Cero y van dos veces que el gobierno Petro fracasa con la reforma a la salud en el Congreso. Primero, fue con el proyecto presentado por la entonces ministra y hoy candidata al Senado, Carolina Corcho, y esta semana fue con el que presentó el actual jefe de la cartera del ramo, Guillermo Jaramillo. Aunque es una derrota política, el Ejecutivo ha implementado algunos puntos por vía administrativa y aún tiene tiempo para tomar decisiones que impactan el sistema.
Más allá de ese traspié, el presidente de la República reaccionó a esa noticia como más le gusta: con trinos en la red social X (antiguo Twitter). Y, como suele hacerlo, con desinformación, inexactitudes y mentiras.
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En cuatro trinos que Gustavo Petro respondió a personas que se refirieron a la noticia incurrió en hasta siete imprecisiones sobre el sistema de salud y su funcionamiento. Le contamos cuáles son y por qué son engañosas.
“Las EPS son aseguradoras financieras”
En respuesta a un comentario de la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), quien votó para hundir la reforma en la Comisión Séptima del Senado, el mandatario dijo que “la crisis de la salud viene desde hace 10 años cuando transformaron a las Entidades Promotoras de Salud, EPS, en aseguradoras financieras”.
En ese sentido, hay que señalar que el debate sobre si las EPS son aseguradoras financieras ha estado abierto desde 2014 y, con más ahínco, en los últimos tres años con los comentarios del Gobierno y de los militantes del Pacto Histórico, que han señalado ese factor como algo negativo. Como le explicó a EL COLOMBIANO el consultor independiente en sistema de salud, Ramón Abel Castaño, “las EPS debían actuar como una aseguradora porque si recibían una prima (la UPC, que es la plata que les da el Estado) a cambio de garantizar la atención de sus afiliados, eso tenía un riesgo financiero que lo debería mantener con la lógica de una aseguradora, pues asumían un riesgo financiero y debía comportarse como una aseguradora”.
En términos prácticos, lo anterior se explica en que las EPS asumen ese riesgo financiero porque al ser responsable de la salud de su población afiliada, debe responder económicamente cuando sus usuarios se enfermen, lo cual implica altos gastos para la atención. “Es que controlen que no se dispare la enfermedad y si se dispara, atenderla en el menor tiempo posible para no gastar tantos recursos”, dijo Castaño.
Sobre esto, el experto también recordó que la Ley 100 de 1993 estableció que las EPS debían tener un patrimonio y capital mínimo para mantener solvencia y poder operar. “No se habló de reservas técnicas sino hasta 2007 con el Decreto 574 que exigió a las del régimen contributivo tenerlas. En 2014 se venció el plazo de ese decreto y el Gobierno estableció la obligación de tener reservas técnicas”, añadió.
Las reservas técnicas son recursos que deben guardar las EPS para atender imprevistos que les generen gastos extras.
El hecho es que, desde el punto de vista técnico, Petro tiene razón con que las EPS son aseguradoras financieras por el riesgo que tienen que asumir por velar por la salud de sus afiliados, pero eso no significa que sea algo de por sí malo ni ilegal.
De hecho, datos de la Superintendencia de Salud muestran que hasta 2021 en promedio las EPS del país tenían un promedio positivo de $108.607 millones; mientras que de 2022 a octubre de 2025 (años del Gobierno Petro) las cifras cambiaron a negativo: -$2,3 billones en 2022, -$5 billones en 2023, -$9,7 billones en 2024 y -$15,3 billones en 2025.
Ambulancias “nuevas” y reducción de la tasa de mortalidad
En un segundo trino, Petro trató de “mentirosa” a la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde), quien había comentado que el Gobierno asfixió deliberadamente al sistema de salud. Al respecto, escribió que “los municipios tienen ambulancias nuevas y la tasa de mortalidad por desnutrición infantil se redujo a la mitad” y que eso eran “exitos (sic) de Salud pública de Colombia”.
Hasta ahora, las únicas ambulancias “nuevas” que el Gobierno actual ha entregado son 23 que anunció en mayo pasado a municipios de Antioquia. Sin embargo, en ese entonces el gobernador Andrés Julián Rendón le recordó que esos vehículos “están en uso desde 2023 y la Gobernación puso más de la mitad de los recursos” para comprarlas.
El anuncio lo hizo el jefe de Estado en un trino, que acompañó con una fotografía en la que se observa que varias ambulancias tienen un autoadhesivo con el logotipo (un corazón verde) de la Gobernación de Antioquia de la Administración de Aníbal Gaviria. Hacen parte de la Resolución 2539 del 19 de diciembre de 2022 del Ministerio de Salud, con el cual se compraron así: $4.586 millones los puso el departamento y $2.699 millones la Nación.
En cuanto a la supuesta reducción de la desnutrición infantil, es un tema sobre la cual lo han desmentido desde julio pasado, desde cuando afirmó que su Gobierno había logrado que la tasa de mortalidad por esa razón para menores de cinco años cayera a la mitad “de lo que dejó Duque solo en tres años”.
No obstante, el presidente al parecer usó datos no oficiales, pues los del Instituto Nacional de Salud (INS), entidad estatal encargada de ejecutar la investigación del conocimiento en salud pública, muestran que 1.346 niños murieron entre 2020 y 2024 por desnutrición aguda.
De esa cifra corresponden 347 casos a 2022, 301 a 2023, 262 a 2024 y 79 a 2025 (primeros seis meses); es decir, 989 (el 73,4 % del total) se presentaron en los tres años que señala el mandatario. Además, se estima que el número de 2025 podría llegar a las 176 muertes. Entre tanto, los datos en este sentido de 2020 fue de 160 fallecimientos y de 2021, de 197.
“Los medicamentos los han acaparado”
En un tercer comentario Petro le respondió al abogado Martín Botero —que expresó un comentario sobre la falta de entrega de medicamentos— que “si los medicamentos no están es porque los han acaparado para sabotear la reforma a la salud y triplicarle los precios a los medicamentos”.
Lo del acaparamiento es una tesis que han sostenido desde el Ministerio de Salud, al igual que la de afirmar que es “una crisis fabricada”.
Esas afirmaciones —que han sido constantes por parte del sector salud y de Presidencia— las contravienen la realidad del país y es que desde 2013 hay una política de regulación de precios. Esa normativa se enfoca en intervenir en aquellos artículos relevantes, en los que el mercado lo manejan pocas compañías. Es decir, están regularizados los precios de los medicamentos que, por esa dinámica del mercado, podrían ser muy caros.
Esta regulación consiste en un proceso en el que se promedian los precios a nivel mundial de determinado producto y con base en ese se baja el precio en Colombia. Por ejemplo, X medicina cuesta en el mundo $50.000, así que el trabajo del ministerio es poner el precio por debajo de ese precio.
Según una fuente que trabajó en la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del ministerio, entre 2013 y 2021 los fármacos regulados han bajado sus precios entre el 50 y el 71 %, lo cual permitió un ahorro de $5 billones.
Así las cosas, la ley y la ejecución de la misma imposibilita en la práctica que haya el “monopolio” del que habla el MinSalud. ¿Cómo puede haber sobrecostos en unos productos cuyo precio está regularizado?
Cambio Radical y Nueva EPS
El último comentario del mandatario cargó contra el partido Cambio Radical. “Se les olvida que militantes de cambio radical (sic) están inmersos en el desfalco a la Nueva EPS por billones de pesos”, expresó en un trino en el que citó un comentario de esa colectividad que celebró el hundimiento de la reforma.
Ese comentario está relacionado con los ataques que Gustavo Petro ha hecho en varias oportunidades en contra de Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y quien fue parte de la junta directiva de Nueva EPS. Al empresario el presidente lo ha relacionado en varios comentarios con la presunta pérdida de $5,5 billones en facturas de deuda, que según la Superintendencia de Salud, mantiene esa aseguradora.
Por ese señalamiento, en septiembre del año pasado el Consejo de Estado le ordenó retractarse y presentar excusas públicas a Vargas Lleras por acusarlo como responsable de la crisis del sistema de salud que vive Colombia.
Ese pleito judicial se extendió hasta septiembre de 2025, luego de que la Presidencia se negara a rectificar argumentando que era una opinión basada en reportes de prensa y denuncias. Aún así, el alto tribunal reiteró que debía rectificar por no ser veraz y por desconocer la presunción de inocencia de Vargas Lleras.
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