En las últimas horas se ha presentado un cruce de declaraciones entre el gremio constructor y el Gobierno Nacional. La cuestión es que se ha especulado un aumento en el costo de la vivienda a raíz del ajuste del 23% del salario mínimo, pero realmente, ¿qué tanto afecta el precio de la vivienda?
Todo comenzó porque en la tarde del 4 de enero el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia al sector constructor al pedir que se deje de informar a los compradores que los precios de la vivienda serán indexados al mismo porcentaje del salario vital (23,7%).
Incluso, el mandatario sostuvo que esa es una práctica que constituye en “estafa delictiva” contra los consumidores y debe ser investigada por las autoridades competentes. Algo que más adelante se precisa que no es del todo cierto.
Cabe destacar que las viviendas VIS y VIP sí están indexadas al salario mínimo en Colombia y hay definidos unos topes que se verán en detalle más adelante.
A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado solicitó de manera explícita la intervención de los entes de control: “Solicito a las empresas constructoras dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, esa es una estafa delictiva y le solicito a la superintendencia de vigilancia realizar las investigaciones y sanciones respectivas”.
En su pronunciamiento, Petro cuestionó la justificación de las constructoras para trasladar el aumento salarial a los precios finales de los inmuebles. Señaló que el costo laboral no representa la totalidad del valor de una obra y que existen otros factores que, incluso, han reducido sus precios.
“Muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio”, afirmó el presidente, al recalcar que no existe sustento técnico para indexar automáticamente el valor de las viviendas al salario mínimo.
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El mandatario también dirigió un mensaje directo al Ministerio de Vivienda para abstenerse de transferir recursos públicos a las empresas que, según su criterio, mantengan estas prácticas comerciales.
“Solicito a Minvivienda abstenerse de girar recursos de subsidio a constructoras que estén en este momento estafando a sus clientes”, escribió Petro, elevando el tono del debate y vinculando el acceso a subsidios estatales con el comportamiento de las empresas frente a los compradores.
Camacol le responde a Petro
El gremio respondió en su cuenta de X. Camacol sostuvo que en las declaraciones del jefe de Estado tenía un problema de forma: “su aproximación ha sido desde la descalificación y la amenaza, no desde el diálogo técnico ni el análisis responsable. Esa actitud contrasta con los principios de política del amor y paz total que usted mismo ha invocado como ejes de su Gobierno”.
Frente a la supuesta fluctuación, el gremio indicó que los topes de precios de la vivienda de interés social (VIS) están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y se encuentran indexados al salario mínimo decretado por el Gobierno. “Estos topes son límites máximos, no aumentos automáticos”, precisó.
No se han definido incrementos de los precios
En el mensaje también se lee que “el gremio constructor no ha definido incrementos de precios”. Y añadió que elevado alza definida por el Ejecutivo tomó por sorpresa a la economía.
Eso sin mencionar que según Camacol, el contexto nacional es crítico, ya que de acuerdo a sus datos, más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda en 2025 tras la cancelación del famoso programa Mi Casa Ya.
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“En este escenario, nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores para que puedan acceder a vivienda propia y proteger la viabilidad del sector, incluso en medio de la incertidumbre creada por sus decisiones de política pública”, precisó el gremio.
¿Cuánto afecta realmente la subida del salario mínimo los precios de la construcción?
De acuerdo con expertos consultados por esta redacción, el ajuste del salario mínimo tiene un impacto inmediato sobre la estructura de costos del sector constructor. No solo encarece la mano de obra, que equivale aproximadamente a una cuarta parte de los costos directos, sino que también impulsa al alza gastos asociados como materiales, logística, transporte y otros servicios vinculados a la actividad.
Por lo que hacer un balance de precios y un ajuste (no abusivo) para que el negocio sea rentable es totalmente legal. En caso de que se presenten abusos en los precios, serán las entidades encargadas como la Superintendencia de Industria y Comercio.
Cabe aclarar que tal como dice Camacol, las viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) son las que están directamente ligadas al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). Esto ocurre porque la ley define sus topes de precio en salarios y no en una cifra fija en pesos.
En el caso de una VIP, su precio máximo es de 90 salarios mínimos y en el de la VIS son 135 salarios en la mayor parte de municipios y 150 salarios mínimos en las principales áreas metropolitanas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta y Pereira).
No obstante, según los expertos, las demás viviendas (estratos medios y altos, proyectos comerciales o de lujo) no están indexadas al salario mínimo, sino que su precio depende de la oferta y la demanda del mercado inmobiliario. En ese caso y según analistas, la subida del salario afectaría en cerca de un 25%, equivalente al componente de mano de obra.
Aún así, el impacto podría ser menor, de acuerdo a proyecciones iniciales de Camacol, este aumento de costos podría traducirse en un alza cercana al 4% en el costo total de las obras. Esta presión, advierte el gremio, suele reflejarse en el precio final de la vivienda, en un contexto en el que el país necesita políticas que promuevan, y no dificulten, el acceso de los hogares a una solución habitacional formal.
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