Después de semanas de espera, ayer finalmente se conoció la ponencia alternativa que podría darle un nuevo aire a la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Séptima del Senado.
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Habla ponente de la reforma a la salud: “Se necesitan $13 billones para estabilizar el sistema”
La senadora Norma Hurtado (La U) es una de las autoras de la ponencia alternativa de la reforma a la salud. Habla de las deudas y de la transformación de las EPS.
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Hurtado (foto) radicó la ponencia de la mano de las senadoras Ana Paola Agudelo (MIRA) y Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres). FOTO Colprensa
hace 45 minutos
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La propuesta plantea un punto medio entre lo que plantea el Ejecutivo y los sectores independientes y de oposición; sin embargo, no deja de generar controversia. Ya el propio presidente descalificó el texto y aseguró que, entre otras, se busca que el Estado asuma la deuda privada de las EPS.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la senadora Norma Hurtado –una de las ponentes–, defiende el texto, asegura que se requieren $13 billones “para estabilizar el sistema” y que la puesta en marcha solo podrá materializarse una vez se tengan los recursos para pagar las deudas del Gobierno con las EPS intervenidas.
Esta ponencia alternativa fue radicada al filo de la madrugada del martes debido, entre otras, a dudas y vacíos en materia fiscal. ¿Qué proponen para atender ese frente?
“El Gobierno ha propuesto que haya financiación con impuestos saludables durante los próximos 10 años, sumado al IVA social, las cotizaciones y el Presupuesto General. Esto da cerca de $109 billones al año.
Sin embargo, teniendo en cuenta la edad poblacional y envejecimiento de la sociedad, estos recursos no son suficientes. Por ello, insistimos en que el Gobierno debe permitir que se generen recursos a través del Grupo Bicentenario generando créditos no solo a las EPS, sino también a los prestadores que hoy están asfixiados ante el no pago de las EPS que están en intervención”.
¿De qué monto deben ser esos créditos?
“Al cierre del 2024 tenemos un faltante registrado por las diferentes EPS de $13 billones. Esa es la asfixia que hoy tiene la red prestadora tanto pública como privada. Por ello, estamos pidiéndole al Gobierno que se busquen nuevas fuentes de financiación, porque finalmente los grandes perjudicados son los pacientes”.
La reforma plantea la creación de infraestructura para servicios, ¿es suficiente la plata?
“El Gobierno ha dicho que con estos mismos recursos se va a dar un tránsito hacia la atención primaria, y hacia el modelo preventivo y predictivo. Eso son múltiples equipos básicos en territorios muy distantes que se tienen que transportar a lomo de mula y tiene un costo adicional.
La duda es, ¿qué dejamos desfinanciado? ¿Qué pasa con la mediana y alta complejidad? Ese ha sido uno de los elementos más preocupantes”.
¿Han hablado con el Gobierno? ¿Están dispuestos a ceder y acoger propuestas?
“El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tuvo una reunión privada con las coordinadoras ponentes. Él expresaba que ‘qué bueno que todos colocáramos de nuestra parte’ para buscar nuevas fuentes de financiación. Pero ese diálogo no puede ser individual. Tiene que estar el Ministerio de Hacienda y la Departamento Nacional de Planeación”.
Una de las premisas de la ponencia es no estatizar el sistema y apostar por un modelo mixto (públicos y privados), ¿cómo lo plantean?
“Proponemos eliminar el aseguramiento social porque ese modelo deja nula la participación mixta y privada en la prestación de la gestión del riesgo en salud.
Entendemos que hay una bandera roja del Gobierno, que es la gestión del riesgo financiero. Pero cuando hablamos de la gestión del riesgo en salud consideramos que hay que garantizar una gestión pública, privada y mixta. Ellos están proponiendo un sistema de salud que no tiene continuidad en la prestación del servicio y por eso se ve el reclamo de los pacientes cuando hablan de la fragmentación de los servicios. La mediana y alta complejidad va a quedar desprotegida”.
¿Cómo será la transformación de las EPS a Gestoras de Salud y Vida? ¿Cuál será su rol ahora?
“Organizarán y controlarán la atención (redes, calidad, auditoría), pero no manejarán los recursos del sistema. Hay que aceptar que las EPS se tienen que transformar”.
¿Cómo será el funcionamiento de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS)?
“El modelo de los CAPS se mantiene. Es una bandera del Gobierno, y nuestra también, que haya atención primaria y un modelo preventivo y predictivo. Los CAPS son la puerta de entrada. Nuestra preocupación es el funcionamiento y los nuevos CAPS que deben gestarse, ¿de dónde va a salir la plata para infraestructura y el recurso humano?”.
¿Cómo funcionará la ADRES?
“Queremos reducirle funciones a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La reforma le asigna más de 34 funciones, entre ellas, el manejo de los $109 billones.
Es una entidad que pasa de ser pagadora a tener un suprapoder casi como de asegurador. Por ello, queremos limitar esas macrofunciones y que sean muy específicas. En esencia, queremos que las funciones no sean de pagador, recaudador, asegurador y auditor. Es desbordado. Lo que sí queremos es que tenga la función del riesgo financiero, que se la quitamos a las EPS”.
Como está planteada la ponencia, ¿cuándo podría ser una realidad la reforma?
“Consideramos que la transición debe ser de tres años y esa es una bandera roja de la ponencia alternativa. El Gobierno condicionó la puesta en marcha de la reforma al pago de las deudas del corriente. El corriente es el hoy, es este Gobierno, y ello implica ponerse al día. Así las cosas, también hemos condicionado que el Gobierno se ponga al día en el corriente hasta 2025 para la puesta en marcha de la reforma”.
¿Cómo optimizar y financiar el nuevo talento humano?
“Queremos que el Gobierno nos diga las fuentes de financiación. Tenemos grandes preocupaciones porque los entes territoriales no tienen cómo asumir la dignificación del talento humano, así lo propongan de manera gradual”.
Usted hizo parte del bloque que en el pasado hundió la reforma, ¿por qué ahora apuesta por un punto medio en el proyecto?
“La primera reforma se hundió básicamente por el aval fiscal que en su momento no tenía argumentación válida. Hoy, después de seis avales, ya vemos un norte. Pero la causa más clara es lo que sucedió con la reforma laboral, que terminó tramitada en otra comisión. La reforma a la salud se debe discutir en la Comisión Séptima.
Hoy el sistema está en crisis y es esta Comisión la llamada a exigirle al Gobierno $13 billones que se necesitan para estabilizar el sistema. Es esta Comisión la llamada a pedir que se estabilicen los pagos a una red prestadora pública y privada que tiene deudas pendientes con todas las EPS intervenidas por este Gobierno en el transcurso de 2023, 2024 y 2025.
Por ello, la puesta en marcha se dará una vez tengamos los recursos suficientes para garantizar el pago de las deudas del corriente a diciembre 31 del 2025”.
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