El aval que le dio un juez de la república al principio de oportunidad para uno de los implicados en presuntos delitos que se cometieron en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), el cual está dispuesto a confesar a cambio de un trato favorable de parte de la justicia, dinamizaría de manera importante las investigaciones sobre la corrupción que habría operado en la pasada administración de esa entidad y en general de Medellín durante la pasada administración. Así lo indicaron fuentes cercanas a estos procesos que fue consultada por EL COLOMBIANO.
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De hecho, a finales de octubre pasado, el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había hecho un llamado a los operadores judiciales para que le dieran vía libre a este beneficio para un testigo clave que estaba dispuesto a confesar a partir de su propia participación en el presunto entramado ilegal a través del cual se habrían direccionado contratos hacia algunas empresas en el anterior periodo en el que el AMVA estuvo en cabeza de Juan David Palacio y la capital antioqueña, de Daniel Quintero.
Según se puede constatar al consultar la baranda virtual de la Rama Judicial, el acto que implica la cesación las acciones penales para esa persona dentro del proceso por presunta firma de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y peculado por apropiación, recibió el visto bueno de un juez de control de garantías el pasado 16 de diciembre, aunque solo se conoce ahora.
Por otra fuente allegada al tema, este medio de comunicación también pudo constatar que la decisión se dio dentro de una audiencia que no fue de conocimiento público debido a la naturaleza de los asuntos a tratar.
Este medio se abstiene de revelar la identidad del testigo que está cooperando con la justicia con el fin de preservar su integridad, sobre todo teniendo en cuenta que existe información acerca de que varios de quienes tienen información valiosa al respecto habrían recibido intimidaciones.
El proceso en concreto donde habría participado el testigo tiene que ver con los manejos que hubo alrededor del Parque de las Aguas pero se espera que lo que diga tenga repercusiones sobre otros casos, como la contratación del AMVA con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y en general que dé luces de cómo habría funcionado la presunta corrupción en varias entidades adscritas al Distrito durante el periodo 2020-2023.
Vale la pena recordar que sobre el Parque de las Aguas se abrieron inicialmente dos procesos. La Fiscalía presentó a finales de enero de 2025 el escrito de acusación contra nueve personas por presuntas irregularidades en los contratos de Metroparques, con recursos del Área Metropolitana, para el mantenimiento por casi $18.000 millones y había otro expediente por la construcción de una bodega que al parecer no era necesaria, según la Fiscalía, y se hizo sin las especificaciones, por $243 millones; luego fueron unificados.
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Ahora están respondiendo por esto Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Jorge Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez, exgerentes de Metroparques; Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques, y Laura María Mejía Higuita, líder del programa unidad logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; también, los particulares Juan Alexander Pino, Fabio Miguel Mestre, Yamileth Galíndez y Lilibeth Pino Jaramillo, representantes legales de las empresas contratistas.
Igualmente están Carlos Augusto Jaramillo, exsecretario General de Metroparques; César Augusto Chavarría Munera, exJefe de la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) de Logística de Eventos de Metroparques; Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de Constru Americana, y Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques. Es importante recordar que por este caso ya hubo extinción de bienes por unos $3.000 millones.
La forma como habría operado la corrupción en el Área Metropolitana ha estado siendo revelada en las distintas audiencias relacionadas con los distintos casos que se presentaron dentro de esa entidad. Por ejemplo, en noviembre pasado, en la diligencia de imputación de cargos contra tres personas que previamente habían sido capturadas por su supuesta participación en actos ilegales que se habrían cometido en una contratación por casi $18.000 millones entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, el fiscal anticorrupción del caso, Rodolfo Esteban Sánchez. reveló un correo de febrero de 2024 a la Veeduría Todos por Medellín en el que un denunciante indicaba la existencia de un tinglado cuya cabeza habría sido Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Vale la pena recordar que las personas aprehendidas allí inicialmente fueron el exgerente de los bomberos, Misael Cadavid; el capitán de la misma agrupación, Elkin González, y la funcionaria del AMVA Yaneth Rúa. Luego salió libre González, pues el juez de control de garantías consideró que no representaba un peligro para la sociedad ni para la investigación, algo que no conceptuó con relación a los otros dos.
Ese mismo mensaje, que dio origen a las primeras indagaciones, mencionaba que Miguel Quintero y Villada fueron los responsables de la entrega presuntamente amañada de los contratos a los bomberos y que habrían urdido la conformación de un comité paralelo que controlaba la contratación no solo allí sino en dependencias adscritas a la administración de Medellín, como Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano. Esto lo habrían hecho valiéndose de fichas puestas directamente allí.
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El autor del mensaje aseguró que Villada era la “persona encargada de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivalían a $3.200 millones, que eran entregadas en efectivo y salían de la cuenta del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí”.
El caso de los bomberos es especial por ser el primero de los 39 que están abiertos por presunta corrupción durante la administración de Quintero donde se han producido capturas, y vendrían otras más, según anunció en su momento el fiscal Sánchez. Lo que muchos se preguntan es por qué con los indicios y evidencias no han sido llamados por la justicia Miguel Quintero ni Juan David Palacio, así como otros funcionarios sin cuya participación u omisión tanto ilícito no hubiera sido posible.
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