Gustavo Petro empieza a sentir con mayor fuerza las consecuencias políticas y diplomáticas de figurar en la Lista Clinton, el listado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que congela activos y restringe transacciones de personas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico. En octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) formalizó su inclusión bajo el decreto ejecutivo 14059, que establece sanciones contra actores relacionados con el tráfico ilícito de drogas.
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Desde su inclusión, el presidente ha pasado de la denuncia política a experimentar las consecuencias cotidianas de esa decisión.
En la práctica, la medida no solo limita operaciones financieras internacionales, ya impacta el funcionamiento administrativo de la Presidencia. Desde finales de octubre, la Tesorería General ha tenido dificultades para desembolsar el salario presidencial, pues las cuentas del mandatario quedaron bloqueadas en el sistema bancario colombiano.
Las entidades financieras, al estar sujetas a regulaciones que obedecen a las listas de la OFAC, han evitado procesar pagos o transferencias asociadas a su nombre para no exponerse a sanciones. En consecuencia, el pago de nómina presidencial y algunos giros institucionales tuvieron que reprogramarse o trasladarse a cuentas exentas del sistema estadounidense.
Y ese no ha sido el único episodio. En una escala técnica del avión presidencial durante un vuelo hacia Oriente Medio, en Cabo Verde, la empresa encargada del abastecimiento de combustible se negó a suministrar jet fuel, argumentando restricciones derivadas de la sanción. El retraso obligó a buscar asistencia logística de emergencia y, posteriormente, Petro anunció la terminación del contrato con la firma norteamericana implicada. El incidente, que habría sido impensable meses atrás, mostró cómo la medida se convirtió en un obstáculo material para el ejercicio del poder.
A esto se suman los efectos colaterales sobre su entorno familiar. Las sanciones impiden a los bancos realizar o recibir transferencias en su nombre, lo que, según allegados al Palacio de Nariño, afecta la posibilidad de destinar recursos personales a gastos de sus hijos o familiares. Aunque no se trata de un congelamiento total de patrimonio, las operaciones que involucren entidades del sistema financiero internacional quedan suspendidas hasta nueva orden.
La respuesta de Petro contra las imposibilidades
Petro, por medio de su cuenta en la red social X, afirmó que no existe “un solo dato” que lo relacione con organizaciones narcotraficantes y atribuyó su inclusión en la lista a sus posturas políticas. En su mensaje, convocó a sus seguidores a escribir al vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al presidente Donald Trump, para exigir “el respeto a su libertad de expresión y su salida de la lista OFAC”.
El mandatario agregó que su Gobierno ha sido “el incautador gubernamental más grande en la historia de la cocaína” y aseguró que las mafias lo buscan para asesinarlo. “Solo tengo una casa cerca a Bogotá que aún debo y mi sueldo. Son mis únicas transacciones financieras”, afirmó.
Además, el presidente propuso que la campaña tenga alcance mundial: “Llenemos la Casa Blanca, la vicepresidencia de los Estados Unidos y la oficina del señor Rubio con esta campaña mundial: ‘Saquen a Petro de la OFAC’”.
Estas declaraciones se dieron como respuesta a Enrique Vargas Lleras, quien había solicitado a Elon Musk, propietario de X, suspender la cuenta del mandatario. Petro rechazó esa petición y argumentó que la ley estadounidense no puede aplicársele, pues no mantiene relaciones financieras con personas ni empresas de ese país.
“Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras y, por tanto, no actúa la ley OFAC a la que me vinculan arbitrariamente, violando mis derechos humanos”, señaló.
Fue así que el presidente invitó al empresario a considerar a Colombia como centro regional de exportación de vehículos eléctricos. “Traiga su planta de carros eléctricos y hagamos de Colombia el gran centro de la exportación latinoamericana de carros y motos eléctricas de alta gama y populares”, escribió.
Petro terminó su publicación que, si llegara a ser censurado en esa plataforma, se comunicará directamente con la ciudadanía en las calles. “Desde los pueblos y recorriendo las ciudades y las regiones gobernaré, desde la caravana de democracia y paz”, expresó.
Es problema es que la viabilidad de que una campaña de cartas o mensajes ciudadanos logre revertir su inclusión en la Lista Clinton es mínima. Según los procedimientos del Departamento del Tesoro, la exclusión de una persona del listado de la OFAC solo puede tramitarse mediante una solicitud formal de reconsideración sustentada con pruebas y documentación jurídica, no a través de pronunciamientos políticos ni de gestos públicos.
En la práctica, el proceso depende exclusivamente de una evaluación técnica interna y, en casos de alto perfil, de la decisión directa del presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump. Las misivas o campañas pueden tener valor simbólico o político, pero no tienen efecto legal dentro del sistema de sanciones financieras; por lo que el llamado de Petro apunta más a generar respaldo político y presión mediática que a abrir una vía real de revisión dentro del Tesoro norteamericano.
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