La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) manifestó su profunda preocupación por la expedición del Decreto 1072 de 2025, emitido por el Ministerio de Minas y Energía, con el que el Gobierno busca contener los altos precios de la energía en el país. El propio ministro Edwin Palma confirmó que el decreto seguirá en pie.
La cuestión es que Acolgen asegura que el documento se traduce en una intervención desproporcionada en el mercado, que vulnera la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica del sector.
¿Un golpe a la libertad?
Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, enfatizó que la disposición más perjudicial es la que obliga a los generadores hidráulicos a vender al menos el 95% de su generación horaria mediante contratos. “Esta medida atenta contra la libertad de empresa y contratación, contrariando la Ley 143 de 1994, que establece que las transacciones en el mercado mayorista de energía son libres”, señaló Acolgen.
La entidad también argumentó que el decreto viola el principio de igualdad ante la ley, al imponer esta obligación únicamente a las empresas hidráulicas, dejando por fuera a otras fuentes como la solar, eólica y térmica. “Esa diferenciación genera una ventaja competitiva injusta”, indicó el gremio, recordando que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya había advertido este problema en versiones anteriores del documento.
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Acolgen alertó que la norma genera incertidumbre regulatoria y financiera, lo que podría desincentivar nuevas inversiones en generación eléctrica. La obligatoriedad de comprometer casi toda la energía en contratos limitaría la rentabilidad y elevaría el riesgo de los proyectos. Además, el gremio señaló que el decreto desconoce la variabilidad de la hidrología en el país, por lo que exigir un nivel de contratación del 95% “es operativamente inviable y riesgoso”.
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Acolgen concluyó que, aunque el Gobierno argumenta que la medida busca proteger a los usuarios vulnerables, el resultado podría ser el contrario: menores inversiones, riesgo en la disponibilidad futura de energía y mayores costos para los consumidores. Por ello, el gremio pidió suspender la aplicación del decreto y abrir un diálogo técnico y constructivo con los agentes del mercado.
Ministro reconoce intervención
Ante las críticas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió en su cuenta de X (antes Twitter) que el Gobierno no suspenderá el Decreto 1072 y reafirmó que el diálogo con el sector seguirá abierto, pero bajo condiciones.
El ministro defendió la intervención estatal, señalando que “el Estado no puede ser un observador imparcial” frente a las desigualdades del mercado eléctrico. “Debemos proteger a los débiles. Es injusto que en la conformación del precio ustedes ganen hasta diez o quince veces lo que vale la producción de la energía”, afirmó.
Palma lamentó además la falta de apoyo público de otros gremios del sector que, según dijo, “en silencio están de acuerdo con el Gobierno”, y reiteró que las autoridades seguirán adelante con las medidas prometidas.
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