Respuestas, datos y críticas le llovieron al Ministerio de Salud por negar que en Colombia existe una crisis de acceso a medicamentos. En un video de un minuto —compartido en las redes sociales de la entidad— se refieren a esta situación como “supuesta”, que “no existe” y hasta que “es fabricada”. Para sostener esas afirmaciones, que contradicen un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, hablaron de “conflictos de intereses” de algunos actores del sistema. Sin embargo, no presentaron datos que soportaran esas afirmaciones.
El material audiovisual inicia señalando que “los datos” del Ministerio “comprueban” que entre 2022 y 2024, “la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo aumentó”. “Hoy más colombianos acceden a tratamientos complejos que antes eran un privilegio de pocos”, dijo la comunicadora que presentaba el video.
Sin embargo, sobre lo anterior usaron un recorte de prensa del periódico El Tiempo con esa afirmación, pero lo cierto es que lo señalado es un entrecomillado en ese sentido de un comunicado de prensa que esa entidad emitió el pasado 10 de noviembre. Allí, además, no presentó datos que soportaran esa afirmación, a pesar de que expusieran que “son contundentes”.
“Sutiles” manipulaciones del informe de la Defensoría
Posteriormente, mencionó un aparte del informe de la Defensoría del Pueblo —llamado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados. Un análisis con enfoque territorial en Colombia”— para sostener que “la falta de transparencia y el mal manejo de los recursos dejaron una cadena de deudas históricas entre los actores del sistema, afectando la disponibilidad de los medicamentos”.
Aquí, el Minsalud resaltó una parte del informe que habla de las “deudas acumuladas de las EPS”, pero en el archivo no hablan de que sean las “deudas históricas”, sino las actuales. El párrafo completo señala: “Como se mencionó, el sistema de salud en Colombia atraviesa un panorama desfavorable, que se explica, actualmente, en gran medida por la crisis financiera derivada de las deudas acumuladas de las EPS con laboratorios, distribuidores, hospitales, gestores farmacéuticos e IPS”.
De hecho, párrafos más abajo el documento se refiere a los equipos básicos de salud (EBS) que ha impulsado el Gobierno Petro advirtiendo que el 50 % de los recursos para ese programa se han destinado a los departamentos de Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Cesar, Santander y Cundinamarca, pero que en “regiones históricamente afectadas por inequidades, barreras y vulneraciones al derecho a la salud” como en La Guajira, Buenaventura y Casanare los recursos asignados “no superan el 4 % del total”. Lo anterior, por supuesto, fue obviado por el video del ministerio.
También resaltó la parte del informe que referenciaba el uso de la unidad de pago por capitación (UPC) “de vigencias actuales para cubrir deudas de vigencias previas, contraviniendo la destinación específica de estos fondos” y que “implicó un desvío de más de $5,4 billones en 2020”, según un informe de la Contraloría.
Ese fragmento señalado por el ministerio corresponde al capítulo 1 llamado “Antecedentes: ¿Una nueva crisis o un agravamiento de las vulneraciones del derecho a la salud en Colombia?” y al subtítulo “el riesgo de una crisis financiera”. No obstante, esa cartera no expuso que en el párrafo siguiente al que resaltaron había un contraargumento de la Procuraduría sobre lo advertido por el ente de control fiscal.
Ese pedazo dice que el Ministerio Público señaló en agosto de 2024 que hubo un “desacierto por parte del equipo auditor de la Contraloría respecto a este concepto. La Procuraduría indicó, según su interpretación de las normas que rigen el presupuesto general de la nación, que no es aplicable el principio de anualidad del presupuesto a los recursos que maneja la Adres (Administradora de Recursos del Sistema de Salud)”.
En ese sentido, la Defensoría sostuvo que, al margen de cuál sea a interpretación adecuada “queda claro que existen interrogantes al interior del sistema de salud acerca de cómo debe de darse la administración de los recursos” y que “existe hoy un cierto estado de inseguridad jurídica que, sumado al nivel de desconfianza entre los múltiples actores, crea una tormenta perfecta cuyo efecto inmediato es el bloqueo en el flujo de recursos del sistema”.
Ataques a organizaciones de Pacientes
El video del Ministerio de Salud negando la crisis de medicamentos continuó afirmando que esa situación “cambió” actualmente porque “la gente tiene dónde quejarse, a quién reclamarle y este Gobierno escucha y actúa”. En este punto, huelga decir que un Gobierno que actúe y escuche no es un favor que le hacen a la ciudadanía, sino una obligación, y que las quejas y reclamos han sido un derecho y una opción que siempre han tenido los usuarios del sistema por medio de las EPS, los canales de la superintendencia del ramo, la Defensoría del Pueblo y las Personerías distritales y municipales.
Posteriormente, la presentadora dijo que “los recursos públicos de la salud son manejados por unos cuantos que manipulan datos y cifras y que tienen conflictos de interés que deben investigarse”, pero no mencionó cuáles son los presuntos conflictos, quiénes son esos “cuantos” ni por qué deberían investigarse.
De hecho, sobre esto lo que atinó a decir el ministerio es que “no puede ser que quienes dicen defender a los pacientes hoy tengan negocios ligados a la salud”, en referencia a las denuncias infundadas que ha publicado el senador Wilson Arias (Pacto Histórico) y que han sido replicadas por el presidente Gustavo Petro atacando a la organización Pacientes Colombia y a su vocero Denis Silva.
Esos señalamientos de Arias confundieron los nombres de las razones sociales de esa organización y la de una IPS (institución prestadora de servicios de salud) de Medellín, con el fin de decir que tenían intereses económicos en el sector, y expusieron las propiedades que Silva tiene registrado a su nombre. En entrevista con EL COLOMBIANO, el activista dijo que son propiedades que comparte con su familia —sobre las cuales no hay ninguna ilegalidad— y que después de los ataques en redes sociales, recibió amenazas y amedrentaciones.
Regístrate al newsletter