Luego de insistir ante la opinión pública en que no había pruebas que confirmaran la existencia de la organización criminal conocida como la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (NJDN), el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, cambió de opinión y anunció un plan investigativo contra la organización criminal.
A principios de agosto, el oficial causó sorpresa en la opinión pública al declarar en una entrevista: “No tenemos certeza ni evidencia concluyente de que exista una estructura como tal, llamada junta del narcotráfico. Lo que sí podemos afirmar es que hay personas ubicadas en lugares como Dubái que inciden en el negocio del narcotráfico en Colombia. Estamos concentrados en los elementos materiales probatorios. Nada es descartable, absolutamente nada”.
El comentario fue sorpresivo, pues desconocía la historia de una organización delincuencial con capos muy reconocidos y extraditados, como Daniel “el Loco” Barrera; una serie de asesinatos de sus exmiembros en Bogotá; y las constantes referencias del presidente Gustavo Petro, que acusa a ese cartel de querer asesinarlo.
El jefe de Estado también ha dicho en múltiples escenarios que la NJDN es responsable, prácticamente, de casi todos los despachos internacionales de cocaína, al atribuirle su presunta jefatura sobre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, algo que no es cierto, pero que demuestra el nivel obsesión de Petro con este cartel.
Incluso llegó a insinuar que estaba detrás del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. “Por ahí (del Medio Oriente) vino una orden de atentar contra un senador, como vino la de matar al Presidente”, aseveró el 20 de julio anterior, durante la instalación del periodo legislativo en el Congreso.
Por eso causaba extrañeza que la Policía Nacional no iniciara operaciones contra la NJDN, hasta el pasado 8 de septiembre, cuando el general Triana tuvo que dar un reversazo a sus declaraciones, luego de haber dicho un mes atrás que no había evidencia de que ese cartel existiera.
En una rueda de prensa en Bogotá, luego de un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula militar y el alcalde Carlos Galán, anunció tres líneas investigativas en contra de la red ilegal.
“Algunos (de los integrantes ) se ubican en Bogotá y esto ha generado unos 15 homicidios entre 2019 y 2025”, reconoció, “todos asociados a temas de narcotráfico y lavado de activos”.
Señaló que en el equipo de trabajo habrá investigadores de la Dijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía, “para dar un resultado en el corto y mediano plazo frente a los autores intelectuales de estos hechos”.
En este orden de ideas, las tres líneas investigativas apuntan a: 1). Esclarecer los homicidios ligados a ese grupo; 2). Perseguir sus rentas ilegales, finanzas y testaferros; 3). Articulación con agencias internacionales para atacar las rutas de narcotráfico y compartir información.
La historia de la Junta Directiva del Narcotráfico
Llama la atención que solo hasta ahora el general Triana notifique la apertura de una investigación oficial, cuando la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la DEA llevan años reuniendo información contra la NJDN, tal cual ha podido constatar EL COLOMBIANO en sus averiguaciones.
La Junta Directiva del Narcotráfico es una organización surgida en los años 90, con redes en Cundinamarca y Boyacá, especialmente en las zonas de yacimientos esmeraldíferos; los Llanos Orientales, donde administra múltiples laboratorios de cocaína; y Bogotá, donde invierte en negocios para el lavado de activos.
En el bajo mundo también se le conoce como el cartel de los Llanos o el cartel de Bogotá.
A diferencias de otros grupos, como los carteles de Medellín y Cali, sus líderes siempre han mantenido un bajo perfil, de corte empresarial, y carecen de los ejércitos ilegales que han puesto bajo la lupa a otros capos colombianos.
Esto les ha permitido crecer a la sombra y negociar con todos los bandos del conflicto armado: paramilitares, guerrilleros y mafias extranjeras. Una de sus innovaciones fue expandir las rutas de narcotráfico hacia el sur del continente (Uruguay, Brasil y Argentina) y establecer fuertes conexiones con el Medio Oriente, especialmente en Emiratos Árabes Unidos.
Entre sus socios fundadores están los hermanos Luis Agustín y Juan Francisco Caicedo Velandia (“don Lucho” y “el Ingeniero”), Daniel “el Loco” Barrera, Julio Alberto Lozano Pirateque (“Patricia”), Claudio Silva Otálora (“el Patrón”), los también hermanos Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff, y Óscar Pachón Rozo (“Puntilla”).
La mayoría fueron capturados en el exterior en la primera década del siglo XXI y extraditados a Estados Unidos, donde pagaron cárcel por cargos de tráfico de cocaína. Tras cumplir esas penas, regresaron a Colombia entre 2018 y 2019.
Algunos de ellos trataron de recuperar su antiguo imperio, que había quedado en manos de testaferros, y esto generó una serie de asesinatos en la capital, de personas relacionadas con el narcotráfico, el testaferrato y la minería de esmeraldas. Fue así que surgió, de una disputa interna, la Nueva Junta Directiva.
Entre las víctimas están el antiguo cabecilla Luis Agustín Caicedo (julio 16 de 2021) y los esmeralderos Juan Sebastián Aguilar y Hernando Sánchez, acribillados por francotiradores el año pasado.
De los fundadores originales, solo quedan cuatro vivos.
Algo que no está claro para los analistas es qué razones tendría la organización para atentar contra el presidente Gustavo Petro, pues, por un lado, nunca ha sido su estilo atacar al Estado, dada su naturaleza de bajo perfil; y por el otro, la laxitud de la política de seguridad de su gobierno ha favorecido el negocio del narcotráfico como ningún otro, permitiendo el aumento de los cultivos ilícitos y en consecuencia la producción y exportación de cocaína.
Entonces, ¿para qué atacarlo, si han resultado beneficiados por su ineficacia contra el narcotráfico? Esta será una de las preguntas que deberá responder la investigación que el general Triana anunció.
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