La Comisión de Regulación de Comunicaciones pidió a varios medios revelar sus políticas editoriales y mecanismos para garantizar imparcialidad y veracidad, generando polémica por posible intromisión en la libertad de prensa.
A través de una misiva rotulada como “información reservada”, la Comisión de Regulación de Comunicaciones del Gobierno Nacional realizó un controvertido requerimiento a medios de comunicación frente a sus contenidos periodísticos y noticiosos.
En la carta, enviada a diferentes medios como la emisora W Radio, la entidad –encargada de regular los mercados de comunicaciones–, pide información relacionada con las políticas internas, directrices o prácticas para garantizar que sus contenidos “cumplan de manera simultánea” con los criterios de imparcialidad, objetividad y veracidad.
En ese sentido, se indaga por “medidas para evitar sesgos o favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos en la cobertura informativa”. A ello se suman procedimientos “para asegurar la separación entre hechos y opiniones, así como la inclusión de diversas fuentes que permitan un análisis equilibrado”.
Incluso, la Comisión reclama por “mecanismos de verificación, contrastación de datos y control de calidad de la información antes de su emisión”, a lo que se suman “actividades de capacitación” para el personal, mecanismos de autorregulación, designación de veedores internos o externos, “o cualquier otra acción preventiva que fortalezca el cumplimiento”.
En la misiva se consulta también por manuales o guías que orientan la producción y emisión de contenidos informativos, así como una descripción de “cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques. “Anexe soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de estas decisiones”.
Por último, la Comisión pidió informar las medidas implementadas para garantizar la diferenciación entre información, opinión y publicidad en su programación. Para todo ello, el ente da un plazo de 10 días hábiles.
En la carta, el organismo cita leyes relacionadas con la necesidad de separar información y publicidad para “garantizar el derecho constitucional a recibir información veraz e imparcial”.
Además, se advierte que el incumplimiento de la solicitud “podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes”.
Ante la controversia, el presidente Gustavo Petro respondió y argumentó que detrás de la solicitud supuestamente estaría un reciente fallo del Consejo de Estado, que amparó el derecho fundamental a la información de un grupo de ciudadanos y le ordenó limitar el uso de las alocuciones presidenciales en televisión, al concluir que se ha incurrido en un uso inadecuado y desproporcionado de esta figura que vulnera el pluralismo informativo.
“Se dirige esa carta a actuar de acuerdo al fallo que un magistrado del Consejo de Estado expidió para censurarme. No sé me censurará solamente a mi, sino a toda la prensa que use el espectro electromagnérico. Esa entidad ha rechazado mi delegado que envié constitucionalmente”, aseguró.
En la decisión, los accionantes argumentaron que las constantes e ilimitadas transmisiones de las intervenciones del jefe de Estado, iniciadas el 4 de febrero de 2025, les impedían elegir libremente la programación de su preferencia y coartaban su derecho a no recibir la información que el Gobierno deseaba divulgar.
La Sala concluyó que la Presidencia hizo un uso indebido de la prerrogativa de la alocución televisada, basándose en la falta de justificación temática, la frecuencia, la reiteración y la duración de las intervenciones.
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