Un juez de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario a un hombre de 35 años que habría torturado, secuestrado y abusado sexualmente de su pareja en Medellín.
La mujer, migrante venezolana, habría sido víctima de múltiples vejámenes físicos, sicológicos y sexuales durante dos años e incluso hasta el último día antes de dar a luz.
Un juez de Control de Garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario a un hombre de 35 años que habría torturado, secuestrado y abusado sexualmente de su pareja en Medellín.
Según los detalles del caso, los hechos ocurrieron durante dos años en una vivienda del barrio Villa Hermosa de la Comuna 8, al oriente de Medellín. De acuerdo a las pesquisas, en múltiples oportunidades el presunto agresor habría golpeado y maltratado psicológicamente a la mujer usando términos discriminatorios por su condición de migrante.
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Las pruebas de la Fiscalía darían cuenta de que la víctima, de 25 años entre marzo y julio de 2023 habría sido sometida a torturas y tratos denigrantes, como forzarla a dormir debajo de la cama y amenazarla con atentar contra su vida y la de su familia, residente en Venezuela.
Además, en noviembre de 2023, el procesado la habría secuestrado durante dos semanas en su vivienda atándola y sometiéndola a violencia sexual. Durante el secuestro, el hombre presuntamente le cortó el cabello y la obligó a comer de rodillas mientras le arrojaba agua.
La Fiscalía evidenció que en julio de ese mismo año, esta persona le habría exigido casi un millón de pesos a la madre de la víctima a cambio de no atentar contra su vida. Dinero que fue transferido a causa de las intimidaciones.
Para acabar de agravar la situación de la víctima, todos estos vejámenes los sufrió mientras se encontraba en estado de embarazo. De hecho, el hombre la hostigaba con hacerle perder el bebé y además las agresiones físicas ocurrieron incluso un día antes de dar a luz.
Según la información obtenida por la policía judicial, después del nacimiento del hijo de la pareja, las amenazas de muerte continuaron y se extendieron al menor de edad.
Tras la detención del hombre por parte de las autoridades, en el juicio un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de tortura, secuestro simple, acceso carnal violento, extorsión y violencia intrafamiliar, todas las conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados por el acusado. Aún así, el juez lo envió a la cárcel mientras se surte su proceso judicial.