En la audiencia que se define la medida de aseguramiento domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la magistrada a cargo expuso los argumentos que, de manera preliminar, respaldan la solicitud de la Fiscalía dentro de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En su intervención, la magistrada señaló que el material probatorio presentado por el ente acusador revela la posible existencia de una empresa delictiva con vocación de continuidad, la cual se habría desplegado durante un periodo prolongado, comprendido entre mayo de 2023 y febrero de 2024, es decir, desde la posesión de los exministros hasta su salida del cargo. Según explicó, este lapso y la forma en que se habrían ejecutado las conductas son elementos relevantes para evaluar la gravedad de los hechos atribuidos.
La funcionaria judicial destacó que, de acuerdo con el análisis preliminar, se evidencian roles definidos, objetivos claros y una reiteración de conductas, aspectos que, a juicio del Tribunal, satisfacen las exigencias objetivas y subjetivas del delito de concierto para delinquir. En ese sentido, precisó que los hechos investigados no pueden ampararse bajo el principio de colaboración armónica entre instituciones ni presentarse como parte de una actividad política legítima.
Durante la diligencia, la magistrada también se refirió a los argumentos expuestos por la defensa, orientados a controvertir la imputación por concierto para delinquir. Sin embargo, indicó que, en esta etapa procesal, dichas objeciones “no logran desvirtuar la inferencia razonable construida por la Fiscalía”, la cual, según afirmó, se encuentra sustentada en un conjunto de elementos materiales probatorios que resultan “sólidos, coherentes y convergentes”.
El Tribunal enfatizó que la valoración realizada corresponde a un análisis propio de la fase de definición de medida de aseguramiento y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de los exfuncionarios.
La audiencia continúa y, una vez finalizada, se espera que el Tribunal adopte una decisión frente a la imposición de la medida solicitada por la Fiscalía, mientras el proceso judicial sigue su curso.
Regístrate al newsletter