Entre febrero de 2023 y abril de 2024 el familiar del congresista firmó contratos de asesoría para las divisiones del ministerio que trabajan con minorías. Estuvo en líos judiciales en 2017.
El poder del senador Julio Elías Chagüi Flórez en el Gobierno no se limitaría al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). El Ministerio del Interior —entidad encargada de manejar la política y es el enlace entre el Congreso de la República y la Casa de Nariño— tuvo una huella familiar del parlamentario del Partido de la U.
Además de las personas que actualmente trabajan en altos cargos del Icetex y tienen vínculo familiar con la familia Chagüi (uno de los clanes políticos poderoso e influyentes de Córdoba), EL COLOMBIANO conoció que uno de sus hermanos ha estado vinculado en el Mininterior durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Celebró tres contratos en los que prestó apoyo jurídico a dos direcciones de esa entidad que manejan los temas con poblaciones vulnerables.
Los contratos fueron firmados en febrero de 2023, cuando el ministro era Alfonso Prada, en julio de 2023 y en abril de 2024, cuando el ministro era Luis Fernando Velasco.
El primer contrato que firmó el hermano de Chagüi fue el 8 de febrero de 2023 y tenía como finalidad apoyar los procesos de construcción de reglamentos internos de los consejos comunitarios que atiende la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
El plazo de ejecución de esa contratación fue de cuatro meses y tuvo un valor de $28 millones, por lo cual recibió un pago de $7 millones mensuales mientras lo llevó a cabo. Este vínculo laboral terminó en junio de ese año.
El segundo proceso por prestación de servicios que celebró el familiar de Chagüi fue el 27 de julio de ese 2023 y que se extendió hasta el 31 de diciembre. Tenía como finalidad prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías como enlace en Córdoba, para lo cual debía elaborar e implementar herramientas metodológicas para ejecutar programas y proyectos orientados al fortalecimiento de los procesos organizacionales.
El valor de este contrato, que se extendió por poco más de cinco meses, fue de $35’933.333, por lo cual recibió un salario de $7 millones mensuales, según señaló el contrato conocido por este diario.
El último contrato que firmó data del 16 de abril de 2024 y se extendió por ocho meses hasta el 15 de diciembre. De acuerdo con el objeto del documento, debía prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías brindando apoyo jurídico en los procesos que se adelanten en esa instancia en lo que refiere a las respuestas de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) que llegaran.
El valor que tuvo esa contratación fue de $56 millones y, al igual que las dos anteriores, se le pagó mensualmente $7 millones. Todos los contratos suman casi $120 millones y se ejecutaron en casi año y medio (sumando los plazos de ejecución de cada uno).
En 2017, el hermano de Chagüi estuvo vinculado e investigado (junto a otros 21 exfuncionarios) por un desfalco de más de $80.000 millones al Magisterio en Córdoba, en el que se le imputaron cargos por falsedad en documento privado, falsedad en documento público agravado, prevaricato por acción y peculado por apropiación. No obstante, por este caso, conocido como el carrusel de las pensiones, no hay reporte de si fue absuelto o condenado en la página de la rama judicial. Dos abogados y un falso abogado fueron condenados por esos hechos en 2020 y 2021.
Estas órdenes de prestación de servicios no pasarían de ser una relación contractual del pariente de Chagüi con una entidad del Estado, sino fuera por el vínculo que presuntamente guarda el senador del Partido de la U con uno de los ministros que estaba durante esos meses.
Según las declaraciones y pruebas que el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, le ha entregado a la Corte Suprema en medio de las investigaciones por el saqueo a esa entidad, el exministro Luis Fernando Velasco ordenó a finales de 2023 entregarle un contrato de esa institución al senador Chagüi.
“El 4 de diciembre (...) en la misma reunión del cónclave, el doctor Luis Fernando Velasco me da la orden de atender al senador Chagüi”, expresó López en una declaración.
En los mensajes de WhatsApp que tanto López como el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, han entregado como parte de su colaboración con la Justicia queda expuesta esa conexión. En varias de esas conversaciones, reveladas por el periodista Sebastián Nohra, se aprecia que el día (4 de diciembre de 2023) de esa reunión en el que Velasco dio la orden respecto a Chagüi, un asesor del entonces ministro le compartió a Olmedo el contacto del senador.
A los dos días, las excabezas de la UNGRD se reunieron con el parlamentario y acordaron ayudarle con un contrato de esa entidad en Sahagún (Córdoba). Ese día, el 6 de diciembre, Chagüi le envió por WhatsApp a Sneyder Pinilla el contacto del secretario de Infraestructura de ese municipio, Jorge González.
A finales de ese diciembre, el congresista le preguntó a un colaborador de Pinilla qué sabía “del tema de Sahagún”, a lo que respondió que “radicaron anoche” y le informó que el valor final fue de $22.000 millones.
Posteriormente, en enero de 2024 Chagüi le pidió que le pasara el proyecto de Sahagún porque “el ministro va para Hacienda (a) hacer eso. Me lo pidió”, en referencia, presuntamente, al entonces ministro Luis Fernando Velasco.
EL COLOMBIANO le preguntó al senador Julio Chagüi sobre si los contratos de su hermano con el Ministerio del Interior le han causado algún conflicto de interés en su labor parlamentaria y respondió que “siempre que llega a discusión (...) un proyecto de ley en el cual tenga que participar o votar (...) mis asesores estudian (...) si estoy impedido o no para participar. En el caso de que consideren que estoy impedido, lo presento”.
Así mismo se le consultó por la orden que Olmedo López y Pinilla recibieron de Velasco para entregarle el contrato de Sahagún mientras su hermano ejecutaba el segundo contrato con el ministerio. A esto dijo que la última contratación fue con el actual ministro, Armando Benedetti, y que “he asistido a todas las audiencias dentro de mi proceso en la honorable corte y ninguno de los testigos a dicho que yo cometí delito alguno”.
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