría todas las obligaciones pendientes y las que estaban en disputa— estaba cerca de sellarse. Aseguró que tendría “un significado inmenso para el epartamento” por los dividendos anticipados que recibiría la Gobernación y reveló que la discusión final se centraba en la forma de los desembolsos a la Sociedad. Aún quedaba camino por recorrer.
La Sociedad Hidroituango es la dueña del proyecto. Su configuración accionaria tiene a la Gobernación con un 52,8% y a EPM con un 46,3%. Por el contrato Boomt (cuyas siglas en inglés significan construir, operar, mantener y transferir) firmado en 2011 fue que EPM terminó a cargo de construir la obra y por eso mantiene un doble rol en el proyecto como contratista y accionista.
Se recordará que en abril de 2018, cuando el proyecto alcanzaba el 87% de ejecución, se desplomó un túnel de desviación y empezó una emergencia sin precedentes que generó serios retrasos en la generación de energía que estaba prevista para ese mismo año.
Bajo los términos del contrato Boomt, la Sociedad argumentó que tras la crisis del proyecto EPM no había cumplido con lo pactado e inició una reclamación en 2020 ante el centro de conciliación de arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, en la que también exigió el pago de las cláusulas penales del contrato. Alegó incumplimientos contractuales relacionados con el cierre de las compuertas de desviación, inicio del llenado del embalse y la entrada en operación de dos de las 8 unidades de generación.
EPM contestó la demanda y solicitó que se negaran las pretensiones, entre otros, porque, a su parecer, no existió incumplimiento culpable de su parte. Igualmente, sostuvo que las obligaciones eran de imposible cumplimiento en la forma inicialmente pactada, y que se concretaron riesgos que hacían responsable a la Sociedad. Contrademandó y solicitó que se declarara la ocurrencia de una contingencia que constituyó un “evento excusable” en los términos del contrato. De igual manera solicitó que se declarara que EPM no estaba sujeta a la imposición de cláusulas de apremio.
La Sociedad contestó la demanda de reconvención y se opuso a las pretensiones. En síntesis, su posición se fundó en que no ocurrió ningún “evento excusable”, ni otra situación que justificara el incumplimiento de EPM.
Finalmente, en diciembre de 2023 se conoció un documento de más de 300 páginas en el que el tribunal de arbitramento analizó más de 20.000 folios y 70 pretensiones, y llegó a la conclusión de que EPM debía asumir los sobrecostos asociados a la contingencia, que era el responsable de lo que había pasado y que debía pagarle a la Sociedad $781.828 millones.
Frente a esta decisión, EPM promovió un recurso extraordinario de anulación ante la justicia ordinaria. Si bien el Consejo de Estado suspendió de forma temporal los efectos del laudo en julio de 2024, el pasado 12 de diciembre la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo declaró “infundado” el recurso y levantó la suspensión del cumplimiento del laudo.
Entre dimes y diretes, otro frente litigioso se abrió. El 24 de junio de 2024 la Sociedad presentó una nueva demanda arbitral en la que buscaba, entre otras cosas, que se declarara el incumplimiento de EPM respecto a la fecha de entrada en operación de la última unidad de generación. Además, solicitaba que se le condenara al pago de la remuneración correspondiente, así como las cláusulas penales de apremio, los intereses moratorios y la penalidad por la terminación anticipada del contrato Boomt.
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A su vez, EPM presentó una demanda de reconvención en la que solicitaba que, para el cálculo de la remuneración a la que tendría derecho la Sociedad, se considerara el costo promedio ponderado de la deuda incurrida por EPM y las provisiones ambientales y sociales requeridas por el proyecto. El pleito se ensanchaba cada vez más, pero ya de forma paralela avanzaban las mesas para alcanzar un acuerdo.
Desde el segundo semestre de 2024, EPM y la Sociedad Hidroituango llevaron a cabo negociaciones buscando encontrar soluciones a todas las controversias. Se firmaron varios documentos de entendimiento y se establecieron mesas de trabajo con un único objetivo: alcanzar en 2025 un acuerdo conciliatorio para la resolución definitiva de los conflictos.
No fueron negociaciones sencillas, cada párrafo había que revisarlo con lupa para que no terminara echando por la borda los avances alcanzados. Las partes se fueron acercando con las cartas destapadas sobre la mesa.
Maya contó que en enero de 2025, después de haber trabajado casi un año continuamente con los equipos técnicos, jurídicos y financieros de ambas partes, llegaron a un preacuerdo sobre los puntos en controversia. Sin embargo, después surgieron hechos relevantes que variaron la concepción inicial de la negociación.
Un mes después de las declaraciones de Maya en el Concejo, EPM y la Sociedad alcanzaron el anhelado acuerdo conciliatorio en agosto pasado. Después de cumplir los requisitos legales, dicho acuerdo se radicó en noviembre pasado ante el tribunal de arbitramento y finalmente, el 22 de diciembre este aprobó la conciliación, que ya tenía concepto favorable del delegado de la Procuraduría, quien confirmó que se cumplían los requisitos y presupuestos legales y jurisprudenciales necesarios para su aprobación.
Las partes realizarán los ajustes al contrato Boomt para incorporar los acuerdos alcanzados y aprobados por el tribunal. Estos cambios permitirán a la Sociedad recibir una remuneración periódica, la cual se calculará siguiendo una metodología establecida y reflejada en el modelo financiero del mismo contrato.
Entre tantos puntos álgidos, este es tal vez el punto más relevante, porque el acuerdo le asegura a la Gobernación y a la misma EPM, accionistas de la Sociedad, recibir recursos financieros, vía dividendos, para desarrollar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura. Es decir, el departamento asegura una nueva renta para financiar las ejecutorias del plan de desarrollo.
Con el acuerdo también se evitó la terminación anticipada del contrato Boomt, lo que habría implicado una reducción en las rentas que EPM recibe por energía.
El gerente Maya celebró que el acuerdo alcanzado “permitirá seguir concentrados en finalizar la segunda etapa del proyecto” y destacó que la conciliación “asegura a EPM su sostenibilidad financiera y garantiza la continuidad de las transferencias al Distrito de Medellín, lo que le permitirá atender los proyectos establecidos en su plan de desarrollo”.
Para el arquitecto y economista Enrique Posada Restrepo, expresidente de la SAI, este desenlace es beneficioso para todos: Antioquia, EPM, Medellín y la Sociedad. “Si el proyecto es rentable, como lo está siendo gracias a una ejecución final adecuada y a los precios de venta de la energía, es fundamental que el departamento disfrute de esos beneficios lo más anticipado posible, será vital para la fortaleza de la misma empresa”, concluyó.
¿Qué significa la reciente resolución de los conflictos entre el departamento de Antioquia y EPM en torno al proyecto Hidroituango?
“Es sumamente positivo que se resuelvan los problemas con relativa rapidez y que no existan pleitos internos en Antioquia. El departamento y EPM, como socios mayoritarios de la Sociedad Hidroituango, establecieron un acuerdo para la ejecución del proyecto, delegando la administración a EPM bajo un contrato a todo costo. Aunque se presentaron diferencias debido a las contingencias, estas solo entorpecen el avance. Es claro que hubo un siniestro y dificultades que originaron la contingencia, pero también es evidente que la situación se resolvió mediante el pago de seguros y una gestión adecuada.
Este desenlace es beneficioso para Antioquia, EPM, Medellín y la Sociedad propietaria del proyecto. Debemos tener la sabiduría de resolver los problemas mediante sistemas de negociación y no mediante litigios. Me parece muy acertado que esto se haya solucionado inicialmente a través de un arbitramento y luego mediante un tribunal. Ahora debemos trabajar unidos para sacar adelante el proyecto, el cual ya muestra éxito económico; a pesar de los sobrecostos, la energía se está vendiendo a muy buen precio y el país la necesita”.
Parte del acuerdo conciliatorio implica anticipar dividendos al departamento de Antioquia, socio mayoritario con el 52%. ¿Qué relevancia tiene que la Gobernación reciba estos recursos anualmente y de forma anticipada tras la aprobación del tribunal?
“Es muy importante. El contrato inicial preveía una recuperación rápida de la inversión, pero el retraso y los sobrecostos pusieron en riesgo el aspecto económico. No obstante, los buenos precios de la energía eléctrica están permitiendo que el proyecto se recupere. Resulta lógico que EPM comience a reconocer la participación del departamento de Antioquia desde ahora, lo cual es vital para la fortaleza de la misma empresa.
Hay que entender que el departamento es también Medellín y sus regiones provinciales. Antioquia es la dueña del paso del río Cauca, un recurso natural importantísimo que estamos utilizando. Si el proyecto es rentable, como lo está siendo gracias a una ejecución final adecuada y a los precios de venta de la energía, es fundamental que el departamento disfrute de esos beneficios lo más anticipadamente posible”.
¿Qué significado tiene para la historia del proyecto que se cierre este capítulo de litigio entre la Sociedad Hidroituango y EPM después de cinco años?
“Es supremamente importante. Este cierre no se dio de forma arbitraria, sino tras un proceso de discusiones legales analizadas con calma, resolviéndose de manera legal y amigable. Es fundamental que la relación entre la Sociedad Hidroituango y EPM quede sanada, pues EPM es la entidad que ha liderado el desarrollo de este proyecto con mucho éxito”.
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