En Caucasia, cuatro jóvenes, con edades entre los 13 y los 16 años de edad, tuvieron que ser reubicados de urgencia por parte del ICBF, por graves amenazas contra sus vidas.
Los jóvenes vivían en Santa Elena, un gigantesco lote ubicado en la zona céntrica del municipio del Bajo Cauca, que en menos de un año se convirtió en la invasión más grande de Colombia, y lo que comenzó con la azarosa llegada de cientos de familias durmiendo bajo plásticos sostenidos por palos se convirtió casi en un nuevo municipio, o por lo menos una enorme vereda que tiene miles de viviendas y servicios públicos.
Según señaló el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la medida se tomó luego de que las propias familias de los menores pidieran auxilio con urgencia a través de la Defensoría del Pueblo, pues los menores estaban siendo sometidos a diversos tipos de violencia por parte de grupos armados que intimidan la zona.
De acuerdo con Kelly Ortiz, coordinadora de Protección Regional de la entidad, la drástica medida que obligó a los jóvenes a ser reubicados en Medellín se tomó al corroborar que estaban siendo instrumentalizados por las bandas para el microtráfico y otros delitos, bajo la amenaza de atentar contra sus vidas y las de sus familiares. “Es por eso que, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y atendiendo las solicitudes de algunas familias, el Centro Zonal Bajo Cauca brindó atención y protección a cuatro adolescentes”, recalcó la funcionaria.
Santa Elena es un terreno de 378 hectáreas dividido en partes iguales de 6 metros de ancho por 12 de largo, donde habitan más de 8.000 familias. En el lugar, que comenzó a ser invadido luego de una visita del presidente Gustavo Petro, ya cuenta con energía eléctrica, acueducto, recolección de basuras, cancha de fútbol y tarima de eventos, peluquerías, tiendas, ferreterías e iglesias cristianas.
El terreno está actualmente bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales, mientras se surte un litigio entre el Estado y Juan Gabriel Úsuga Noreña, un exnarcotraficante que la adquirió en 1998.
Ante las solicitudes por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para que el predio fuera desalojado, el gobierno nacional ordenó específicamente, a través de la SAE, que nadie podía ser desalojado del predio y mucho menos de manera violenta, hasta que no se surtieran los procesos administrativos debidos. Es más, el propio presidente le pidió a las autoridades municipales sentarse con el gobierno para buscar los mecanismos administrativos que les permitieran a esas miles de familias vivir de manera legal en ese terreno.
Como era de esperarse, esta nueva ciudadela terminó convertida en centro de disputa de grupos ilegales para sus rentas criminales como el microtráfico, la explotación sexual y el reclutamiento de menores para actividades como la minería ilegal y para engrosar filas de actores armados como el Clan del Golfo.
