Con indignación recibieron las comunidades de La Guajira la propuesta de reparación simbólica hecha por Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y uno de los principales responsables del multimillonario desfalco a esa entidad.
La oferta de talleres de emprendimiento y asesoría técnica como forma de compensar el daño causado fue calificada como una ofensa por representantes del pueblo Wayúu, quienes exigieron a la Fiscalía que no permita acuerdos que minimicen la gravedad del delito.
En una carta enviada a la fiscal María Cristina Patiño, coordinadora del caso, el Movimiento Indígena Nación Wayúu pidió que se rechacen preacuerdos o principios de oportunidad que no garanticen una investigación integral, sanciones proporcionales y una reparación real, con enfoque étnico y diferencial.
“Solicito respetuosamente a su despacho que se abstenga de aprobar principios de oportunidad o preacuerdos que no aseguren el desarrollo integral de las investigaciones, la imposición de sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos y la garantía de una reparación efectiva a las comunidades Wayuu”, señala la misiva.
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La indignación de los líderes indígenas surge tras conocerse, a través de revista Semana, que dentro del principio de oportunidad que negocia con la Fiscalía, López ofreció, entre otras medidas, capacitar a las comunidades afectadas en modelos productivos autosostenibles y acceso a mercados, como parte de un supuesto proceso de reparación.
Desde La Guajira, voces de rechazo han calificado la propuesta como una burla. “¿Cómo pretende reparar el robo de recursos destinados a mitigar el hambre y la sed de nuestros niños con talleres de emprendimiento?”, cuestionó un líder comunitario. Para muchos, se trata de un intento de maquillar una negociación judicial con medidas que no están a la altura del daño causado.
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El pronunciamiento de la comunidad Wayúu se suma al malestar creciente en la región, donde el escándalo de corrupción ha dejado no solo millonarias pérdidas, sino también una profunda sensación de abandono y revictimización. El dinero del que se apropiaron ilegalmente los exfuncionarios era para llevar agua a las comunidades guajiras.
Ahora, la Fiscalía deberá decidir si modifica o continua adelante con la negociación del principio de oportunidad. El documento deberá ser aprobado por un juez de la República.
Otras medidas de reparación
López también propone el fomento de ingresos rurales mediante estrategias de asociatividad y emprendimientos comunitarios, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y reducir la exposición de las comunidades a los efectos de la pobreza extrema.
Desde su experiencia como exfuncionario, López plantea además brindar asesoría técnica y acompañamiento en la estructuración de modelos de negocio viables y sostenibles, ayudando a las comunidades a acceder a recursos y redes de apoyo.
Una de las medidas más simbólicas es la promesa de ofrecer disculpas públicas por el daño causado. Según lo estipulado, López las hará efectivas tanto en audiencias judiciales como a través de una carta y un video o registro audiovisual dirigido a las víctimas y a la sociedad.
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El principio de oportunidad para el exdirector cobija los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.
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