El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) escaló a un nuevo nivel al alcanzar directamente a la Rama Judicial. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial adoptó una decisión que compromete a un funcionario de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que existen elementos para investigarlo por presuntas presiones indebidas a un testigo clave del proceso.
La determinación recae sobre Alex Movilla Andrade, magistrado auxiliar del despacho del magistrado Francisco Farfán. Según la decisión disciplinaria, su actuación durante diligencias de recepción de testimonio habría vulnerado garantías fundamentales de Sneyder Pinilla, uno de los principales testigos en el caso UNGRD, quien en ese momento adelantaba conversaciones con la Fiscalía para un eventual preacuerdo.
Los hechos se remontan a diligencias realizadas los días 9 y 20 de agosto de 2024. En esas audiencias, Pinilla manifestó su intención de abstenerse de declarar, invocando su derecho a guardar silencio mientras avanzaba en un proceso de negociación judicial. Sin embargo, la Comisión concluyó que el magistrado auxiliar habría ejercido presiones para forzarlo a rendir testimonio.
De acuerdo con el análisis del despacho del magistrado Julio Andrés Sampedro, las advertencias hechas por Movilla, entre ellas la posibilidad de compulsar copias por falso testimonio en caso de no declarar, constituyeron una afectación al derecho a la no autoincriminación. La Comisión sostuvo que dichas manifestaciones limitaron de manera indebida la facultad del testigo de abstenerse de responder.
En su decisión, el órgano disciplinario examinó los registros audiovisuales de las audiencias y detalló una serie de intervenciones del magistrado auxiliar que, a su juicio, configuraron un escenario de presión. Entre los aspectos destacados se encuentran reproches al testigo por haber hecho señalamientos públicos previos y cuestionamientos a su decisión de guardar silencio durante la diligencia judicial.
Para la Comisión, el contexto de esas afirmaciones derivó en una restricción efectiva de los derechos procesales de Pinilla, quien, según el fallo, fue instado a responder bajo la premisa de un supuesto deber de declarar, sin que se reconociera plenamente la validez de su decisión de no hacerlo en ese momento.
Con base en estos elementos, se formularon cargos disciplinarios contra Movilla Andrade por presuntas faltas cometidas a título de culpa grave. El proceso busca establecer si su conducta configuró constreñimiento o presión indebida contra el testigo.
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