Enciso, que lleva meses documentando operaciones y contratos relacionados con el ministro, ha sostenido que “Benedetti no es titular de los activos” y que, por el contrario, algunas propiedades figuran a nombre de su esposa, Adelina Guerrero Cobo, quien aparece como titular formal, pero no como quien ejerce el control real sobre los bienes. Según el abogado, “esa estrategia le permitiría al ministro beneficiarse de propiedades que no declara, amparándose en la idea de que no están registradas a su nombre, aunque en la práctica las disfrute o administre”.
El caso más visible es el de la mansión en Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, donde actualmente reside la familia Benedetti.
El inmueble figura a nombre del empresario Ricardo Leyva Páez, quien, según información obtenida por Enciso, cedió el contrato de leasing de esa vivienda al ministro. Leyva no es un personaje ajeno al entorno de Benedetti. Dirige la empresa AB Fénix Entretenimiento S.A.S., que obtuvo de RTVC un contrato por 8.000 millones de pesos para la realización de un concierto durante la Cumbre CELAC, adjudicado sin licitación.
La coincidencia temporal entre ese negocio y la cesión del leasing de Caujaral ha despertado sospechas sobre eventuales intercambios de favores entre el empresario y el ministro. Justamente, esta semana, el despacho de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana realizó una diligencia de allanamiento sobre esa propiedad. La acción judicial provocó la furia del ministro llevándolo a llamar “loca hp, demente y delincuente” a la magistrada.
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A la polémica, sobre la procedencia de la mansión donde vive Benedetti, se sumaron las declaraciones de su esposa Adelina Guerrero, que lejos de aclarar las dudas, las profundizaron. En entrevista con Caracol Radio, admitió que la vivienda en la que vive con su familia no es de su propiedad y que pertenece a Ricardo Leyva. “Esta casa es del señor Ricardo Leyva. Es la casa de él, es la casa de él. (...) No quiero entrar en detalle de esos temas, pero esta casa no es nuestra”, declaró con evidente incomodidad.
Cuando le preguntaron si la residencia estaba arrendada o prestada, su respuesta fue aún más confusa: “Está, es como una calidad, más o menos, un intercambio, lo que se hizo”. Y añadió que, aunque la casa no es suya, allí viven de manera estable con sus hijos: “Yo tengo mis cosas acá, los juguetes de los niños. Pues la casa prácticamente, pues, mía y de mis hijos, donde estamos conviviendo en este momento”.
Para Enciso, estas afirmaciones refuerzan la hipótesis de que Benedetti estaría usando a su esposa y a terceros para ocultar su patrimonio real, una práctica que, aunque no constituye prueba judicial, es consistente con los documentos y testimonios.
“Tenemos la casa de Euclides Torres, que Benedetti muy convenientemente pone a nombre de su esposa; tenemos la casa de Lagos de Caujaral, sobre la cual no ejercen la opción de compra para no tener que figurar en los papeles, y hemos recibido otras denuncias que estamos investigando”, sostuvo Enciso.
Los registros públicos muestran además otra pieza en el entramado de favores. El apartamento del piso 27 del edificio Illuminata, en Barranquilla, figura a nombre de Benedetti, pero quien lo ocupa es precisamente Ricardo Leyva Páez, el mismo empresario que le cedió el leasing de Caujaral.
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Esa coincidencia, un cruce de roles entre propietario formal y ocupante, alimenta las sospechas sobre una relación patrimonial más profunda entre ambos.
Enciso también ha señalado inconsistencias en la adquisición de la vivienda en Puerto Colombia. Benedetti, según Enciso, obtuvo la propiedad avaluada en 3.600 millones de pesos que recibió del empresario Euclides Torres. Sin embargo, la escritura registrada reporta un valor de solo 1.500 millones, dejando sin explicar el destino de más de 2.100 millones de pesos. Según el abogado, esa casa fue registrada a nombre de Adelina Guerrero, lo que refuerza la idea de una estructura en la que el ministro mantiene control sobre bienes que no declara formalmente.
Pese a la gravedad de las denuncias, ninguna autoridad judicial ha confirmado la existencia de testaferros o irregularidades en las propiedades asociadas al ministro. No obstante, la suma de los hechos, las cesiones de leasing, los contratos públicos con empresas vinculadas, los cruces de ocupación y titularidad, y las declaraciones ambiguas de su esposa, han configurado un cuadro que podría estar sujeto a investigaciones.
El patrón es difícil de ignorar. Benedetti aparece rodeado de bienes que no figuran a su nombre, pero que orbitan en torno a su familia y a empresarios que mantienen vínculos contractuales con el Estado. Mientras las investigaciones avanzan, si es que alguna autoridad decide abrirlas, el ministro sigue defendiendo su inocencia y afirmando que todo se trata de “ataques políticos”.
“La Corte Suprema está actuando con un impulso que no le habíamos visto en un buen tiempo”, señaló Enciso, quien añadió que el alto tribunal “intenta encontrar evidencia que probablemente muestra los actos de enriquecimiento ilícito de los cuales tiene sospecha”. Para él, el país “tiene que hacer un esfuerzo enorme por evitar la impunidad a la que nos tiene acostumbrados el señor Armando Benedetti”.
El ministro, por su parte, sostiene que es víctima de una persecución judicial. Ha denunciado a la magistrada Cristina Lombana, a quien acusa de parcialidad, y afirma que cerca de 50 de sus familiares han sido objeto de pesquisas o indagaciones.
“Yo denuncié a la magistrada Lombana, me tocó presentar queja y tutela contra la Comisión de Acusaciones y contra el investigador Wills porque el rumor es que ella intimida a los congresistas de la Comisión y nadie se atreve a abrirle siquiera una investigación. Ha sido RECUSADA porque es demostrado su interés en incriminarme. Ha filtrado TODO, pruebas reservadas con videos y audios, a los medios de comunicación. Ha investigado a 50 familiares míos y no son aforados”, expuso Benedetti.
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