El alias de Chiquito Malo, un hombre cuyo nombre de pila es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, está en el radar de la Fuerza Pública desde el 2022, cuando según información de inteligencia militar, asumió las riendas del Clan del Golfo tras la captura de alias Otoniel. La Corte Suprema ya avaló su extradición.
‘Chiquito Malo’, por quien las autoridades colombianas ofrecían una recompensa superior a los 4.000 millones de pesos, deberá comparecer ante una corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos.
Allí enfrentará cargos que lo relacionan con la coordinación y el financiamiento del tráfico de cocaína, dentro de una estructura criminal con alcance entre diferentes países de la región y del mundo.
El historial de ‘Chiquito Malo’
De acuerdo con las autoridades, la trayectoria criminal de alias Chiquito Malo se remonta hasta los tiempos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras su desmovilización en 2004, él continuó en las armas a través de lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo.
Dentro de esa estructura, las autoridades indican que este hombre, oriundo del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, habría tenido a su cargo la coordinación de las actividades de narcotráfico, en especial gracias a su conocimiento estratégico de las zonas de Antioquia y Córdoba.
Debido a ese papel, el cabecilla es requerido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos desde 2018 y, además, enfrenta varios procesos en la Fiscalía por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.
Justamente, el Clan del Golfo ha estado en negociaciones con el Gobierno Nacional enmarcadas con la política de Paz Total, bastión que ha tenido desde un inicio el mandato del presidente Gustavo Petro.
No obstante, las cosas no le han salido tan bien como se esperaba. Por lo menos, a finales del 2024, el Gobierno Nacional dio marcha atrás en su decisión inicial de incluir al actual líder del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila, como negociador de paz. Y, en cuanto a las negociaciones con este grupo armado, las dudas crecen cada vez más. Hasta el momento no se han visto materializados los acuerdos que se estarían pactando con el Gobierno.
A inicios de diciembre del año pasado, en su columna El pacto con el diablo, publicada en el diario El Tiempo, el exministro Luis Felipe Henao calificó el acuerdo como “uno de los pactos de desmovilización más absurdos y peligrosos de nuestra historia”.
Esto, porque a su juicio, es “un acuerdo sin marco jurídico, sin compromisos reales de cese del fuego, sin una ruta mínima de implementación y sin la capacidad legal de otorgar beneficios a quienes supuestamente se desmovilizarían. En otras palabras: un acuerdo imposible de cumplir, tanto para el Gobierno como para la estructura criminal más violenta del país”.
Sin embargo, hay un temor más grande: que varios altos mandos del Clan del Golfo puedan estarse moviendo libremente por Antioquia.
Esta preocupación surge luego de que se diera el anuncio del Gobierno Nacional en vísperas navideñas, de que se levantaron las órdenes de captura a cinco de los cabecillas más peligrosos del Clan del Golfo, que tiene presencia en el 53 % de los municipios del departamento. Curiosamente, ‘Chiquito Malo’ es uno de esos favorecidos.
Los beneficiados por la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025 –firmada por el consejero para la Paz, Otty Patiño–, son, además de alias Chiquito Malo, José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito; Orozman Orlando Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno.
Es parte de la Lista Clinton
El prontuario criminal de ‘Chiquito Malo’ no solo se queda ahí. En 2023 fue incluido por Estados Unidos en la Lista Clinton.
Lo anterior, debido a que “el actual líder del Clan del Golfo suministra cocaína a las principales organizaciones de narcotráfico, incluido el Cartel de Sinaloa... y participó o intentó participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación del tráfico ilícito de drogas y su producción”, señaló en su momento el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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