A esta altura del mandato del presidente Gustavo Petro ya no sorprende ninguna decisión sobre el gabinete. Pero en días recientes hay movidas que generan inquietud en las oficinas de la inteligencia estatal, sobre todo en temas financieros.
Se creía que el abogado ex M-19, Jorge Lemus, saldría de la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para asesorar la campaña presidencial de Iván Cepeda, pero su destino será otro.
Lemus será nombrado como asesor técnico de la Unidad de Regulación Financiera (URF), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que funciona como el “brazo técnico” que proyecta la regulación para bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, sociedades comisionistas de bolsa, cooperativas, fondos de empleados y el sector fiduciario.
Históricamente, la URF ha sido una entidad donde los gobernantes de turno no ponen cuotas políticas porque sus cargos exigen un nivel técnico muy alto que va más allá de la ideología.
En sus oficinas hay personas que llevan más de una década, varios de ellos funcionarios de carrera. Hasta el año pasado, este Gobierno había respetado la autonomía de esa entidad que lideraba la economista Mónica Higuera, una experimentada funcionaria del sector financiero que fue nombrada por el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Pero a finales del año pasado, en plenas fiestas decembrinas, hubo un giro de 180º. Higuera se atrevió a decir que era un exabrupto traer de un solo tajo más de $250 billones que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tienen invertidas en el exterior con ahorros de los colombianos. Eso produjo su salida.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Higuera dijo que Petro “está mal asesorado en temas económicos por el ministro Germán Ávila y el superintendente financiero César Ferrari”.
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Este contexto es clave para entender lo que sucede hoy. Fuentes le dijeron a este diario que el ministro Ávila —también ex M-19– pidió que Lemus llegara a ese cargo para “supervisar” la gestión de Diana Larisa Caruso, el reemplazo de Higuera en la dirección.
“Lemus conoció mucha información delicada desde la UIAF y quién sabe qué quieren hacer en la URF”, dice una fuente bajo reserva. Hay algunas pistas.
Lemus, que no tiene ninguna formación en temas de inteligencia estatal –fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)– y financieros, ocupará el cargo asesor 18 en la URF que es el más alto de la entidad y se encarga, entre otros temas, de temas de “regulación preventiva”.
Aunque suena muy técnico, la regulación preventiva dictamina “las normas y mecanismos técnicos para anticipar, gestionar y mitigar riesgos en el sistema financiero colombiano. Busca proteger a los depositantes, mantener la estabilidad financiera y asegurar la solvencia de las entidades ante crisis”.
Lemus ganaría, sumando la prima técnica y primas, alrededor de $30 millones mensuales, lo que algunos funcionarios de Hacienda interpretan como un “premio” a la lealtad, pero un “castigo” a los técnicos, la experiencia y la trayectoria. Tanto Petro como el ministro Ávila se han rodeado de “yes man” (sí señor) que justifican y hacen realidad cualquier idea sin importar los riesgos.
Ese cargo de asesora 18 lo ocupaba Liliana Walteros, quien llevaba 12 años en la entidad y es una abogada experta en regulación financiera, derecho constitucional y derecho financiero. A pesar de su experiencia, la sacaron de la entidad hace unas semanas.
Según la exdirectora Higuera, “tras hacerle serias advertencias a la URF sobre la inconveniencia de expedir ese decreto de ‘repatriación de inversiones’ sin análisis jurídicos y económicos serios. (...) ¿Tendrá Lemus amplio conocimiento en regulación como lo tenía la abogada Walteros?”, preguntó la exfuncionaria en la red social X.
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