Saray Gómez ama estudiar sociología. Sin embargo, no ha sido fácil. Su paso por la Universidad Externado de Colombia ha estado marcado por un gran esfuerzo de su familia y ella: pagaron su primer semestre con cesantías; el segundo con ahorros; para el tercero, tuvieron que pedir un crédito con el Icetex, porque aunque Saray iba muy bien en su pregrado, el dinero ya no alcanzaba. En ese momento, pidió prestados 8 millones de pesos. Ahora, un año después, debe 25, y una noche le llegó una factura preocupante. Inició pagando $500.000, con el tiempo, pagaba $700.000, luego, con aquel correo, se dio cuenta de que su cuota había subido a $1.300.000. ¿La razón? El Gobierno Nacional le suspendió el subsidio que la ayudaba a pagar intereses.
Saray no es la única en aquella situación; la promesa de estudiar para transformar el futuro se desvanece para cientos de miles de jóvenes colombianos. En los últimos años, más de 230.000 usuarios del ICETEX han perdido el subsidio a la tasa de interés que les permitía hacer frente a sus créditos educativos. La medida, motivada por un recorte histórico en el presupuesto de la entidad, ha desatado una tormenta de críticas, desilusión y preocupación en sectores políticos y sociales.
El golpe más reciente lo denunció la representante a la Cámara por Bogotá Catherine Juvinao, quien alertó que para el segundo semestre de este año cerca de 97.000 estudiantes adicionales —que aún están cursando sus estudios— se verán desprotegidos frente al encarecimiento de sus cuotas. “La crisis financiera del Icetex ya no solo deja sin subsidio a quienes están pagando su crédito, sino también a quienes lo están utilizando en este momento para estudiar”, advirtió la congresista.
Juvinao aseguró que el impacto recae especialmente sobre jóvenes de estratos 1, 2 y 3, quienes representan el 99 % de los afectados. En promedio, las cuotas han subido un 20 %, aunque en algunos casos el incremento supera el 90 %. “Es una decisión profundamente regresiva y sectaria. Se está condenando a la deserción a estudiantes de familias vulnerables”, agregó, criticando que el presidente Gustavo Petro haya ratificado la medida durante su discurso de instalación del Congreso el pasado 20 de julio.
Desde el Concejo de Bogotá, el concejal Julián Sastoque también alzó la voz. A través de un derecho de petición al Icetex, evidenció que los aumentos en las cuotas han sido dramáticos. Un estudiante de medicina en la Universidad El Bosque pasó de pagar 2,8 millones a casi 5 millones de pesos mensuales, mientras que otro en la Universidad de Boyacá vio su cuota duplicarse. “Esto es una condena financiera para más de 130.000 estudiantes. No solo es una injusticia social, sino que puede desencadenar deserción masiva en la educación superior”, declaró.
EL COLOMBIANO habló con Andrea Escobar, directora ejecutiva del Observatorio a la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, quien asegura que los estudios realizados evidencian una relación entre la desaparición de estos subsidios, la deserción estudiantil y la disminución de matriculados en educación superior.
“Nuestra Encuesta de Opinión en Educación aplicada a jóvenes entre 12 y 28 años muestra que el 60% señala la falta de recursos económicos y el 31% la falta de información sobre opciones de financiación como principales barreras para continuar estudiando”, explicó Escobar, añadiendo que esto se presenta porque cerca del 90% de los estudiantes de grado once pertenecen a estratos 1, 2 y 3; es decir, no cuentan con amplios recursos económicos.
Los recortes de los subsidios de Icetex son un problema social
El problema de la deserción no sólo significa un deterioro del sistema educativo, sino que también aumenta la brecha social. Según el DANE, en 2023, 64 de cada 100 colombianos pertenecen a la clase baja (ingresos inferiores a $850.000), y solo 3 están en la clase alta. Además, las cifras de movilidad social son bajas.
Escobar se refirió al respecto: “Lo más importante es asegurar el acceso, la calidad y la pertinencia de la educación superior. Una vez los estudiantes se gradúan, los retornos —económicos y sociales— de esa inversión son altos: mejores salarios y mayor movilidad social, especialmente en carreras universitarias con alta demanda (..) Ampliar el acceso a educación superior de calidad no solo ayuda a pagar la deuda, sino que transforma vidas”.
La raíz del problema, según lo han manifestado tanto el Icetex como el propio Gobierno, es fiscal. La falta de recursos llevó a la entidad a suspender el subsidio que tradicionalmente ayudaba a estudiantes en periodo de amortización y, ahora, también a quienes aún están en formación. En total, el número de usuarios afectados en 2025 asciende ya a 234.047.
En paralelo, las cifras revelan un deterioro en la capacidad de financiamiento del Icetex. Mientras que en el primer semestre de 2024 se otorgaron más de 31.000 nuevos créditos, para el mismo periodo de 2025 la cifra cayó a 5.853. Y para el segundo semestre se prevé un nuevo descenso, con apenas 5.056 colocaciones.
Uno de los problemas más grandes, sin embargo, es la falta de comunicación entre el Icetex y los estudiantes que adquirieron créditos con ellos. Saray Gómez, por ejemplo, aseguró que intentó comunicarse en distintas ocasiones con la entidad, pero no le dieron muchos detalles. Al contrario, intentaron embargarle un sueldo de un trabajo que había dejado tiempo atrás: “Llamaban a mi exempleador a pesar de que yo les había dicho que no tengo trabajo”, explicó, y agregó que aquel acoso (más de 5 llamadas diarias) resultó en problemas con su educación.
“Uno vive con ansiedad. ¿Cómo estudiar tranquilo viendo que la deuda aumenta y las cuotas son casi todo mi sueldo? No puedo usarlo para otra cosa a pesar de que me sirve para manutención”, agregó Gómez.
Teniendo en cuenta las incidencias económicas, sociales, psicológicas y educativas; Escobar asegura que el retorno de los subsidios debería ser prioridad del Gobierno Nacional. “Es fundamental que el Gobierno fortalezca los esquemas de incentivo a la demanda, como los subsidios, y que lo haga en articulación con el sector privado (...) Solo así podremos construir un sistema pertinente, diverso, sostenible y alineado con las demandas del siglo XXI, que amplíe las oportunidades de acceso, permanencia y movilidad social”, aseguró la experta.
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