El 11 de noviembre, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el intercambio de información entre los servicios de inteligencia de Colombia y las agencias de seguridad de Estados Unidos. La medida se tomó tras los ataques de ese país contra embarcaciones en el Caribe y dejó en el aire los convenios con la DEA, el Homeland Security, el Secret Service y el Comando Sur, que sostenían programas conjuntos en materia de narcotráfico, trata de personas, falsificación de moneda y operaciones marítimas contra el crimen organizado.
El problema de esa suspensión, es que durante más de dos décadas, las agencias estadounidenses han sido parte esencial de la arquitectura de seguridad colombiana. La DEA ha aportado inteligencia táctica para la interdicción de cargamentos, la localización de laboratorios y el rastreo de redes de tráfico de cocaína; el Homeland Security Investigations (HSI) ha trabajado con la Fiscalía y Migración Colombia en la persecución de la trata de personas y el tráfico de migrantes, mientras que el Secret Service ha cooperado en investigaciones sobre falsificación de divisas, ciberdelitos financieros y lavado en efectivo.
Contexto: Petro ordenó suspender cooperación de inteligencia con agencias de EE. UU. por ataques en el Caribe
El Comando Sur, por su parte, ha sido el principal aliado militar en ejercicios de vigilancia marítima, rescate y control de rutas ilícitas en el Caribe y el Pacífico. La suspensión de estos canales implica que Colombia deja de recibir información clave en tiempo real sobre movimientos de grupos criminales, redes financieras y flujos logísticos transnacionales, debilitando la coordinación que históricamente sostenía la cooperación hemisférica en materia de seguridad.
Horas después de esa publicación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, escribió en su cuenta de X que “el presidente nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia DIPOL, DIJÍN, CTI”.
Además, mencionó que seguirán trabajando como lo han hecho en el Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con Estados Unidos.
La declaración buscó matizar el impacto político y diplomático del anuncio presidencial, pero no modificó el hecho de que el jefe de Estado había ordenado una suspensión temporal del flujo de información entre las agencias de inteligencia de ambos países.
Las rupturas previas del Gobierno
Esta decisión se da mucho después del rompimiento total de relaciones diplomáticas con Israel, anunciado por Petro el 1 de mayo de 2024, al denunciar el genocidio cometido en Gaza en contra de Palestina.
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El fin de las relaciones incluyó el cierre de la cooperación con el ‘Mossad’ (una de las agencias de inteligencia de Israel), que mantenía canales de intercambio de información en materia de contraterrorismo y rastreo financiero. Sin embargo, esa agencia de inteligencia ha sido objeto de críticas internacionales por su participación en operaciones extraterritoriales ilegales, asesinatos selectivos, espionaje a líderes políticos y uso de tecnologías de vigilancia contra civiles y periodistas.
Con la ruptura, Colombia puso fin a una relación que, si bien aportaba capacidades tecnológicas, también implicaba un vínculo con estructuras globalmente cuestionadas por vulnerar derechos humanos y actuar al margen del derecho internacional.
En paralelo, el Egmont Group, la red mundial que conecta a más de 160 unidades de inteligencia financiera, suspendió el acceso de Colombia a su sistema de cooperación tras la publicación de un documento confidencial por parte del Gobierno. La sanción dejó a la UIAF sin acceso al intercambio internacional de alertas sobre flujos de dinero ilícito, debilitando su capacidad para detectar operaciones de corrupción y lavado transnacional.
Y es que la suspensión de cooperación con Estados Unidos, la ruptura con Israel y la sanción del Egmont Group configuran un escenario de aislamiento sin precedentes para Colombia dentro de la comunidad global de inteligencia. Los acuerdos previos garantizaban el flujo de información técnica, la detección temprana de amenazas y el apoyo logístico en operaciones internacionales.
El problema con el retiro de esos vínculos es que deja al país con menos herramientas para anticipar amenazas y combatir estructuras criminales con presencia en varios continentes. Sin el acceso a bases de datos internacionales ni cooperación en tiempo real, las operaciones contra el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos dependerán casi por completo de las capacidades nacionales.
Según expertos consultados por EL COLOMBIANO, la suspensión del intercambio de inteligencia afecta más a Colombia que a Estados Unidos, pues el país depende en gran medida de la información proveniente de agencias norteamericanas.
El criminólogo Jorge Mantilla explicó que, aunque la decisión del presidente Petro puede interpretarse como un gesto de soberanía, “termina siendo ingenua y poco efectiva”, ya que Colombia participa en esquemas —como el Egmont Group o la cooperación con la OTAN— que están estructurados sobre la comunidad de inteligencia estadounidense.
A nivel político, las decisiones de Petro se inscriben en una agenda exterior que prioriza la soberanía y los derechos humanos frente a los abusos cometidos por potencias militares o servicios de inteligencia cuestionados. Sin embargo, el efecto inmediato es una reconfiguración drástica del mapa de alianzas, con un costo operativo que podría traducirse en mayor vulnerabilidad frente al crimen transnacional.
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