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Alianza Verde suspendió a Iván Name y Sandra Ortiz por caso UNGRD, pero guarda silencio frente a Carlos Ramón González

La colectividad anunció que, pasado un año de las denuncias, determinó suspenderlos en el ejercicio de sus derechos estatutarios. Sin embargo, no adoptó medidas frente a González, quien permanece fuera del país.

  • La Alianza Verde manifestó que al partido no lo definen las individualidades y que hay una “esencia verde, de transformación cívica y ética”. FOTOS: Cortesía y Colprensa
    La Alianza Verde manifestó que al partido no lo definen las individualidades y que hay una “esencia verde, de transformación cívica y ética”. FOTOS: Cortesía y Colprensa
hace 39 minutos
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Por cuenta del escándalo de corrupción con dineros arañados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este martes se conoció que el partido Alianza Verde suspendió en el ejercicio de sus derechos estatutarios al senador Iván Name, así como a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que entre los sancionados no figura el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, uno de los mencionados en el escándalo y quien actualmente permanece fuera del país.

Las investigaciones en su contra por su posible participación en el saqueo a la UNGRD avanzan con resultados reveladores. Tanto así, que en marzo pasado la Fiscalía solicitó al Tribunal Superior de Bogotá la imputación de cargos por tráfico de influencias, un primer paso en un caso que podría escalar aún más.

Durante más de 30 años, González Merchán operó en las sombras, tejiendo estrategias y entregando avales desde la Alianza Verde, que él mismo fundó en 2005 bajo el nombre de Opción Centro. Sin embargo, su llegada al Dapre en 2023 lo sacó del anonimato y lo puso bajo los reflectores.

Frente a las sanciones contra Name y Ortiz, la Alianza Verde recordó que desde hace más de un año, en mayo de 2024, fueron denunciados formalmente ante el Consejo de Control Ético del partido de cara a determinar el grado de responsabilidad frente a las denuncias y establecer las sanciones correspondientes.

“Los recientes acontecimientos, incluida la medida de detención en centro carcelario ordenada por la Sala de Instrucción y Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, ratifican la pertinencia de las acciones preventivas adoptadas por el Partido Alianza Verde”, explicó la colectividad.

En esa línea, la Dirección Nacional del partido reiteró que “no tolera, acepta ni consiente prácticas de corrupción bajo ninguna circunstancia, ni actúa como cómplice de quienes incurren en conductas contrarias a la ética y a los principios que rigen nuestro accionar político”.

Aunque la colectividad reconoció la “contundencia del proceso penal en curso”, ratificó el respeto al debido proceso en el marco de la actuación disciplinaria interna. “En tal sentido, nos mantenemos atentos a las decisiones que emita el Consejo de Control Ético, al cual se ha solicitado la aplicación de medidas cautelares rigurosas, en coherencia con los avances del proceso judicial”, agregó.

Por último, la Alianza Verde manifestó que al partido no lo definen las individualidades y que hay una “esencia verde, de transformación cívica y ética” que los distingue como colectividad y sigue siendo un común denominador entre quienes la integran. “Seguiremos comprometidos con la transparencia, la legalidad y la lucha frontal contra la corrupción”, concluyeron.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en contra del expresidente del Senado, Iván Name, señalado de recibir hasta 3.000 millones de pesos en sobornos –mientras se desempeñó como presidente del Senado– para favorecer, a cambio, la agenda legislativa del gobierno de Gustavo Petro.

Por su parte, Sandra Ortiz, quien también permanece recluida, es señalada como la emisaria de los millonarios sobornos por 4.000 millones de pesos que, presuntamente, recibieron tanto Name como el expresidente de la Cámara Andrés Calle, a finales de 2023, para aprobar las reformas del Gobierno en el Congreso. Según las investigaciones, ese dinero habría salido de la Unidad.

El entramado fue dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, quien dirige más de 30 empresas, entre ellas Brands S.A.S., Impoamericana Rogers S.A.S., Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya han sido imputados.

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