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Tribunal ordenó a MinHacienda y Registraduría realizar consulta para Área de Oriente en menos de tres meses

En una sentencia de segunda instancia, la justicia consideró que la jornada no puede tener más dilaciones desde el orden nacional.

  • El Tribunal Superior de Medellín dio un plazo de tres meses para la realización de la consulta. FOTO: Colprensa
    El Tribunal Superior de Medellín dio un plazo de tres meses para la realización de la consulta. FOTO: Colprensa
hace 55 minutos
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El Tribunal Superior de Medellín ordenó al Ministerio de Hacienda y la Registraduría Nacional realizar en un plazo no mayor a tres meses la consulta ciudadana que definirá si se crea el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.

La decisión se profirió el pasado 19 de diciembre y aparece luego de una larga controversia entre esos entes nacionales y la región por las trabas y retrasos que ha tenido ese mecanismo de participación ciudadana.

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“Los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, ratificaron el amparo al derecho fundamental a la participación política invocado por el gobernador de Antioquia y los ocho alcaldes del Valle de San Nicolás. El tribunal enfatizó que los trámites administrativos no pueden impedir el ejercicio de este derecho fundamental”, informó el director de Planeación en Antioquia, Eugenio Prieto Soto.

Pese a estar programada para el pasado 9 de noviembre, más de un mes antes de la hora cero comenzaron a aparecer problemas para la realización de la consulta.

Aunque administrativamente la Registraduría señalaba ya tener asignados los recursos para esa jornada desde el Ministerio de Hacienda, el desembolso nunca llegó y la consulta tuvo que ser cancelada.

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A finales de octubre pasado, mes en el que a nivel nacional se llevó a cabo la consulta presidencial y legislativa del Pacto Histórico, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó las trabas puestas desde el Gobierno Nacional, considerando que se estaría aplicando un doble rasero.

“Así como en Antioquia se dieron todas las garantías para la consulta del partido de Petro, lo mismo debe pasar con la votación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Esta es la hora que el Ministerio de Hacienda no le ha girado los recursos a la Registraduría y la votación es el próximo 9 de noviembre. La oposición del gobierno Petro al proceso no puede pisotear los derechos de la ciudadanía ni estar por encima de la democracia”, expresó entonces Rendón.

Tanto la Gobernación como los municipios afectados no se quedaron de brazos cruzados e interpusieron varios recursos judiciales contra el Ministerio de Hacienda, argumentando que el Gobierno Nacional estaba atentando contra el derecho fundamental a la participación política.

En su decisión, el Tribunal Superior de Medellín consideró que tanto el Ministerio de Hacienda como la Registraduría pusieron en riesgo el ejercicio democrático de los ciudadanos y estimó que por culpa de problemas en los trámites burocráticos o dilaciones los ciudadanos no eran quienes debían verse afectados en sus derechos políticos.

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Pese a que esta consideración ya había quedado en un fallo de primera instancia, se interpusieron recursos de apelación y la decisión tuvo que revisarse una segunda vez.

En esta segunda sentencia el tribunal resaltó que la Registraduría también debe velar por el derecho a la participación ciudadana y advirtió que, en caso de no convocarse a la consulta, tanto los funcionarios de la Registraduría como del Ministerio de Hacienda, podían exponerse a sanciones.

El proyecto para crear un Área Metropolitana de Oriente es una iniciativa que viene de hace más de cinco años, con la que se busca que los municipios de esa subregión del departamento, especialmente los del área del Valle de San Nicolás, se asocien para articular proyectos y ordenar el territorio.

Dentro de los principales argumentos que respaldan la necesidad de la institución está la explosión demográfica que experimenta esa región en las últimas dos décadas, en donde la población pasó de 355.000 a 520.000 personas y se espera que supere el millón en la próxima década.

Aunado a ese crecimiento poblacional, el suelo urbano también ha crecido ostensiblemente, pasando de 10 kilómetros cuadrados en 1995 a 40 kilómetros cuadrados en 2024.

Para que la creación de la figura tenga validez, la norma exige que participe por lo menos el 5% de la población habilitada para votar en cada uno de los ocho municipios.

En su decisión de este viernes, el Tribunal Superior de Medellín dio un plazo de tres meses para la realización de la consulta.

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