Sandra Liliana Ortiz, una de las fichas políticas más visibles del gobierno de Gustavo Petro en las regiones, se ha convertido en un rostro de alto perfil del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La exconsejera presidencial no recuperará su libertad, al menos por ahora. Un juez de control de garantías de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en su contra y consideró que sigue existiendo riesgo de obstrucción a la justicia.
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La decisión marca un nuevo revés judicial para la exfuncionaria que, según la Fiscalía, habría sido un eslabón clave en la ruta de los 3.000 millones de pesos que presuntamente terminaron en manos del expresidente del Congreso, Iván Name, en una trama de tráfico de influencias y lavado de activos que salpica a varios sectores del petrismo.
El juez desestimó los argumentos de la defensa, que había solicitado revocar la detención preventiva impuesta el 18 de diciembre de 2024.
La defensa alegaba que Ortiz Nova no representa un peligro para la sociedad y que ha colaborado con las autoridades, pero la Fiscalía insistió en que su influencia política y sus vínculos dentro del Gobierno aún podrían interferir en el desarrollo del proceso. El despacho le dio la razón al ente acusador: “La procesada tiene la capacidad real de obstruir la justicia, dada su trayectoria y los contactos que mantiene en instancias de poder”, advirtió el funcionario judicial.
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Los hechos que hoy la tienen en prisión ocurrieron en octubre de 2023, cuando, según la imputación de cargos, Ortiz habría movilizado 3.000 millones de pesos que salieron de la UNGRD y que habrían sido entregados posteriormente a Iván Name, entonces presidente del Congreso, como parte de un presunto pago por direccionar un contrato de carrotanques que tenían como destino repartir agua en La Guajira. .
Este contrato, que buscaba atender la emergencia por escasez de agua en La Guajira, se convirtió en uno de los mayores escándalos del actual Gobierno. Las denuncias por sobrecostos, tráfico de influencias y desvío de fondos provocaron la salida de varios funcionarios. Ortiz, que durante años había construido su carrera política en torno al trabajo territorial y la cercanía con líderes locales, quedó en el centro de una tormenta que no deja de escalar.
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La exconsejera insiste en su inocencia y asegura que fue utilizada como “chivo expiatorio” en una trama mayor. Sin embargo, el proceso penal avanza con múltiples pruebas documentales y testimoniales que, según la Fiscalía, la vinculan directamente con la operación financiera ilegal. En paralelo, la entidad busca determinar si otros funcionarios de alto nivel participaron en el desvío de recursos y en la presunta red de favores políticos que habría rodeado la adjudicación de los contratos.
Mientras el proceso judicial avanza, la ratificación de la medida de aseguramiento deja a Ortiz Nova frente a un panorama particularmente adverso. Es, hasta ahora, la única exfuncionaria del escándalo de la UNGRD a la que la justicia no le ha concedido ningún tipo de beneficio, ni participación en acuerdos, ni principio de oportunidad, ni preacuerdo con la Fiscalía.
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