Este diciembre marca la cuarta y última vez que el Ministerio de Salud bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro decrete el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC). Esta son los recursos que el Estado le entrega anualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para garantizar su atención en salud. La decisión que esa cartera tome en ese sentido será clave para 2026 en medio de una crisis financiera que vive el sistema y que se está traduciendo en el empeoramiento de indicadores de atención, cierres de servicios y demoras en entrega de medicamentos.
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En medio de esa discusión, se conocieron las propuestas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo. Ambas organizaciones coinciden en que el ajuste debe ser significativo para evitar un colapso mayor del sector el próximo año.
La Andi, por su parte, plantea que el aumento no puede ser inferior al 15,6 %, el cual, según su análisis, permitiría empezar a corregir la desfinanciación acumulada. Sus cálculos se basan en la información financiera del sistema, del que advierten se encuentra en una fase crítica marcada por crecientes presiones de gasto.
El gremio empresarial señala que la UPC ha resultado insuficiente durante los últimos años y que esto ha obligado a las EPS a operar en condiciones deficitarias. Según su diagnóstico, la siniestralidad supera el 99 % desde 2021 y sobrepasa el 100 % desde 2022, lo que deja en evidencia que los recursos destinados no alcanzan para cubrir la demanda de servicios requeridos por la población.
Para finalizar 2025, la Andi proyecta que la siniestralidad llegará al 105,9 %, lo que implica que por cada $100 recibidos las EPS deberán gastar alrededor de $106 únicamente en atenciones en salud. Esta brecha, expresan, ha desencadenado un déficit operativo de $10,2 billones en la vigencia actual, sin incluir costos administrativos ni de operación.
“Es responsabilidad de los ministerios de Salud y Hacienda definir un incremento que reconozca la realidad del envejecimiento poblacional y la inflación, evitando así la quiebra técnica de un sistema que hoy tiene al 47% de la población afiliada a entidades intervenidas”, dijo la Andi en un comunicado.
Acemi, por su parte, considera que el ajuste debe ser aún mayor. Su análisis sugiere que la UPC en 2026 tendría que incrementarse en 17,33 % para reflejar el comportamiento del gasto en 2024, los efectos de la inflación y el crecimiento en la utilización de servicios. Bajo esta visión, la del régimen contributivo debería ubicarse en $1.785.164 y la del régimen subsidiado en $1.552.403.
El gremio de las aseguradoras destaca la necesidad de mejorar los procesos de reporte, consolidación y revisión técnica de la información financiera del sistema. Insiste en que solo con datos completos y estandarizados será posible definir ajustes oportunos y confiables: una tarea que consideran pendiente por parte del Ministerio de Salud.
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Esta asociación también advierte que los reportes enviados a la Superintendencia de Salud al cierre de octubre de 2025 muestran un panorama aún más sombrío, con una siniestralidad agregada que supera el 111 %. Según sus proyecciones, el déficit del sistema podría llegar a $9 billones al finalizar el año, que se acumularía con las obligaciones atrasadas de vigencias anteriores.
“No es compatible la mayor inversión en infraestructura y equipos básicos de salud, con el desfinanciamiento persistente de la UPC que es la protección financiera de la población, además de ser una decisión política poco costo efectiva, que derivará en mayor enfermedad y mayor gasto con el paso del tiempo”, dijo Acemi en un comunicado.
El ministro Guillermo Jaramillo tiene como plazo el próximo 31 de diciembre para firmar el decreto con el incremento de la UPC. La decisión se espera en medio de un escenario complejo, con un déficit creciente, una reforma al sector estancada en el Congreso, servicios cerrados en numerosas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y un aumento sostenido en quejas, tutelas y barreras de acceso para los usuarios.
Vale recordar que a este panorama se suma el incumplimiento de varias órdenes de la Corte Constitucional, entre ellas el ajuste del rezago de la UPC de 2024, la revisión del déficit acumulado hasta 2021 y la definición de un método transparente para los ajustes futuros, el cual fue ordenado en un auto de enero de este año.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es la UPC y por qué debe aumentar cada año?
- Es el valor que el Estado paga a las EPS por cada afiliado. Debe ajustarse según inflación, uso de servicios y costos médicos para evitar déficits que limiten la atención.
- ¿Qué pasa si el aumento no cubre los costos reales?
- Las EPS seguirán operando en déficit, aumentando cierres de servicios, demoras en medicamentos y tutelas. Podría agravarse la crisis y crecer el riesgo de quiebra técnica.
- ¿Cuándo se conocerá el incremento oficial de la UPC?
- El Ministerio de Salud tiene plazo hasta el 31 de diciembre para publicar el decreto que definirá el ajuste para 2026.
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