Álvaro Uribe se convierte en el primer presidente considerado culpable en la historia de Colombia. Ni Ernesto Samper, sobre el que pesó el proceso 8.000 por las grabaciones del Cartel del Valle, fue condenado.
Fraude procesal y soborno en actuación penal son los dos delitos con los que por primera vez en la historia del país se condenó a un expresidente de la República. El sentido del fallo de la jueza fue implacable contra el expresidente, que estuvo toda la audiencia, escuchando desde su residencia, de manera virtual, la lectura del fallo de más de nueve horas.
La jueza hizo un resumen de la historia del caso, que es particular. A Uribe no lo condenaron por ninguno de los crímenes que su contradictores le endilgan, sino que se reclamó su culpabilidad por una controversia de testigos condenados, dichos, retractaciones, espionaje y testimonios, en muchos casos, cuestionables. Para citar dos ejemplos icónicos, Juan Guillermo Monsalve, el testigo más importante contra Uribe, fue condenado a más de cuarenta años de prisión por secuestro y extorsión. Carlos Enrique Vélez, un exparamilitar al que Diego Cadena, abogado de Uribe, le pagó al menos seis millones de pesos en efectivo, fue condenado por el asesinato a un gobernador indígena en Caldas.
Hubo dos hechos concretos que la jueza valoró para dar el sentido condenatorio. Los ofrecimientos a Juan Guillermo Monsalve para mejorar sus garantías dentro de la cárcel, un “delito” que no concretó su objetivo porque Monsalve nunca testificó a favor de Uribe. Y también que Monsalve le pidió al abogado Diego Cadena que le ayudaran con un concepto de su sentencia por delitos comunes ante la Corte Suprema, a lo que una vez enterado, Uribe respondió: “proceda doctor Diego”. La defensa del expresidente argumentó que la instrucción de Uribe, que quedó grabada, fue de que todo se hiciera conforme a la ley y que a Monsalve le pidieron que siempre dijera únicamente la verdad.
El segundo hecho también está relacionado con Cadena, que está enfrentando otra acusación de la Fiscalía de manera independiente por los mismos hechos. Cadena le habría pagado alrededor de 37 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Ese mismo testigo, al que la jueza le dio credibilidad, había enviado audios en varias oportunidades a Cadena y Juan José Salazar, un abogado auxiliar de Cadena, en los que decía frases como: “Mande dólares o reclame cadáver”. Con ese tipo de afirmaciones, Vélez convirtió el caso en una exigencia de recursos para su propio beneficio. Cadena cedió a varios de esos chantajes, pero eso lo supo Uribe meses después y lo rechazó. La Fiscalía, según dijeron a EL COLOMBIANO fuentes directas de esa investigación, tiene probados por lo menos 5,8 millones de pesos que fueron entregados al exparamilitar.
El caso está indudablemente atravesado por la coyuntura política. En los últimos días, Uribe se refirió a su contraparte más directa, el senador Iván Cepeda, con una secuencia de adjetivos que no se le había visto en todo el juicio: “Iván Cepeda sin límites, el Perfecto Camarada de la Farc”, fue el titular de un hilo de trinos en donde lo acusó junto a su familia directamente de estar aliado con la extinta guerrilla.
Cepeda hizo varios debates de control político contra Uribe por supuestas relaciones con paramilitares en el Congreso. Eso sucedió en 2012 y 2013 en el origen de la historia, pero antes había publicado por lo menos dos libros sobre las haciendas de Uribe en Córdoba y Antioquia, en donde conectaba las propiedades con el nacimiento de grupos de las AUC. Eso no está probado en la justicia y tampoco está probado tras las conclusiones de la juez Heredia, que se limitó a los delitos de soborno en actuación penal, soborno simple y fraude procesal.
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Para el momento de las acusaciones sobre paramilitarismo, Uribe decidió ser senador nuevamente y enfrentarse en el Congreso a Cepeda. Este último estuvo en varias cárceles entrevistando a paramilitares de vieja data que le pudieran dar supuesta razón de Uribe.
El primer gran hecho político sucedió en 2014 cuando en medio de uno de sus debates, el expresidente decidió anunciar que se salía del recinto en camino a la Corte Suprema para denunciar al senador Cepeda por ofrecerles beneficios a exparamilitares para que testificaran en su contra.
Las cámaras grabaron a Uribe en el Congreso anunciando que se iba del edificio mientras Cepeda estaba en el atril listo con diapositivas y sonido de sus entrevistas. La historia era sobre las fincas El Ubérrimo y Guacharacas. El expresidente se negó a estar presente y cruzó la plaza de Bolívar para instaurar la denuncia contra su oponente. El cambio inesperado llegó en 2018, cuando el propio Cepeda y el abogado Reinaldo Villalba llamaron a una rueda de prensa en Bogotá para contarles a los medios una decisión importante de la Corte.
EL COLOMBIANO estuvo allí hace siete años. La rueda de prensa fue en el piso 12 del antiguo edificio de Avianca en el centro de Bogotá. Cepeda y Villalba estaban felices en modo de celebración y rápidamente entregaron la noticia. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema había decidido archivar la investigación en su contra por la denuncia de Uribe y, en cambio, ordenaba inmediatamente una investigación contra el propio expresidente por los delitos de presunto fraude procesal y soborno a testigos. Hasta entonces, el nombre de Diego Cadena no se conocía. Se hizo célebre por las primeras columnas sobre el caso del periodista Daniel Coronell.
Cadena no era un abogado reconocido en el mundo de los penalistas, pero pronto el país supo de su trayectoria. Se trataba de un abogado de Tuluá, Valle del Cauca, con una historia de vida de superación que había escalado en su carrera por defender a narcotraficantes. Tras ello, trabajó en colaboración con agencias de Estados Unidos como la DEA y el FBI, lo que hace en la actualidad. Para los norteamericanos se convirtió en una fuente en la región que tenía acceso a información importante.
Por sus visitas a las cárceles, Cadena había tenido acceso también a paramilitares y quiso acercarse a Uribe para hablarle de las reuniones de estos con Cepeda. El expresidente reveló en el juicio que quien se lo presentó fue su primo, Mario —quien fue condenado por parapolítica— en una de sus fincas en Medellín. Cadena se volvió importante en la estrategia del expresidente por una razón: una enemistad entre sus abogados de cabecera, Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes se habían enfrentado en otros casos estrella como el de Jorge Luis Colmenares. Uribe aceptó que tenía un problema: sus abogados no iban a las cárceles a hablar con los testigos y entonces Cadena apareció para resolver ese vacío.
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Ahora, tras las 10 horas de los argumentos de la jueza, es claro que Cadena cometió varios errores y delitos. Algunos de ellos fueron aceptados entre líneas por el expresidente durante el juicio: dijo que nunca le pidió que enviara dinero a los otros testigos y que no estaba enterado de varias de sus acciones, de las que supo solo hasta meses después, sin estar de acuerdo.
Tras la rueda de prensa de 2018, la Corte empezó a afianzar sus pruebas y a ejercer algunas actividades de investigación. Así llegó a las cuestionadas interceptaciones al expresidente Álvaro Uribe en el marco de otro expediente —el del congresista liberal Nilton Manyoma, indagado por el Cartel de la Toga—, lo que la jueza consideró un “error de digitación”, dándole la razón a los argumentos iniciales del alto tribunal. Sobre eso, la explicación de la jueza fue que el periodo de interceptaciones del contenido que se tomó como prueba no tuvo problema y que el error se subsanó apenas fue informado por los auxiliares que escuchaban las llamadas. Luego, la Sala empezó a enterarse de los movimientos de Monsalve y las visitas de Cadena a la cárcel.
Allí se generó la controversia sobre los relojes espía usados por Monsalve (ver página 4). Tras varios años de investigación, la Corte ordenó la reclusión domiciliaria de Uribe, que renunció al Congreso para que, con la consecuente pérdida del fuero, el caso quedara en manos de la Fiscalía. La Corte, tras la renuncia, envió el caso inmediatamente al ente acusador.
La Fiscalía de Francisco Barbosa solicitó por lo menos tres veces la preclusión del proceso por parte del entonces fiscal Gabriel Jaimes. Las tres veces la jueza negó la preclusión, hubo cambio de administración y la fiscal Marlene Orjuela modificó toda la filosofía del caso de la administración anterior para pedir la acusación contra Uribe. Marlen no solo acusó a Uribe y llevó a todos los testigos a su disposición, sino que pidió 108 meses de condena: nueve años de cárcel.
La historia del juicio es trascendente a la historia de las batallas políticas de Uribe. Es una de las noticias del mundo este martes 29 de julio. Uribe se convierte en el primer expresidente hallado culpable de delitos en Colombia y uno más de los expresidentes sometidos y condenados de igual forma en procesos judiciales en la región, entre los que están Trump, Lula, Cristina Fernández, Bolsonaro y Fujimori.
Entre la mayoría de ellos hay un factor en común. Los procesos judiciales en su contra han funcionado también como dinamizadores para volver al poder. En el caso de Colombia, la reelección es inviable, pero esto sin duda le da una herramienta política a Uribe para agitar la campaña en su favor en un momento en el que su discurso contra el Gobierno empieza a dejar la diplomacia.
La decisión es judicial, pero en lo político habrá repercusiones. Una posibilidad que los expertos no desestiman es que haya choques violentos. Uribe es un líder con mucha capacidad representativa y el país está en su máximo límite de polarización por la campaña para las elecciones de 2026. Esto ocurre solo semanas después de que al precandidato Miguel Uribe le dispararon en la cabeza, en lo que la Fiscalía consideró un crimen político con respuestas pendientes.
Así, el Centro Democrático, un partido que puso como presidente a Iván Duque, tiene a dos de sus líderes más relevantes en dificultades serias: Migue Uribe tratando de sobrevivir por un atentado terrorista y el expresidente Uribe en el debate sobre una posible medida de aseguramiento tras una condena en su contra.
En todo caso, esta decisión no es el final del proceso. La defensa, en cabeza de Jaime Granados, pidió primero que no se ordene una medida de aseguramiento en contra de Uribe. El siguiente paso es la apelación de la condena para que vaya a segunda instancia a un Tribunal Superior. Ese tribunal deberá tomar una decisión antes del 8 de octubre o de lo contrario el caso prescribe por los términos, es decir, el tiempo que protege el código penal como garantía; en este caso desde que se inició la primera acusación contra el expresidente por parte de la Corte Suprema.
Uribe se veía acongojado por el cansancio y la conclusión. “Le pido en mi alma que me absuelva”, le había dicho a la jueza Heredia en sus últimas intervenciones. La petición no tuvo ningún efecto. La jueza solo le reconoció al exmandatario su “gallardía y decencia” para hacerse presente en las audiencias. La historia política de Colombia, en fin, tiene hoy a un expresidente declarado culpable en un proceso con muchos cuestionamientos y a un presidente en el poder que estuvo en la ilegalidad abiertamente. Para muchos esa realidad es justa e ideal. Para otros una razón de indignación que podría ser respondida en las urnas o en las calles. Uribe, al cierre de esta edición, no se había pronunciado.
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