La reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro está a punto de enfrentar su examen más decisivo.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, radicó esta semana su ponencia de fallo sobre la Ley 2381 de 2024, la iniciativa que rediseña el sistema de pensiones en Colombia y que fue demandada por la senadora Paloma Valencia.
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El debate en la Corte se realizará el martes 14 de octubre, fecha en la que los magistrados discutirán si los vicios de trámite detectados en el Congreso fueron o no subsanados durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno.
De esa conclusión depende el futuro de una de las reformas más importantes —y polémicas— de este cuatrienio.
Según fuentes del alto tribunal, la ponencia de Ibáñez ya está circulando internamente y será analizada por los nueve magistrados de la Sala Plena, en medio de un ambiente de alta tensión institucional y con el país atento al fallo.
Un pulso de más de un año entre la Corte y el Gobierno
El camino de la reforma ha sido largo y accidentado. Todo comenzó en agosto de 2024, cuando la Corte admitió la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien solicitó anular la ley por presuntos vicios de trámite durante su aprobación en el Congreso.
Tras varios meses de estudio, en junio de 2025, el alto tribunal encontró un error en la aprobación del último debate en la Cámara de Representantes y ordenó devolver el proyecto para corregirlo. En respuesta, el Gobierno expidió un decreto de sesiones extraordinarias para subsanar el procedimiento.
Sin embargo, esas sesiones desataron una nueva polémica, varios congresistas denunciaron irregularidades en las actas, lo que obligó al despacho del magistrado Ibáñez a requerir en varias ocasiones los documentos y fijar incluso un ultimátum a la Cámara para que entregara la información completa.
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Recusaciones, impedimentos y un ambiente dividido en la Corte
La discusión llega en medio de un panorama institucional complejo. En las últimas semanas, el magistrado Carlos Camargo, recién posesionado, presentó un impedimento para no participar en el caso, alegando un posible conflicto de interés por su elección en el Senado, donde intervino una de las demandantes.
Sin embargo, el pasado 6 de octubre, la Sala Plena rechazó el impedimento, permitiéndole participar plenamente en el debate.
Aún están pendientes dos recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue ternado por el presidente Petro y fue su abogado personal en el pasado. La primera fue presentada por el concejal Daniel Briceño, quien sostiene que Carvajal firmó contratos con Colpensiones; la segunda, por la senadora Valencia, plantea el mismo argumento.
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De hecho, la congresista solicitó recientemente al magistrado Ibáñez que requiriera a Colpensiones los conceptos jurídicos que Carvajal habría emitido sobre la constitucionalidad de la reforma mientras tenía esos contratos. Según su denuncia, los documentos podrían demostrar un conflicto de interés que justificaría su exclusión del proceso.
“De tal forma que la corporación cuente con la totalidad del soporte probatorio necesario para apartar al magistrado Carvajal del proceso”, se lee en la solicitud enviada por Valencia.
El martes 14 de octubre, la Corte definirá el destino de la reforma
Superadas las etapas procesales más complejas, la Corte está lista para debatir el fondo del asunto. Según fuentes cercanas al alto tribunal, el ambiente interno sigue siendo de división, aunque una mayoría preliminar consideraría que el Congreso sí logró corregir el vicio detectado.
De confirmarse esa posición, la reforma pensional quedaría en firme, lo que representaría una victoria jurídica y política para el Gobierno Petro y permitiría avanzar en la implementación del nuevo modelo, que busca ampliar la cobertura del Pilar Solidario y redistribuir los aportes entre el sistema público (Colpensiones) y el privado (fondos de pensiones).
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No obstante, si la Corte concluye que el vicio persiste, la ley podría ser declarada inconstitucional, lo que implicaría volver al punto de partida y un golpe duro para la agenda social del Ejecutivo.
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