La Defensoría del Pueblo pidió declarar emergencia carcelaria tras los recientes asesinatos de guardianes del Inpec. El llamado urge medidas para frenar la violencia en prisiones.
En medio de una creciente escalada de ataques contra funcionarios penitenciarios, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tomar medidas urgentes para proteger la vida del personal carcelario y fortalecer la seguridad.
En una carta enviada este jueves, la defensora Iris Marín Ortiz, pidió articular acciones interinstitucionales inmediatas y evaluar la declaratoria de una emergencia carcelaria.
“Es una oportunidad para que el Inpec active canales institucionales y ponga en marcha estrategias que fortalezcan la protección de la vida de los servidores”, dijo.
Entre las medidas se encuentran la creación de una ruta integral de protección para los guardianes, el despliegue de un puesto de mando unificado, el apoyo psicosocial y jurídico a las familias de las víctimas, y estrategias jurídicas para reducir el hacinamiento.
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La solicitud de la Defensoría llega tras una semana marcada por ataques sistemáticos. Solo en los primeros días de octubre, al menos cuatro guardianes han sido asesinados y varios más resultaron heridos en hechos que las autoridades atribuyen a un “plan pistola” de estructuras criminales.
El caso más reciente se registró este jueves en Cartagena, donde fue víctima de un atentado el dragoneante Juan Camilo Palacios. Días antes, en Bogotá, Bello, Armenia y Cali se reportaron homicidios similares. En mayo, el asesinato del coronel retirado Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, ya había encendido las alarmas.
“Todos sabemos quién está detrás, pero no podemos decirlo, el próximo muerto podría ser uno”, relató un funcionario del Inpec bajo reserva. La incertidumbre ha llevado incluso a que varios guardianes evalúen renuncias masivas.
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El Inpec ejecutó este jueves un megaoperativo simultáneo en 123 cárceles del país, en el que participaron más de 3.500 funcionarios. Durante la jornada, se requisaron 21.000 internos y se incautaron 980 celulares, 11.000 gramos de estupefacientes, 1.790 litros de licor artesanal, 970 armas cortopunzantes y $4,2 millones en efectivo.
El director del Inpec, teniente coronel Gutiérrez, acompañó las operaciones en Cali, una de las ciudades más golpeadas: “Esta intervención es una respuesta firme frente a los lamentables hechos que han afectado a nuestros funcionarios”.
Para la Defensoría, todas las acciones como la realizada este jueves son necesarias, pero no suficientes: “Se requiere articulación real entre instituciones para garantizar no solo la seguridad, sino también condiciones laborales dignas”.
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