La Procuraduría vinculó a María Antonia Sánchez Rave, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín y ficha clave del quinterismo, por posibles faltas disciplinarias en dos procesos contractuales de 2023 destinados al mejoramiento de infraestructura educativa.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 9 ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra María Antonia Sánchez Rave, quien fungió como gerente general de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.
El auto de investigación disciplinaria, con fecha del 15 de enero de 2025, también vincula a Carolina Patiño Salazar, contratista de la EDU y miembro del Comité Asesor Evaluador para la época de los hechos.
La investigación se centra específicamente en posibles irregularidades relacionadas con los procesos de contratación No. IP 01 de 2023 y CO 05 de 2023. El objeto de estos procesos era el “mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación integral de establecimientos educativos ubicados en las comunas 6 (Doce de octubre), 7 (Robledo) y 60 (San Cristobal) del distrito de Medellín”.
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Para establecer si los hechos constituyen una falta disciplinaria, la Procuraduría decretó la práctica de pruebas y ordenó oficiar a la EDU para que remita, en un plazo de diez días, toda la documentación de soporte, incluyendo los estudios previos, las invitaciones para presentar propuestas, las certificaciones laborales de quienes integraron el Comité Asesor y Evaluador, y copia del acto administrativo por medio del cual se declaró desierto el proceso contractual No. IP 01 de 2023.
Esta nueva investigación disciplinaria pone el foco en uno de los puntos más sensibles de la administración pasada: el deterioro de la infraestructura educativa. La nueva administración de la EDU ha denunciado que los mantenimientos y reformas en 411 sedes escolares financiados por la ciudad registraban a comienzos del 2024 un retraso general de por lo menos el 77%.
Durante la gerencia de Sánchez Rave (noviembre de 2022 a marzo de 2023), se firmaron contratos que, según denuncias de la gerencia actual, quedaron con cláusulas que redujeron el margen de maniobra de la EDU para hacer reclamos y que le dieron a los constructores cronogramas “vagos y amplios”.
Un ejemplo de estas presuntas irregularidades contractuales ocurrió en febrero de 2023, cuando Sánchez Rave firmó un contrato por $9.678 millones para el mantenimiento de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez. Este contrato, a pesar de su monto, no contenía cláusulas penales, quitándole “dientes” a la EDU para exigir resarcimientos por incumplimientos o retrasos.
La EDU fue una de las entidades del Distrito que más denuncias de corrupción y problemas financieros enfrentó durante la administración de Daniel Quintero. Al final de dicho gobierno, la entidad tenía un déficit de caja proyectado de $14.400 millones y había cambiado su manual de contratación para aumentar en 1.900% el límite permitido para la contratación directa.
El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, se pronunció sobre la apertura del proceso disciplinario y afirmó que ”van saliendo cada vez más y más cosas de todo ese entramado de corrupción que se dio en la alcaldía del hoy, imputado y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero”.
Hay que recordar que María Antonia Sánchez Rave, además de su periodo fugaz como gerente (2022-2023), ya había sido subgerente y mano derecha del exgerente Wilder Echavarría, exgerente de la EDU, y su nombre ha sido asociado a la empresa Kaliza Arquitectos S.A.S., de la que fue fundadora y directora hasta enero de 2019. Mientras Sánchez Rave tomaba decisiones en la EDU, esta entidad contrató miles de millones con Kaliza Arquitectos. Entre 2020 y 2021, la firma recibió cinco contratos por $2.773 millones de la EDU.
Para el concejal, Sánchez Rave es “ficha clave de Daniel Quintero que hizo y deshizo en Medellín, cuestionada por contratos irregulares”.
Además, el corporado destacó la conexión de la exdirectora de la EDU con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD):
“Una mujer que hizo y deshizo en Medellín, cuestionada por contratos irregulares en la entidad que dirigió y que ahora parece también salpicada en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con Olmedo López”.
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De Bedout recordó que la empresa que Sánchez Rave representaba, Kaliza Arquitectos, terminó contratando con la EDU y “al mismo tiempo hizo parte de consorcios que fueron favorecidos con millonarios contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”. Estos contratos fueron supuestamente adjudicados por otra aliada de Quintero en la UNGRD, Alethia Arango Gil, quien también está imputada por presuntos casos de corrupción en Medellín.
Para el concejal, “esto no es casualidad, es la muestra de cómo el quinterismo convirtió las instituciones en fortines para repartir plata, contratos y favores. Medellín fue saqueada y ahora las investigaciones empiezan a destaparse toda la magnitud de este entramado que llegó hasta el gobierno nacional”.
Tras la salida de Sánchez de la EDU, Kaliza Arquitectos se convirtió en una de las megacontratistas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) durante la dirección de Olmedo López (hoy confeso corrupto) y bajo la supervisión de Alethia Arango, exsubdirectora de Reducción del Riesgo y funcionaria de la administración Quintero.
Según denuncias del propio director de la UNGRD, Carlos Carrillo, Kaliza recibió cerca de $100.000 millones de la entidad en poco tiempo, a través de “asignaciones exprés en las que en el mismo día se publica la oferta y se adjudica”. Kaliza se quedó con jugosos contratos en Antioquia (Angelópolis, Valdivia, Jericó) y Puerto Boyacá.
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Aunque Sánchez Rave ha asegurado en el pasado que no tiene relación con Kaliza Arquitectos desde 2018 y que no está involucrada en la contratación que hizo la empresa con la EDU o la UNGRD, el proceso disciplinario abierto por la Procuraduría suma un nuevo frente de investigación a la gestión de los funcionarios cercanos al exalcalde Daniel Quintero.
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