Nunca en la historia política del país un presidente de la Cámara y un presidente del Senado habían sido capturados por un delito de corrupción en la misma semana.
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Expediente de la Corte contra Name y Calle daría la estocada final a la reforma pensional
Aunque el proyecto tendría que entrar en vigencia en julio próximo, actualmente se tambalea en la Corte y el escándalo de corrupción que salpica a los expresidentes del Congreso podría ponerle punto final.
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Calle y el presidente fueron muy cercanos durante las elecciones de 2023 en Córdoba. FOTO cortesía
10 de mayo de 2025
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En octubre de 2023, el presidente Gustavo Petro recorrió las regiones para la campaña local de octubre. Uno de sus objetivos era Córdoba y llegó a Montelíbano, al lado de Andrés Calle. Petro estaba sentado en una mesa junto a Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones, y al entonces presidente de la Cámara. También estaba Carlos Ramón González como anticipando lo que dos años después vendría.
Aunque el discurso del mandatario trató de evitar los problemas legales por participar en política, para los presentes era obvio que dos semanas antes de las elecciones ese evento era un espaldarazo a la campaña de los Calle, una poderosa familia de la región que tenía puesto e influencia en varios municipios y empresas públicas como la hidroeléctrica de Urrá.
Ortiz hizo la presentación del evento con un discurso básico y luego le dio paso a Calle para que agitara las banderas de la campaña de su padre, Gabriel Calle de Moya, y de su hermano, Gabriel Calle. El padre Calle quedó electo en la Alcaldía de su municipio, y el hermano Gabriel perdió frente a Erasmo Zuleta, el actual gobernador.
El emporio de los Calle acaba de caer esta semana con la foto del expresidente de la Cámara en el registro de la cárcel con una sudadera Adidas azul, luego de entregarse en el búnker de la Fiscalía. La mirada de Andrés Calle a la cámara que registró su captura fue demoledora. La sonrisa que parecía arrogante de quien llegó a ser uno de los hombres más cercanos a Petro en 2023 se perdió y ahora reflejaba la expresión de quien pasa la primera noche de su vida en una cárcel fría.
“Cómo olvidar Montelíbano si por acá comenzamos la campaña electoral que me llevó a la Presidencia de la República”, dijo Petro la noche de la campaña; el evento oficial era una entrega de tierras a campesinos. El cuadro completo es una fotografía que hoy hace innegable su vínculo con Calle, quien estaba a su derecha.
“No puedo hablar de las elecciones, está prohibido participar, pero sí tengo que cuidar la transparencia electoral de los derechos políticos de la gente. Hay una orden a la Policía y es que comprar votos es un delito”, agregó el mandatario. Calle aplaudía y luego dio un discurso que era seguido en detalle por el presidente, como evaluándolo.
Calle se entregó, mientras a Iván Name, expresidente del Senado, lo capturaron en el parqueadero de su edificio. El mismo al que supuestamente Sandra Ortiz le llevó en dos entregas 3.000 millones de pesos para influir en los debates claves de los proyectos legislativos del Gobierno. La historia de ambos se definirá en los próximos meses cuando la Sala Penal de la Corte Suprema reciba la acusación de la Sala de Instrucción para el juicio y defina si ambos son culpables o inocentes.
Una investigación de La Silla Vacía concluyó que Name se levantó de su silla en la Presidencia en numerosas ocasiones para ceder el control de los debates de la reforma pensional a María José Pizarro del Pacto Histórico. La reforma se aprobó y luego se pupitreó en la Cámara sin una sola proposición, por lo que la Corte Constitucional pidió el viernes a la Suprema todos los hallazgos del caso. La decisión sobre la exequibilidad de la pensional está por tomarse.
De hecho, en el expediente conocido por este diario en el que se ordena la captura, la Corte Suprema advierte que el fin del entramado era “comprar la función de algunos congresistas, en procura de que estos coadyuvaran en el trámite y aprobación de proyectos de reformas legislativas presentadas por el Gobierno”.
En concreto, concluye el tribunal, “para que colaboraran en el impulso de proyectos encaminados a modificar el sistema pensional y el sistema de salud, en primero de los cuales se convirtió en ley”.
De allí que las presuntas coimas en la UNGRD pongan a tambalear hoy la reforma pensional ante su examen en la Corte Constitucional.
Calle tuvo tal prestigio en el Gobierno que en su momento los periodistas se preguntaban si el representante era el presidente de la Cámara o un ministro del gabinete. Logró llevar al jefe del Estado a su municipio de origen para la campaña de aquel octubre, pero también viajaba en la comitiva de Petro como si fuera uno más de la administración. Una foto lo reseñó en un partido de Colombia en Chile, cerca del presidente, y como ese hubo varios otros eventos en los que Petro pedía la presencia del congresista.
La acusación contra ambos es puntual y directa. Que a Name le entregaron los 3.000 millones en dos pagos en Bogotá y a Calle le dieron 1.000 en su apartamento en Montería. Para ambos casos existen chats y las declaraciones de los testigos más importantes del caso, Olmedo López y Sneyder Pinilla. A ninguno le sirvió el poder que durante décadas construyeron con burocracia, entidades en las que tuvieron control y conexiones políticas.
De acuerdo con un derecho de petición enviado a EL COLOMBIANO, Calle hizo dos visitas a la oficina de la Dirección General de Olmedo López en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La primera fue el 25 de septiembre de 2023 y la segunda el 4 de octubre. Ambas fechas coinciden con la campaña electoral en la que el congresista estaba jugado a muerte.
La razón por la que ambos están hoy en una celda es porque Sneyder Pinilla contó todo lo que sabe. Este le aseguró al ente investigador que él mismo le entregó a Calle los 1.000 millones de pesos en efectivo.
Pinilla no solo cuenta con su palabra, sino con los chats que lo prueban. En ellos, expone una conversación en la que organizan una reunión entre él y Calle, en un “sitio reservado”. Actualmente, aquel sitio no es tan secreto. Se reveló que se trataba del apartamento del congresista en Córdoba. Para Calle, eso resultó chistoso, o al menos, eso proyectó: el congresista le dijo a las cámaras de RCN, mientras reía, que aquellas acusaciones eran “la peor infamia”.
Según lo dicho por los ya condenados en el caso, aquel dinero entregado sería parte de un soborno para que el entonces presidente de la Cámara, diera un trámite más ágil a las reformas del Gobierno Nacional en el Legislativo.
Ortiz también está comprometida en hablar con la Fiscalía, aseguró que ya no tiene nada que perder. En su último testimonio, Name fue uno de los protagonistas. La exconsejera presentó chats en los que, al parecer, organizó una reunión con el expresidente del Senado para asegurar que en el orden del día se tuviera como prioridad la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. El magistrado que, entre otras cosas, fue el primer responsable de que la Corte frenara temporalmente la investigación que adelantaba el CNE contra la campaña Petro Presidente.
Los movimientos de Sandra Ortiz para concertar el pacto quedaron registrados en su WhatsApp. Iniciaron el 9 de octubre de 2023 cuando le escribió a Name a las 12:44 de la tarde: “Hola, querido presidente. Te estamos llamando para concretar nuestra reunión de hoy”. La respuesta del senador llegó tres días, el 12 de octubre, después a las 09:29 de la noche, cuando le dijo: “Dios te bendiga, querida Sandra”.
La exconsejera le contó a la Fiscalía que el día del desayuno en horas de la noche le entregó al senador otros $1.500 millones de la UNGRD. Los chats muestran que ella le escribió a las 07:05 de la noche: “Presidente, te llego a las 9”. Name contestó “bien” a las 07:20.
A la 01:39 de la tarde de ese viernes 13 de octubre, Iván Name le reenvió un archivo llamado “ORDEN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2023” en el que estaba la elección de magistrado. Ella respondió “excelente” y “gracias”, acompañado con un emoticón de una cara con estrellas en los ojos y el sticker de la mujer con una cerveza en la mano. Cuando Ortiz recibió el archivo, de inmediato se le reenvió a Vladimir Fernández, quien respondió a las 02:08 de la tarde: “Gracias, mi reina”.
Frente a tales acusaciones que enlodan, no solo a Name, sino también al magistrado Fernández, el presidente Petro no ha desaprovechado ningún espacio para negar su vínculo con el expresidente del Senado, llegando a afirmar, incluso, que este es “su enemigo” y que se ha encargado de “hundir todas las reformas del Gobierno”. Tal rechazo tan explícito no lo ha podido hacer con Calle, y es que, al volver a aquel movido octubre de 2023, el presidente estaba abrazando, en medio de campañas políticas, al expresidente de la Cámara.
El encuentro entre el jefe de Estado y Calle se dio cinco días después de aquellos chats que involucran a este último con Pinilla. En el municipio de Montelíbano, Córdoba, el Gobierno se encontraba en plena campaña rumbo a lo que terminó siendo una derrota significativa en varias regiones, donde el Ejecutivo perdió terreno. Capitales y departamentos que antes eran gobernados por líderes de izquierda afines al proyecto político del presidente pasaron a ser controlados por candidatos independientes y de la oposición.
Cuando Calle tuvo la oportunidad de hablar en su región, con una camisa que llevaba impreso el logo de la Presidencia, no escatimó en elogios para el jefe de Estado: “Quiero darle infinitas gracias a Dios que ha permitido que vivamos este momento con la presencia del presidente Gustavo Petro, el presidente que eligió el pueblo”. Esos tiempos están lejos. Mientras este artículo se escribe, Calle y Name miran las paredes de su celda, seguramente pensando si era cierto lo del pueblo y si valía la pena el dinero. Ya no hay gritos de manifestantes ni aplausos electorales. Sino silencio y soledad en la prisión.
La decisión de la Corte no solo es extensa y reveladora. En sus 183 páginas, el tribunal traza una radiografía minuciosa del desfalco a recursos públicos que, presuntamente, terminaron en los bolsillos de los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Más allá de los delitos que comprometen el patrimonio del Estado, la Corte advierte que los parlamentarios pusieron en riesgo la supervivencia de comunidades vulnerables en La Guajira, al apropiarse de recursos destinados a la compra de carrotanques que debían llevar agua potable a esta árida y saqueada región.
La apropiación de los dineros públicos se gestó, según el expediente, desde el corazón mismo del Gobierno. Fue el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, quien supuestamente impartió órdenes a otros miembros de lo que la Fiscalía describe como una “empresa criminal”, que operaba en paralelo a la institucionalidad, controlando y desviando recursos que debían proteger.
Durante ocho meses de investigación, la Corte escuchó a 38 testigos. Seis de ellos fueron considerados claves: Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD; Sandra Ortiz, exconsejera presidencial; Luis Eduardo López Rosero, contratista; Pedro Castro, prestamista, y Omeye Yalid Castellano, conductor de Ortiz. A partir de sus testimonios, el tribunal concluyó que existen “importantes medios de convicción que acreditan la materialidad de los comportamientos delictivos investigados, y a partir de los cuales, además, se infiere, razonablemente, que existe la posibilidad fundada de que los aforados Iván Leonidas y Andrés David Calle Aguas tengan comprometida su responsabilidad”.
Las declaraciones de López y Pinilla, ya ampliamente conocidas por la opinión pública, son especialmente comprometedoras. Según Olmedo López, en el último trimestre del 2023 recibió la instrucción directa de Carlos Ramón González de sustraer dinero de contratos de la UNGRD para entregarlo a congresistas, particularmente a Iván Name, entonces presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. El objetivo, según la Corte, era claro: “comprar la gobernabilidad del Congreso”.
“Las pruebas los compromete en la comisión de dos graves conductas de cohecho peculado por apropiación, que configuran a partir del momento en que aceptan indebidamente dineros públicos de la UNGRD, para impulsar o no oponerse al trámite de las reformas antes reseñadas, lo que permitió de alguna manera, la compra de gobernabilidad del Congreso de la República”, se lee en la decisión.
Los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2023 y abril de 2024. A través de reuniones presenciales, conversaciones privadas y chats, se coordinó el desvío de recursos. Una de las citas más relevantes tuvo lugar el 25 de septiembre en el Hotel Tequendama Suite, donde, según los testimonios, Olmedo López, Sandra Ortiz e Iván Name pactaron el intercambio: sobornos a cambio de respaldo legislativo. Aunque algunos testigos afirmaron que Name mantuvo públicamente una postura de oposición frente a las reformas, la Corte aclaró que ello no lo exime de responsabilidad, pues habría recibido el dinero aunque no cumpliera con su parte del trato.
Fue el propio Carlos Ramón González quien, según el expediente, ordenó entregar $3.000 millones a Name y otros $1.000 millones a Andrés Calle. Peritajes técnicos respaldaron las versiones de López y Pinilla: el dinero fue entregado al senador en dos tandas de $1.500 millones los días 12 y 13 de octubre de 2023. Los análisis de las rutas GPS de los vehículos asignados por la Unidad de Protección a Sandra Ortiz confirmaron el desplazamiento de maletas con dinero desde su residencia hasta el apartamento del senador.
Un elemento que fortaleció la credibilidad de los testimonios fue la relación pública y cercana entre Carlos Ramón González, Sandra Ortiz e Iván Name, todos miembros del Partido Verde. “Esos vínculos de amistad tornan viable que hayan participado de la reunión donde, según el director de la UNGRD, Olmedo López Martínez, se impartió la orden por parte de González Merchán no solo de entregar $3.000 millones al congresista Name Vásquez, sino $1.000 millones más al legislador Andrés David Calle Aguas”, añade la Corte.
A Calle, por su parte, el dinero también le habría sido entregado de manera directa por Pinilla. Según el testimonio del exsubdirector, la entrega se realizó en el apartamento del congresista, en Montería. El soborno, un maletín de la marca Toto, repleto de fajos de billetes, contenía $1.000 millones en efectivo. La escena, descrita con precisión por el testigo, refuerza la tesis del alto tribunal sobre la materialización de los pagos ilegales: no hubo intermediarios ni maniobras bancarias, solo dinero en efectivo, llevado personalmente hasta la puerta del parlamentario, en un acto que retrata el grado de desparpajo y la confianza con que se manejaban los recursos desviados.
En el expediente también figuran los testimonios de Luis Eduardo López Rosero, contratista favorecido con la adjudicación del negocio para la compra de 40 carrotanques con sobrecostos. A cambio, entregó una comisión de más de $5.000 millones a Sneyder Pinilla, quien operaba como intermediario. López Rosero confirmó las versiones de Pinilla y López sobre cómo se pactó la coima, el monto, las fechas y los pagos.
También resultó clave el testimonio del empresario Pedro Castro, quien le prestó $4.000 millones a Pinilla. Aunque el dinero para los sobornos debía salir de los contratos de emergencia de la UNGRD, el desembolso estaba previsto para después de octubre de 2023, es decir, tras las elecciones regionales. Como los congresistas urgían de recursos para financiar campañas de sus familiares, Pinilla recurrió al préstamo. Una vez recibidos los dineros oficiales, saldó su deuda.
“Los testimonios de Pedro José Castro Espinoza y Luis Eduardo López Rosero, por la claridad y coherencia interna y periférica que en ellos se percibe en aspectos fundamentales, se encuentran dotados de total credibilidad y mérito, por cuanto provienen de personas que participaron en el decurso de los hechos sobre los cuales declaran y, por tanto, tuvieron un conocimiento personal y directo de los mismos”, se lee en el fallo que ordenó la captura de Calle y Name.
Como es bien sabido, una vez se destapó el escándalo sobre la compra de los carrotanques, los vehículos nunca llegaron a repartir ni una sola gota de agua a las comunidades que más lo necesitaban. En contraste, lo que sí se gestionó con celeridad fue la consecución y entrega del dinero destinado a los sobornos. Este hecho resultó especialmente revelador para los magistrados, quienes concluyeron que “tal conducta de los procesados (Name y Calle), revela un nivel de insensibilidad frente a poblaciones que requerían con urgencia el líquido vital; lo cual los llevó a actuar de espaldas al bien común y a anteponer sus intereses económicos y políticos-electorales, afectando, posiblemente, el erario público destinado a prevenir un desastre humanitario”.
Concluye la Sala de Instrucción que con todas las pruebas del caso, “existe la posibilidad fundada de que Name Vásquez y Calle Aguas hubieran aceptado y recibido una millonaria suma de dinero para facilitar el trámite e impartir aprobación a los aludidos proyectos de ley”.
En sus alegatos, tanto Name como Calle intentaron desacreditar las acusaciones argumentando que provenían de “delincuentes confesos”. En respuesta a esto la corporación señaló: “No resulta de recibo, y no infirman por tanto el señalamiento en su contra, atendiendo a que la jurisprudencia ha considerado que la condición de delincuente confeso no niega ni debilita automáticamente la credibilidad de un testigo”.
Para el alto tribunal, la gravedad del caso no reside únicamente en el presunto desvío de recursos públicos, sino en el profundo daño causado a comunidades que dependían de esa ayuda para sobrevivir.
“Tal conducta de los procesados revela cierto nivel de insensibilidad en relación con poblaciones que requerían de manera urgente el líquido vital, lo cual condujo a los procesados a actuar de espaldas al bien común y a sobreponer sus intereses económicos y políticos, afectando de esta manera el erario público destinado a prevenir un desastre humanitario”.
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