La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud formal para imputar cargos a ocho nuevas personas presuntamente vinculadas a la red de corrupción que operó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Estas nuevas imputaciones se sustentan en los testimonios entregados por los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes se acogieron a la justicia y han colaborado con información clave sobre el entramado criminal.
De acuerdo con el ente acusador, la estructura delictiva habría incurrido en múltiples maniobras de desfalco al Estado, utilizando contratos amañados y operaciones administrativas irregulares.
Esta nueva línea de investigación se centra en un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyo presupuesto fue reducido de forma sospechosa en 100.000 millones de pesos para liberar esos recursos y redirigirlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Según la Fiscalía, esta operación fue coordinada por Luis Carlos Barreto, entonces subdirector de Conocimiento de la UNGRD, y César Manrique Soacha, quien se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Por estos hechos, Manrique Soacha será imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El abogado Édgar Riveros Rey también será procesado por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad material en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.
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La Fiscalía también llamó a imputación a Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, por los mismos delitos.
Otros implicados son Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), quienes serán procesados por su presunta participación en la firma de contratos irregulares y maniobras para desviar recursos públicos.
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Finalmente, Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública, y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, enfrentarán imputaciones por el delito de lavado de activos.
Este nuevo avance se suma a los procesos ya en curso contra altos exfuncionarios, como los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes fueron enviados a prisión por presuntamente recibir sobornos de la UNGRD a cambio de apoyar las reformas del Gobierno.
