EL COLOMBIANO conoció la totalidad del informe de la Defensoría del Pueblo en el que se analiza el manejo de la tragedia: antes, durante y después.
A las 9:00 de la noche del 13 de noviembre de 1985 un estruendo alertó a la población del municipio de Armero, en Tolima; El volcán del Nevado del Ruiz estaba haciendo erupción. Así fue el inicio de una tragedia que aún no ha sido resuelta.
¿Qué pasó con las víctimas? Unos murieron, otros desaparecieron, otros viven en la sombra del abandono estatal y la mayoría sigue esperando verdad y justicia.
El volcán llevaba un año activo. Días antes soltaba ceniza, pero el país estaba mirando hacia otro lado. En el centro de Colombia, en Bogotá, los esfuerzos estatales estaban concentrados en la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Mientras tanto, los habitantes de Armero sufrían alergias por la ceniza volcánica que les llovía. Muchos llamaron a la radio, preguntando si había algo mal: la respuesta de las autoridades fue no. Todos fueron llamados a la calma.
En la noche, el volcán hizo erupción. En cuestión de minutos —dicen que tres— luego del estruendo que levantó a varios, los flujos piroclásticos del volcán ya habían derretido la nieve, creando así una avalancha de lodo, escombros, piedras y troncos que comenzaron a descender desde el cráter Arenas.
Todo empeoró cuando aquella mezcla de materiales llegó al Río Lagunilla y se unió con la corriente, haciendo que la fatal avalancha empezara a correr a toda velocidad —17 metros por segundo—, extendiéndose por kilómetros hasta llegar a aquella pequeña comunidad reconocida por la producción de algodón.
Mientras tanto, del cielo seguía cayendo ceniza.
A los 20 minutos de la erupción, el pueblo estaba totalmente enterrado. Los sobrevivientes solo podían percibir el olor a azufre.
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El silencio de aquel momento fue recordado posteriormente como la consecuencia de que, a pesar de las advertencias de expertos, las autoridades estatales ignoraron por completo las alertas que emitió el volcán por un año: “no hay de qué preocuparse”, decían.
Luego vinieron los gritos. Unos de dolor, otros preguntando por quienes amaban.
El desastre dejó aproximadamente 22.000 muertos y 5.000 heridos; además de más de 3.000 personas desaparecidas. Se habla de un aproximado porque, tal y como lo identificó el último informe de la Defensoría del Pueblo, el Estado colombiano desconoce detalles cruciales de las consecuencias del desastre.
Al desconocimiento se suma la impunidad. A pesar de que cientos de familias demandaron al Estado colombiano por negligencia, la mayoría de denuncias fueron archivadas “por fuerza mayor”.
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A hoy ya casi nadie busca culpables para llevarlos a juicio, sino que esperan respuestas. La deuda del Estado colombiano se configura entonces en ámbitos sociales, históricos, económicos, psicológicos y de verdad.
En Colombia estamos acostumbrados a hablar de la importancia de la verdad y la reparación. En aquel camino, también nos hemos hecho conscientes del significado de revictimización: la reviviscencia de una experiencia traumática que sigue sin obtener respuestas ni ser atendida a nivel social, psicológico, económico y político.
Aquella es la situación que viven las víctimas del desastre ocurrido en Armero. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo: “El Estado desconoce el número, identidad y ubicación de los sobrevivientes a la tragedia, así como la población afectada”.
Para el organismo de control, los puntos más críticos de desconocimiento son: la falta de información sobre los niños perdidos en Armero; los detalles sobre el saneamiento predial; la definición jurídica de la propiedad en el polígono del desastre y la titularidad, formalización y seguridad jurídica de las viviendas entregadas a los sobrevivientes en diversas partes del país.
”A cuatro décadas del evento, persisten algunos impactos sociales, económicos y culturales en los sobrevivientes, junto con vacíos normativos, debilidades institucionales y falencias en la política pública, que evidencian la necesidad de respuestas sostenidas y articuladas para la garantía efectiva de derechos y para que cese la afectación de las personas y comunidades que sobrevivieron al suceso”, dice el documento conocido por EL COLOMBIANO.
Y es que, de las —aproximadamente— 22.000 víctimas, se cree que el 22% fueron menores de edad.
En 2014, EL COLOMBIANO conversó con Hilda Pedroza, una de las madres que sigue buscando a sus familiares perdidos en la tragedia.
En su relato, Pedroza recuerda el estruendo, recuerda que tomó la mano de su hijo Ricardo Andrés Cárdenas (de cinco años) y que intentaron subirse al techo de una de las casas. Aquello fue una pelea perdida en contra de la veloz avalancha que terminó separándolos. Nunca más supo de Ricardo: no hubo cuerpo, pero tampoco volvió él.
Según diversos testimonios, el día de la tragedia observaron cómo varias personas que llegaban a ayudar tomaban a niños de la mano y se los llevaban, sin más.
Organizaciones como Armando Armero se han ocupado de luchar contra las aproximaciones y buscan los datos reales. Según sus informes, alrededor de 580 menores de edad desaparecieron tras la avalancha. Con el paso del tiempo han encontrado pruebas de supervivencia de 150 de ellos.
Sin embargo, el camino por recorrer aún es largo, y el tiempo se agota para cientos de familias que no pierden la esperanza de encontrar a sus niños, ahora convertidos en adultos.
Al respecto, la Defensoría aseguró: “Es imperativo impulsar el programa de búsqueda, identificación y reunificación familiar de los niños y las niñas perdidas de Armero”, resaltando que debería hacerse el uso de herramientas como la prueba de ADN, la actualización de registros civiles y la consolidación de una base de datos genética y documental que permita establecer vínculos biológicos y jurídicos.
“No sobra registrar que esta actividad viene siendo asumida por la Fundación Armando Armero, limitada por los escasos recursos económicos de esta organización y con bajo apoyo gubernamental”, agregó el informe de la entidad.
Mientras tanto, unidades de búsqueda de la organización mencionada han logrado reunir a algunas familias. El rastro es largo: decenas de niños víctimas de Armero fueron encontrados años después en Europa y en diferentes departamentos de Colombia.
Actualmente, lo que solía ser Amero es solo un terreno baldío con homenajes, fotos, tumbas, peluches, flores y velas. Después del desastre, la Alcaldía del municipio emitió un seco comunicado en el que estableció: “Por ordenanza, el 13 de noviembre de 1986, se fija a Guayabal como cabecera del municipio de Armero”.
Así, los pocos sobrevivientes se trasladaron a 107 kilómetros de donde ocurrió la tragedia. Un recorrido de poco más de dos horas.
Sin embargo, para 2025, la Defensoría aseguró que no se tiene conocimiento exacto de dónde se asentaron las víctimas ni de cuáles son las condiciones de las viviendas que hoy habitan.
“Perdimos la casa en Armero y nunca nos dieron título en donde vivimos ahora”, dice uno de los testimonios recogidos por la Defensoría. El otro asegura: “La vivienda que me entregaron era incompleta y aún no tiene servicios básicos”.
Al respecto, la entidad aseguró: “Se recomienda la realización de un censo oficial, por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) bajo los parámetros establecidos por la UNGRD, con el apoyo de las autoridades territoriales de los municipios y departamentos receptores de población sobreviviente”.
Además, señaló que las personas afectadas por la tragedia deberán ser priorizados en programas de viviendas de interés social y de asignación de tierras, con el fin de garantizar condiciones de estabilidad habitacional y seguridad jurídica.
Por el momento, una de las víctimas resumió la situación de quienes dejaron aquel municipio en una frase: “Estamos en todo lado, menos en Armero”. Lo dijo desde Bogotá, mientras que los vecinos que conocía se reparten en otras partes de la ciudad, y en departamentos como Antioquia y Tolima.
Depresión, pérdida de la identidad, sentimientos de soledad, desesperanza y estrés; esas son algunas de las emociones que atraviesan los sobrevivientes de Armero 40 años después de la tragedia.
“Perdí los papeles de mi matrimonio y nunca pude volver a registrarlos”, “no tengo cómo demostrar que mis hijos son míos”, “nadie nos certificó que los cuerpos de nuestros familiares correspondían a quienes nos dijeron”; esos son apenas tres de los 67 de testimonios que recogió la Defensoría del Pueblo.
A pesar de que a veces las cifras se tornan distantes, las del documento resultan dicientes: el 70% de las víctimas de Armero manifestaron tener miedo recurrente, pesadillas, insomnio y tristeza; solo el 19% recibió atención psicológica. Uno de los testimonios anónimos narró que perdió a 42 familiares aquel día, pero no ha recibido acompañamiento.
Por otro lado, Esperanza, de 45 años, aseguró desde Ibagué: “Mi vida de infancia fue un poco dura porque quedé sin padres y sin hermano...me criaron mis tías y pues no es lo mismo”, aseguró.
Y así, en medio de tantas preguntas y vacíos, cuando los sobrevivientes se dirigen al Estado, no encuentran respuestas.
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