Pocas veces ocurre que cerca de la mitad de los implicados en un proceso penal busquen confesar para obtener beneficios. Es lo que está sucediendo con el caso por presunta corrupción en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itagüí durante la pasada administración.
Ya dentro de ese caso había una persona a la que le habían avalado un principio de oportunidad y otra pendiente de un visto bueno, y en la mañana de ayer el abogado de una más manifestó que está siguiendo el igual camino.
Es importante recordar que las primeras capturas de ese caso se produjeron en octubre de 2025. Fueron las de Misael Cadavid, entonces gerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí; Elkin de Jesús González, jefe de la misma agrupación, y María Yaneth Rúa, una profesional del AMVA.
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A los dos primeros la Fiscalía los imputó por presunto peculado, mientras que a ella le agregó interés indebido en celebración de contratos. Por orden del juez, Cadavid y Rúa fueron cobijados con medida intramural, mientras que González siguió en libertad.
Luego, en una segunda tanda, en enero pasado, fueron imputados el exdirector del Área, Juan David Palacio (interés indebido en contratos y peculado por apropiación); las ex subdirectoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya (presunto interés indebido en contratos), y Juan Alberto Cardona, que ha sido contador y tesorero de los bomberos de Itagüí (falsedad en documento privado), pero ninguno quedó tras las rejas.
En las últimas audiencias, hasta el 4 de marzo, los abogados de varios plantearon sus argumentos para sustentar una petición de nulidad del proceso y la idea era que siguieran este 8 de abril.
Sin embargo, en los primeros minutos de la diligencia que comenzó a las 8:40 a.m., el abogado Emmanuel Goldstein, que defiende a María Yaneth Rúa, informó que esta está aspirando a que la Fiscalía y, posteriormente, un juez de garantías le acepten una petición de principio de oportunidad que instauraron el lunes. Igualmente, Magda Sofía Ramírez, la nueva fiscal asignada a este proceso en reemplazo de Rodolfo Esteban Sánchez, informó que González está pendiente del aval de un juez de garantías y el abogado Juan José Ospina indicó que Cadavid, su poderdante, ya goza de libertad por haber recibido el visto bueno en un proceso similar.
¿Quiénes son los dispuestos a testificar en el caso de corrupción del AMVA?
De los cuatro dispuestos a dar información, el de mayor perfil es Cadavid, tanto por su recorrido en el mundo público como por lo que pudiera conocer.
Es médico egresado de la UPB, se desempeñó como director del hospital de San Luis (Oriente antioqueño), La María (Medellín) y el San Rafael de Itagüí. Fungió además como gerente de Municipios, director del Departamento de Atención de Desastres (Dapard) y subsecretario de Salud de Antioquia en la gobernación de Luis Pérez, de quien era amigo y aliado político. A la par con esos cargos, era bombero y ejerció en los intermedios como gerente de la agrupación en Itagüí.
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De hecho, en medio de la campaña para acceder a la Cámara en 2022, divulgaron una polémica grabación que muestra su relación con Pérez y con Daniel Quintero, quien por ser entonces alcalde de Medellín tenía prohibido participar en política.
“Te cuento que el lunes pasado, ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, le dice, entre otras cosas comprometedoras, a un destinatario, según el audio que publicó el portal Voragine.
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Finalmente, Luna declinó cualquier vinculación con esa empresa proselitista y Cadavid se “quemó”, pero existen versiones y posibles evidencias acerca de que parte de la plata de los contratos que actualmente están en entredicho fueron a dar a la campaña.
De su paso por La María también hay indagaciones por presunta corrupción que lo han mencionado. Pero tal vez lo más importante, que le aporta perfil –y genera más expectativa– es que de acuerdo con testigos ante la Fiscalía, Cadavid habría sido el articulador de un supuesto negocio para pagar una franquicia de 8 millones de dólares para que particulares controlaran la contratación en Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica. Es decir que habría tenido acceso a las ligas mayores de la presunta corrupción que habría operado durante la alcaldía de Daniel Quintero.
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La señora Rúa, por su parte, nació en San Luis, laboró en la alcaldía local, se hizo ingeniera ambiental y se enganchó con la corporación autónoma Cornare.
Existen versiones de que apoyó campañas políticas y su esposo fue secretario de Gobierno. En ese trayecto se habría encontrado con Cadavid. En julio de 2012 entró al Área y era voz pop que la había llevado Carlos Mario Montoya, el nuevo director, que, como Cadavid, es médico y muy amigo de Luis Pérez.
Desde su rol de supervisora de contratos podría conocer más aristas de corrupción y eso haría valioso su testimonio.
De otro lado, Elkin González habría sido como la sombra de Cadavid en los bomberos de Itagüí, conociendo intimidades de quiénes y cómo manejaban las cosas en esa entidad.
Un abogado que ha tenido acceso al expediente del AMVA y bomberos indicó que estos casos en los que tantos presuntos implicados quieren colaborar suelen darse solo cuando la acusación está muy bien sustentada y el acervo probatorio resulta demoledor.
Pero ello podría aumentar el nivel de exigencia de la Fiscalía y de los jueces para aceptarlos, pues no les pueden conceder la cesación de la acción penal que conlleva el principio de oportunidad si lo que declaran y las pruebas que aportan no conllevan a conocer algo que no se sepa.
Si no se dan los méritos para ese beneficio, la alternativa sería buscar un preacuerdo, aceptando los cargos para reducir la pena hata a la mitad, pero una condición posible es que devuelva al menos la mitad del dinero que se haya apropiado y se comprometa a reintegrar luego el resto.
En el caso de los bomberos de Itagüí y el Área, se celebraron seis contratos por concepto de capacitaciones y suministros que involucraron casi $18.000 millones y el peculado lo tasó la Fiscalía en 2.481 millones, sin embargo habría que determinar en qué proporción los implicados se pudieron apropiar de esa cantidad.
Otra salida del preacuerdo entregar pruebas contra personas diferentes, con el propósito de dar a conocer cuáles fueron los determinadores principales del supuesto engranaje corrupto que habría operado en el Área.
Acá es importante señalar que una cuarta testigo, Laura Mejía, que estuvo implicada en otro proceso –el de contratación por unos $18.000 millones para mantenimiento y obras en el Parque de las Aguas– aportó materiales como chats, audios, fotos y otros documentos para develar el modus operandi del tinglado.
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Según ella, quien mandaba en la contratación del Área, incluso por encima del director, era Miguel Quintero, el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero. Y habría estado aliado con el subdirector financiero del AMVA, Álvaro Villada, y con el gerente de Metroparques, Jorge Liévano, entre otras personas.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es el caso AMVA?
- Es una investigación por presunta corrupción en contratos entre el Área Metropolitana y bomberos de Itagüí.
- ¿Qué es el principio de oportunidad?
- Es un beneficio judicial que permite suspender la acción penal a cambio de colaboración eficaz.
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