No hubo más largas ni dilaciones. Finalmente, este lunes la Fiscalía destapó las pruebas que tiene contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, a quien ayer durante una audiencia imputó por seis nuevos delitos. Lo anterior, no por el caso relacionado con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de su padre, sino por presuntos hechos de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico.
Por estos hechos, mañana miércoles se reanudará la audiencia ante el Juzgado 14 de Garantías de Barranquilla y se definirá un asunto clave: si el dirigente estará o no en prisión de forma preventiva mientras avanza el juicio.
Según sustentó la fiscal del caso, Lucy Laborde, el proceso está marcado por presuntos hechos de corrupción con recursos destinados a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
Se trata de uno de los grupos poblaciones sobre los que su padre, el presidente Petro, ha creado una narrativa con consignas de “dignidad” y de “lucha contra la pobreza”. Sin embargo, ahora su hijo parece hacer lo contrario.
Para la Fiscalía, Petro Burgos participó de un supuesto “acuerdo corrupto” de la mano de funcionarios de la Gobernación del Atlántico; de Gustavo de la Ossa, representante legal de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO); y hasta con su expareja, Day Vásquez.
“Este acuerdo corrupto consistía en una serie de contratos en la Gobernación a favor de la Fundación FUCOSO, con el propósito de apropiarse de recursos del ente departamental, entre tanto, una gran parte de estos, no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartirse ilícitamente entre ustedes”, alertó Laborde.
Por todo esto, el hijo mayor del Presidente deberá responder ahora por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. La fiscal Laborde pidió cárcel.
Para el abogado César Augusto Vargas, especialista en Derecho Penal y magíster en Criminología y Ejecución Penal, lo que se evidencia es un concurso heterogéneo de conductas punibles y, si bien aún es prematuro determinar a cuántos años de cárcel podría enfrentarse Petro Burgos en caso de ser hallado culpable, al menos serían 15 años de prisión.
“La tasación punitiva dependerá de que sea vencido en juicio y que se tengan las pruebas suficientes practicadas ante juez de conocimiento que indique mas allá de toda duda que es culpable y que así sea declarado en sentencia condenatoria. Es muy apresurado emitir un monto de pena toda vez que pueden presentarse figuras como los preacuerdos o principios de oportunidad y por tanto la pena bajaría considerablemente”, explicó a este diario.
A la espera de que continúe la audiencia de imputación de cargos este miércoles, EL COLOMBIANO presenta una radiografía de las pruebas y evidencias que tendría la Fiscalía para poner contra las cuerdas al hijo del primer mandatario. Estos son los hallazgos.
Contratos por casi mil millones, eje del caso
Según detalló la fiscal Laborde durante la imputación, presuntamente Petro se habría interesado indebidamente en dos contratos por $400 y $572 millones, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de FUCOSO.
La Fiscalía sostiene que esta conducta se dio a través de su participación en dos contratos firmados por la Gobernación del Atlántico con la Fundación FUCOSO.
Aunque como diputado no tenía la facultad de firmar contratos, al parecer su influencia política —respaldada por haber sido uno de los candidatos más votados en las elecciones a la Gobernación— le habría permitido presuntamente incidir en las decisiones.
De acuerdo con la imputación, Petro habría usado su investidura y sus contactos para direccionar los convenios y garantizar que FUCOSO fuera seleccionada directamente, no por mérito ni por licitación, sino por su influencia. El propósito, según la Fiscalía, no era beneficiar a los adultos mayores a los que estaban dirigidos los programas, sino obtener dinero para sí mismo, su entonces esposa Day Vásquez y otras personas cercanas.
El interés indebido no se limitó a la adjudicación de lcontratos, sino que se extendió a su ejecución, en un esquema que habría permitido apropiarse de los anticipos y repartir fondos públicos entre los involucrados.
En palabras del ente acusador, todo formó parte de un “acuerdo corrupto” para desviar recursos del Estado. Según el ente, para que Petro se hiciera a los anticipos y a parte del contrato en sí, “se habrían canalizado recursos mediante la entrega de cheques y dinero en efectivo de manera fraccionada”.
Peculado por apropiación: así pedía anticipos
Este segundo delito tiene lugar cuando alguien se queda con recursos o patrimonio destinados al bien común. En este caso, la Fiscalía sostiene que Petro, al parecer, participó en la apropiación de recursos de dos contratos que la Gobernación del Atlántico firmó con FUCOSO.
Aunque no tenía bajo su cargo la administración directa de los fondos, habría intervenido en su desvío, por lo que fue imputado como interviniente. El artículo 397 del Código Penal castiga al servidor público que se apropie, para sí o para otros, de bienes del Estado, y sobre esa base la Fiscalía estructuró la acusación.
De acuerdo con la investigación, Petro Burgos se quedó con dineros que provenían de los anticipos de dos contratos que suman alrededor de $111 millones: $72 millones del primero, celebrado en 2021, y $39 millones del segundo, en 2022. “Siendo una continuidad del beneficio entre el año 2021 y 2022, cuya materialización de los rendimientos de su actuar criminal corresponden a la suma de $111 millones “, alertó la fiscal.
Los hechos habrían ocurrido mientras Petro ejercía como diputado, cargo desde el cual, según el ente acusador, usó su influencia para dar acceso a FUCOSO. Por estos hechos se le imputaron dos delitos de peculado por apropiación, uno por cada contrato, aunque al ser catalogado como interviniente, la sanción podría reducirse en una cuarta parte.
Es así que el peculado se puede describir como el punto en que la corrupción se concreta: si el interés indebido fue el plan para intervenir en los contratos con fines personales, el peculado fue su resultado, el momento en que el dinero público destinado a programas sociales terminó en manos ajenas.
Siendo diputado, aprovechó su apellido para influir
Por último, Petro Burgos fue imputado por tráfico de influencias. Al parecer, habría usado su poder político y su reconocimiento público para manipular decisiones dentro de la Gobernación del Atlántico y obtener beneficios económicos.
A diferencia de un funcionario con capacidad para firmar contratos, esta conducta sanciona a quien, sin tener esa función, ejerce presión sobre quienes sí la poseen, aprovechando su posición social o política para lograr un resultado favorable. La Fiscalía le imputó dos delitos de este tipo, ambos relacionados con los contratos de FUCOSO.
Según la investigación, la influencia de Petro no fue económica, sino política. Su cargo como diputado le otorgaba un peso considerable en el escenario departamental y una capacidad real de incidencia en las decisiones de la Gobernación. Esa reputación, que combinaba poder electoral y visibilidad pública, amplió su margen de acción frente a los funcionarios del despacho.
La Fiscalía sostiene que utilizó esa influencia en dos niveles: sobre la gobernadora, para asegurar la entrega de los contratos y aumentar el valor del segundo —de 400 a 572 millones de pesos—, y sobre el secretario general, Lacouture Daza, para acelerar pagos y mejorar las condiciones de ejecución.
A través de su entonces esposa, Day Vásquez, habría dado instrucciones directas para gestionar los anticipos, en gestiones que, según el ente acusador, solo fueron posibles por su estatus político y su influencia. La Fiscalía aclaró que el tráfico de influencias fue el medio y el interés indebido, la motivación; se habría usado el poder para obtener beneficios.
Los delitos que faltan: Fiscalía alista nueva ronda de cargos contra el hijo del presidente
Durante la audiencia este lunes, la fiscal Lucy Laborde comunicó a Nicolás Petro la imputación de seis delitos en total. Los tres primeros —interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y tráfico de influencias de particular— fueron detallados ampliamente por la funcionaria, pues conforman el primer bloque de hechos explicados en la diligencia.
Sin embargo, los otros tres —falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio— no fueron desarrollados en detalle. La fiscal solo los mencionó dentro del listado general de cargos, ya que el tiempo de la audiencia se concentró en los delitos relacionados con la contratación pública; los otros se explicarán este miércoles 12 de noviembre.
En el intercambio con el juez, Laborde aclaró que la imputación estaba estructurada en dos bloques de hechos. El primero, centrado en los delitos contra la administración pública, ya había sido agotado; el segundo, dijo, incluía “tres delitos más”.
No obstante, la diligencia no alcanzó a abordar ese segundo bloque, por lo que la exposición de los hechos jurídicamente relevantes, el contexto fáctico y la participación atribuida a Petro Burgos en esas conductas aún no han sido revelados públicamente. Según había revelado EL COLOMBIANO, estos delitos adicionales estaban relacionados con presuntas irregularidades cometidas cuando el hijo del presidente se desempeñaba como diputado del Atlántico.
La Fiscalía buscaba establecer si Petro Burgos habría firmado o utilizado documentos con información alterada o inexacta, tanto en los procesos contractuales con fundaciones como en trámites posteriores ante entidades públicas.
El delito de falsedad en documento público, tipificado en el artículo 287 del Código Penal, castiga con penas de entre 48 y 108 meses de prisión a quien falsifique, modifique o use un documento oficial con el fin de engañar a la autoridad o generar un beneficio indebido. En el caso de Nicolás Petro, las inconsistencias detectadas habrían servido para respaldar contratos que no se ejecutaron o justificar gastos que nunca se realizaron.
Por su parte, la falsedad en documento privado, regulada en el artículo 289 del mismo código, se configura cuando se quiera crear o manipular documentos no oficiales — como soportes de contratación, comprobantes de pago o declaraciones— para sustentar hechos falsos o transacciones irregulares. Por su parte, el cargo de falso testimonio estaría relacionado con declaraciones rendidas durante la primera etapa del proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en las que, según la Fiscalía, Petro habría incurrido en contradicciones sustanciales frente a la información de sus movimientos financieros. Este punto será desarrollado en la siguiente audiencia de medida de aseguramiento, en la que se expondrán los elementos probatorios que sustentan las nuevas imputaciones.
La firmeza de la fiscal Lucy Laborde: justicia bajo presión y dilaciones de la defensa
En medio del proceso contra Nicolás Petro Burgos hay una funcionaria que, al servicio de la justicia y reivindicando una y otra vez su independencia, ha sido clave para desemarañar todo el presunto entramado de corrupción que salpicaría al hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
Se trata de la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien desde julio de 2024 está al frente también de las investigaciones por presunto lavado de dinero durante la campaña de su padre en 2022. Laborde, hoy Fiscal Tercera adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, suma más de dos décadas al frente del ente investigador.
Cuenta con experiencia en asuntos como lucha contra la corrupción en la administración pública y ha adelantado procesos ante organismos del calibre de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, por cuenta del caso Petro Burgos, en septiembre pasado la funcionaria judicial denunció actuaciones y hechos que atentarían contra su autonomía funcional como fiscal titular del caso.
Lo anterior, luego de que la Fiscalía General, hoy en cabeza de Luz Adriana Camargo, le asignó un fiscal de apoyo para “brindar acompañamiento, orientación, asesoría jurídica”. Sin embargo, la fiscal Laborde alertó que ese acompañamiento “no guarda relación” con las necesidades de su despacho, al tiempo que ratificó que cuenta con “los conocimientos y experiencia suficiente, así como la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente del proceso”.
La fiscal no dejó de expresar su extrañeza porque, pese a lo mediático del caso, solo pasado un año y ya con la imputación en ciernes contra Petro Burgos, la Fiscalía pareció tener interés en el caso. “Además de adolecer de las condiciones necesarias, como adecuada oficina y reasignación de un asistente, también carecí de apoyo del grupo de investigadores que adelantaron la indagación”.
De fondo, para Laborde lo que se configuró en ese entonces fueron aparentes intromisiones indebidas o actuaciones que restaban independencia al trámite. Justamente, en su momento el debate estuvo entrelazado por la aparente tensión dentro de la Fiscalía frente a la supuesta interferencia del poder político en investigaciones judiciales relacionadas con el círculo familiar del presidente.
Por si fuera poco, en octubre pasado la fiscal Laborde enfrentó una recusación con la que la defensa de Petro Burgos buscaba apartarla del proceso supuestamente por cuestionamientos alrededor de su “imparcialidad”. Sin embargo, semanas después la propia fiscal Camargo rechazó de tajo la recusación y ratificó la participación de Laborde en el caso. “No se demuestra en ningún momento la existencia de un interés personal de la fiscal en la actuación, ni se permite inferir una expectativa real, tangible y manifiesta de provecho o menoscabo”, determinó la Fiscalía a finales de octubre.
Incluso, Laborde tuvo que hacer frente a los señalamientos públicos del primer mandatario. En septiembre, el Presidente cuestionó su autonomía y la acusó de filtrar procesos: “Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y por tanto de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza”.
Lo cierto hoy es que la permanencia de Lucy Marcela Laborde al frente del caso Nicolás Petro no solo reafirma su trayectoria como fiscal especializada, sino que también simboliza la tensión permanente entre la independencia judicial y las presiones políticas en procesos de alto perfil. Su defensa de la autonomía funcional y su decisión de continuar pese a los aparentes intentos de apartarla ponen de presente, una vez más, el desafío de garantizar que la justicia actúe sin injerencias, incluso cuando el poder político y los intereses personales se entrecruzan en las entrañas del Estado.
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