Después de la misa dominguera, del pasado 12 de octubre, el párroco del municipio de Andes, Nolberto Gallego, lanzó un angustioso llamado. Pidió a decenas de familias que retiren, por favor, los restos de sus seres queridos que cumplieron el periodo estipulado en las bóvedas del cementerio. No fue ningún acto de mezquindad, sino un pedido desesperado en medio de la ola de crímenes desatada en el municipio que lo tiene convertido en uno de los más violentos del país.
Con el asesinato de un joven de 22 años que se encontraba tomando licor en una taberna, Andes llegó la semana pasada a los 54 homicidios en 2025. Es un escándalo sin atenuantes para un municipio con 47.000 habitantes. Pero Andes no llegó a esta cifra récord de homicidios este año de manera espontánea. La guerra que se cebó allí hace parte del progresivo recrudecimiento del conflicto en el Suroeste antioqueño desde hace, al menos, ocho años.
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Andes, la capital económica del Suroeste, es el epicentro de una pugna sin cuartel de varios frentes: está el Clan del Golfo, a través de su subestructura Edwin Román Velásquez, la mandamás en el Occidente antioqueño que decidió ampliar sus tentáculos hacia el Suroeste. Pero a su vez también tienen presencia dos facciones que nacieron bajo la sombrilla del Clan del Golfo y que operan –o intentan operar– de manera independiente: Carne Rancia y La Erre. Y para completar está La Terraza, que ofreció su franquicia criminal a un grupo que se hacen llamar los halcones. Para controlar las rentas criminales como el microtráfico y la extorsión a fincas productivas estos criminales han replicado las formas de violencia más brutales. Hace algunas semanas a un joven de 19 años trabajador de una finca en la vereda El Palmar lo sacaron de su casa, le dispararon con un fusil, lo dejaron correr desesperado en busca de ayuda y cuando se desplomó cerca a una quebrada, arrastraron su cuerpo varios metros y lo decapitaron para luego dejar la cabeza expuesta en la vereda.
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De esa dimensión demencial es la violencia que azota al cafetero municipio, que no alcanzaba los 50 homicidios en un año desde el siglo pasado. Pero que, además, ha visto cada vez más como los desplazamientos masivos y confinamientos se vuelven pan de cada día. En los corregimientos de Santa Inés y Santa Rita, bases de operaciones del Clan del Golfo y La Terraza, la comunidad tiene que ocultarse en sus casas todos los días a las 6 de la tarde, y entonces se vuelven pueblos fantasmas donde no brilla ni un bombillo. Entonces, los 3.000 habitantes de Santa Inés, aguardan en sus casas a que empiecen a sonar los disparos de fusil mientras los criminales de ambos bandos se enfrentan en medio de la oscuridad.
La Diócesis de Jericó (donde también se está endureciendo la violencia con combates en zona rural, como Palocabildo) hizo un angustioso llamado junto a la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Andes pidiendo que cese la violencia que está desangrando a la región y dejando una estela de dolor en cientos de familias. “Que la fe y la esperanza nos guíen en estos tiempos difíciles y que juntos podamos construir un futuro de justicia y tranquilidad”, pidieron en el comunicado.
El último mensaje del párroco Nolberto el pasado fin de semana fue para las familias que tienen restos de parientes en el cementerio del pueblo, y cuyo tiempo de contrato de cuatro años haya expirado, para que los exhumen y puedan emplear esas bóvedas para inhumar no solo a las víctimas de la violencia sino a quienes están muriendo de manera natural. “Esta situación de incremento de muertes violentas, más muertes naturales, nos está llevando también a una escasez de bóvedas, y mirando, hay bóvedas que están allí con los restos ya de tiempos muy superiores al establecido a los cuatro años”, recalcó el padre Gallego Marín.
Fue un pedido puntual, práctico, porque según confirmó el sepulturero del pueblo, solo tienen una bóveda para niños y un par para adultos. Pero también una forma de mostrarle a sus feligreses que cuando la violencia se desata involucra, de una u otra manera, a toda la población, nadie queda exento.
Andes, como el resto del Suroeste, se encuentra en plena cosecha cafetera que se extenderá hasta diciembre. Es la época más crítica socialmente y en materia de seguridad. Solo en el Suroeste, una población flotante de más de 20.000 personas llegan a los pueblos cafeteros para asentarse durante cuatro meses en las fincas, lo que lleva la violencia hasta las entrañas de dichas fincas, tal como ha ocurrido en los últimos años con masacres, homicidios selectivos y atentados mientras los grupos criminales se disputan las plazas de vicio que operan dentro de las fincas, un negocio atroz en el que convierten en adictos a miles de jornaleros para luego quedarse con la paga por cuenta del consumo de todo tipo de estupefacientes. En las fincas más grandes, que llegan a tener campamentos con hasta 1.000 recolectores, los criminales venden dosis de bazuco a $5.000, cripa a $12.000 y cocaína a $25.000.
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