Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela desde 2013, ahora se encuentra ante la justicia de Nueva York tras ser capturado por las fuerzas de Estados Unidos, en un hecho que marca el mayor golpe contra el poder chavista desde la muerte de Hugo Chávez.
Desde entonces, se sostuvo en el poder en medio de denuncias de autoritarismo, fraude electoral y represión. Junto a él fue detenida su esposa, Cilia Flores, figura clave del régimen.
Nicolás Maduro es acusado por la justicia de Estados Unidos de encabezar, durante más de dos décadas, una estructura criminal que habría utilizado al Estado venezolano como plataforma para el narcotráfico internacional y el apoyo a organizaciones consideradas terroristas.
Así lo sostiene una acusación publicada por la fiscal general de EE. UU. Pamela Bondi y firmada por Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, en la que describen a Maduro como una figura central de un entramado que permitió el envío de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, en alianza con guerrillas colombianas, carteles mexicanos y bandas criminales transnacionales.
Según el documento judicial, la acusación ubica a Maduro como uno de los líderes del llamado “Cartel de los Soles”, una red integrada por altos funcionarios civiles, militares y de inteligencia de Venezuela que, desde al menos 1999, habría brindado protección institucional al tráfico de drogas.
La fiscalía sostiene que Maduro, primero como diputado, luego como canciller, vicepresidente y finalmente como presidente, facilitó operaciones de narcotráfico a cambio de beneficios económicos y políticos, corrompiendo organismos del Estado y garantizando impunidad a sus socios criminales.
Uno de los ejes centrales de la acusación es la supuesta alianza de Maduro con organizaciones armadas como las extintas FARC y el ELN, así como con el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.
De acuerdo con el expediente, estas estructuras producían y transportaban cocaína con protección, armas y apoyo logístico desde Venezuela. La acusación califica esta conducta como “narco-terrorismo”, al considerar que el narcotráfico servía para financiar actividades terroristas dirigidas contra Estados Unidos y otros países.
Las pruebas descritas detallan, por ejemplo, que durante su etapa como canciller, Maduro habría entregado pasaportes diplomáticos a narcotraficantes para facilitar el movimiento de dinero ilícito bajo cobertura oficial, además de autorizar vuelos privados protegidos por la inmunidad diplomática para transportar ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela.
La acusación también señala que, ya como presidente, Maduro permitió el uso de aeropuertos, puertos y pistas clandestinas controladas por militares corruptos para despachar cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.
Se mencionan incautaciones concretas, como el decomiso de más de cinco toneladas de cocaína en México en un avión que habría salido de Venezuela con apoyo de altos mandos militares, así como la incautación de 1,3 toneladas en un vuelo comercial que llegó a París en 2013, un episodio que, según los fiscales, provocó reuniones de alto nivel en Caracas para encubrir responsabilidades.
“Durante la reunión, Maduro les dijo a Diosdado Cabello y a Hugo Carvajal Barrios que no debieron haber utilizado el Aeropuerto de Maiquetía para el narcotráfico después del decomiso de 2006 en México, y que en su lugar deberían utilizar otras rutas y lugares bien establecidos para el tráfico de cocaína”, indicó el documento.
El expediente judicial involucra además a miembros del círculo más cercano de Maduro, incluidos su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra.
La fiscalía sostiene que familiares del mandatario participaron directamente en operaciones de narcotráfico y en negociaciones con traficantes, y recuerda la condena en Estados Unidos de dos sobrinos de la primera dama, quienes fueron grabados mientras negociaban el envío de cocaína desde el llamado “hangar presidencial” del aeropuerto de Maiquetía.
Ambos “acordaron, durante reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA, despachar cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína desde el “hangar presidencial” de Maduro en el aeropuerto de Maiquetía”.
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Los llamados “narcosobrinos” “explicaron que estaban en “guerra” con Estados Unidos, describieron al Cártel de Los Soles, hablaron de una conexión con un “comandante de las FARC” de “supuesta alta jerarquía” e indicaron que buscaban recaudar 20 millones de dólares del narcotráfico para apoyar una campaña de Flores de Maduro en relación con las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de 2015”.
Uno de ellos “se refirió a Maduro Moros como su “padre” y declaró que “lo que queremos es que recupere el control de la Asamblea Nacional””. En 2016, ambos fueron condenados a 18 años de prisión en Estados Unidos.
En términos penales, Maduro enfrenta cargos por conspiración de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso y posesión de armas de guerra, como ametralladoras y explosivos, en el marco de actividades de narcotráfico.
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También recordaron que en 2019, poco después de que ciertos líderes de las FARC regresaran a las armas a pesar de la firma del acuerdo de paz con el gobierno colombiano, Maduro dijo en una conferencia de prensa que “las FARC y sus líderes eran bienvenidos en Venezuela”.
En la acusación, a Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia entre 2002 y 2008, se le describe como un funcionario con relaciones de larga data con las FARC y el ELN.
Rodríguez Chacín habría actuado como emisario y garante de confianza entre Nicolás Maduro y los grupos armados.
“Entre 2018 y 2019, Rodríguez realizó múltiples viajes desde el estado de Barinas a Caracas con un líder clave de las FARC para reunirse con Maduro. Estos viajes formaban parte de una larga trayectoria de reuniones regulares de Rodríguez con miembros de las FARC y del ELN, tanto en sus campamentos selváticos como en Barinas, ya que Rodríguez fue asignado por Maduro para brindar protección y apoyo a las FARC y al ELN. Rodríguez también llevó a líderes de las FARC a reunirse con Maduro en Miraflores, el palacio presidencial en Caracas, así como en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Caracas y sede del Ministerio de Defensa de Venezuela”, dice el documento.
La acusación sostiene que estas conductas fueron parte de una política sostenida para consolidar poder político y económico mediante el crimen organizado.
Para la fiscalía, las pruebas permiten sostener que el mandatario venezolano “está al frente de esa corrupción y se ha aliado con sus cómplices para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
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