La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió de forma definitiva la situación jurídica de 34 miembros de la fuerza pública al concederles la renuncia a la persecución penal por su participación en los asesinatos de nueve personas presentadas falsamente como bajas en combate, en hechos ocurridos entre 2004 y 2008 en Boyacá, Santander y Cundinamarca.
Le puede interesar: Nueve muertos y seis hospitalizados por consumo de “cococho” en Barranquilla; esto se sabe hasta ahora
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP consideró que los comparecientes, todos integrantes del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ (Bisuc) de Chiquinquirá (Boyacá), no fueron considerados máximos responsables de estos crímenes y cumplieron con los requisitos exigidos para recibir el beneficio, que extingue la acción penal y disciplinaria en su contra.
Este proceso no sancionatorio está dirigido a quienes no tuvieron un rol decisivo en el diseño o ejecución de los patrones criminales y que, a cambio, garantizan los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.
Las víctimas de estos hechos fueron Manuel Franco Pinzón, Víctor Alfonso Rodríguez, Mario Arturo Marín Varela, Milton César Acevedo Román, Elkin de Jesús Álvarez Cardona, Diego Alberto Pérez Mejía, Mauricio Ceballos Usma, Hugo Fernely Giraldo y Jhon Francisco Pacheco Parra.
Como parte de la decisión, la JEP dispuso que los 34 comparecientes no podrán reincorporarse a la fuerza pública y ordenó revocarles los reconocimientos e incentivos que recibieron por estas operaciones ilegítimas.
Los magistrados advirtieron que el beneficio otorgado puede ser retirado si los exmilitares incumplen el régimen de condicionalidad, que les exige no volver a delinquir, atender los requerimientos de la JEP y reportar sus salidas del país.
La Sala concluyó que los aportes de verdad de los comparecientes permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera lo establecido por la justicia ordinaria. Con esta decisión, la JEP ha resuelto de forma definitiva la situación jurídica de 178 miembros de la fuerza pública involucrados en crímenes no amnistiables.
Con las declaraciones de los 34 exmilitares, la Subsala de la JEP pudo reconstruir la forma en que operó el aparato criminal dentro del Batallón Sucre. Los comparecientes contaron que se usó dinero del batallón para comprar armas y prendas que eran usadas para hacer los montajes de los combates, así como para pagar a informantes o reclutadores.
Además, las operaciones militares se justificaban con información de inteligencia que resultaba ser falsa y se manipulaban los cuerpos y las escenas de los crímenes para simular que hubo enfrentamientos.
La Sala determinó que los asesinatos se cometieron bajo tres modalidades. En la primera, algunas personas eran retenidas, asesinadas y después presentadas como integrantes de grupos armados ilegales.
En la segunda, otras víctimas eran trasladadas bajo engaño para asesinarlas y luego reportarlas como supuestos integrantes de grupos armados dados de baja en falsos combates. En la tercera, se asesinaba a las víctimas aprovechando circunstancias que facilitaban su selección, como simular la compra de un arma para luego ejecutar al vendedor.
En audiencias celebradas el 13 y 14 de marzo de este año en Tunja (Boyacá), los comparecientes relataron cómo las víctimas fueron engañadas, retenidas de forma ilegal y luego asesinadas sin que se hubiera presentado un combate.
La magistratura concluyó que los militares “suministraron un relato detallado y coherente sobre las generalidades del funcionamiento del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ y de las circunstancias que rodearon los hechos victimizantes”.
Puede leer: Él es Alexander Chalá, sargento retirado cercano al petrismo señalado en un video donde presuntamente recibe dinero en efectivo; niega que sea él
Los magistrados destacaron que los comparecientes describieron las presiones a las que estuvieron sometidos por sus superiores para llevar a cabo los crímenes. En la resolución se lee que “todos los comparecientes reconocieron explícitamente su responsabilidad y pidieron perdón a las víctimas indirectas, dignificando la memoria de las víctimas directas como civiles inocentes”.
Además, se comprometieron a llevar a cabo medidas de reparación solicitada por las víctimas, como la instalación de pancartas y la pauta en espacios de televisión para restaurar el buen nombre de sus seres queridos. Próximamente, la JEP convocará a un espacio restaurativo para hacer seguimiento a estos actos de reparación simbólica.
También le puede interesar: B-King y Regio Clown solicitaron un Uber y fueron abordados en un Mercedes: nuevas pistas del crimen perpetrado en México
- ¿Qué es el perdón judicial de la JEP?
- Es el reconocimiento de la renuncia a persecución penal y disciplinaria bajo condiciones especiales, cuando no se ordenó el crimen y hay aporte de verdad.
- ¿Por qué perdonaron a estos 34 militares?
- Porque no fueron calificados como máximos responsables, reconocieron su responsabilidad y cumplieron con los requisitos del régimen de la JEP.
- ¿Pueden volver a la fuerza pública?
- No. La JEP dispuso que no pueden reincorporarse ni recibir incentivos institucionales por esas operaciones.
Regístrate al newsletter