Una denuncia que llegó a la Procuraduría advierte que la medida contra esa aseguradora fue ilegal y desconoció las normas para tomar esas decisiones.
La Procuraduría General de la Nación adelanta una visita de inspección a la Superintendencia de Salud (Supersalud) para verificar la veracidad de un informe elaborado por delegados de esa entidad, en el que se advierten presuntas irregularidades en la decisión de prorrogar la intervención de la Nueva EPS, la aseguradora con mayor número de afiliados en Colombia.
El procurador Gregorio Eljach confirmó la diligencia y precisó que el objetivo es determinar la veracidad de lo reportado e iniciar los procesos disciplinarios que correspondan. “En este momento están ya yendo en camino una visita administrativa de control para establecer la veracidad de lo que dice la información y abrir las investigaciones a quien corresponda y echar a andar el proceso disciplinario”, señaló Eljach, quien pidió paciencia.
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Así mismo, el funcionario agregó que “la labor de la Procuraduría está sometida al debido proceso, al derecho de defensa, a todas las garantías que acompañan a los ciudadanos, especialmente a la presunción de inocencia”.
La inspección se produce en medio de una semana de acciones de los órganos de control sobre la Nueva EPS y Supersalud. El pasado 9 de abril, la Contraloría General de la República adelantó una actuación de Policía Judicial en ambas entidades para recaudar información financiera, ante la ausencia reiterada de estados financieros de la Nueva EPS y ante la preocupación por la situación financiera del sistema de aseguramiento en salud. La información recogida en esa diligencia constituirá un insumo para valorar eventuales actuaciones en los ámbitos fiscal y disciplinario.
Un día antes, el 8 de abril, la procuradora delegada Mónica Andrea Ulloa le envió a Luz Marina Múnera, superintendente nacional de Salud encargada del caso de Nueva EPS, un documento con siete preguntas concretas que Supersalud debía responder en tres días hábiles con documentos de respaldo.
La pregunta central era si la Nueva EPS sigue presentando los problemas financieros, administrativos y jurídicos que en su momento justificaron que el Gobierno tomara el control de la entidad, cuya medida de intervención venció el 2 de abril de 2026 sin ser renovada.
Vale recordar que Según una denuncia de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud ante la Procuraduría, y que fue divulgada por Caracol Radio, el Gobierno se habría saltado todos los protocolos estipulados en la ley y en el reglamento interno para iniciar la intervención a esa entidad.
Cuatro hechos involucran a la superintendencia de Salud adhoc Múnera con posibles irregularidades cometidas en la prórroga de la intervención forzosa para administrar contra la Nueva EPS por un año más. El primero, según un documento de la Procuraduría fechado el pasado 14 de abril, la funcionaria habría tomado la decisión de intervenirla sin cumplir ninguno de los pasos requeridos.
Esto último significa que la decisión no habría contado ni realizado ni presentado el informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud; no solicitó el concepto técnico de adopción y seguimiento; no incluyó información complementaria a los dos documentos mencionados en los puntos anteriores; finalmente, Múnera habría presentado un informe con inconsistencias relacionadas con el debido proceso y habría afirmado que la Nueva EPS no cumplió con recomendaciones que, según la denuncia de la Superslaud, ni siquiera le habría dado previamente a la entidad.
Por otro lado, la superintendente adhoc habría expedido la resolución con la prórroga en la que consignó una versión de los hechos que no corresponde con lo que realmente ocurrió en la reunión del Comité de Medidas Especiales.
Los documentos que acompañaron ese requerimiento describen fallas en múltiples áreas de la Nueva EPS que no fueron resueltas durante la intervención gubernamental.
En el manejo de los recursos del sistema de salud, el informe señaló que la EPS no puso en marcha controles efectivos sobre los dineros que recibe del Estado, y que los pagos adelantados a médicos y clínicas —concebidos como medida excepcional— se convirtieron en práctica habitual para resolver problemas en la red de servicios y atender líos judiciales derivados de la falta de representación legal.
En el procesamiento de cuentas médicas, la EPS utilizó hasta agosto de 2025 un sistema manual y obsoleto que generó demoras y errores; aunque en septiembre de ese año activó un nuevo sistema, el informe concluyó que los retrasos acumulados no se resolvieron y que el flujo de trabajo no es sostenible.
En materia tecnológica, el panorama es de rezago: infraestructura obsoleta, fallas en seguridad informática, procesos de facturación atrasados y dependencia de un solo centro de datos, lo que expone a la EPS a riesgos ante fallas o ataques cibernéticos. El giro de recursos, además, se maneja en hojas de cálculo de excel.
En contratación, el informe advirtió que persisten contratos verbales con proveedores —sin documento escrito— y una concentración de pocos actores en la cadena de servicios, con riesgos legales, financieros y de imagen para la entidad.
La Procuraduría también solicitó copias de los informes internos de seguimiento, las actas de reuniones y los reportes de la funcionaria designada para vigilar las finanzas de la EPS durante la intervención, incluyendo un informe de febrero de 2026 que debía entregarse el 10 de marzo y que, al momento del requerimiento, no había sido recibido.
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