Este 22 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro, junto a todo su gabinete ministerial, firmó el Decreto 1390, con el que declara la emergencia económica, tras el hundimiento de la reciente reforma tributaria.
Esta medida excepcional, amparada por el artículo 215 de la Constitución, le permite al Ejecutivo dictar decretos con fuerza de ley para enfrentar una crisis que, según el documento, ya no se puede solucionar con las herramientas normales del Estado.
La declaratoria durará inicialmente 30 días, pero podría extenderse hasta completar 90 en el año.
Con esta emergencia, el Gobierno buscará crear nuevos tributos o modificar los existentes (de forma transitoria) y realizar operaciones presupuestales para evitar que el país caiga en una parálisis económica y social.
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Los argumentos que usó el Gobierno Petro para declarar la emergencia económica
Según el decreto, uno de los puntos más críticos es el financiamiento del sistema de salud. La Corte Constitucional ha ordenado igualar la prima que se paga por cada paciente (UPC) del régimen subsidiado con la del contributivo al 95%. Si bien en el periodo 2014-2018 hubo una nivelación importante y en 2019 se llegó al 95%, para 2022 la cifra cayó al 88,9%.
Ahora, para cumplir con los fallos judiciales y garantizar la atención de los más vulnerables, el Gobierno necesita $3,3 billones adicionales para la vigencia 2026. “Sin este dinero, el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos estaría en serio riesgo”, detalla el texto.
Por otro lado, la situación de seguridad en el país también ha golpeado las finanzas. Los ataques de grupos armados ilegales en zonas como Cauca, César y Norte de Santander, incluso usando tecnología de drones, han dejado heridos y muertos, perturbando el orden público y la economía regional.
Ante este panorama, el Ministerio de Defensa estima que se requieren $2,7 billones para dotar de tecnología y mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública.
Además, la Unidad Nacional de Protección (UNP) necesita urgentemente $1 billón adicional para proteger a líderes sociales y candidatos en los próximos comicios.
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De acuerdo con el decreto, el Gobierno explica que el Congreso de la República no aprobó dos proyectos de ley de financiamiento, uno por $12 billones para 2025 y otro por $16,3 billones para 2026. “Al no contar con esos recursos, hay un desbalance gigante entre lo que se necesita gastar y lo que realmente entra”.
¿Por qué el decreto de emergencia económica no tiene impuestos específicos?
Contrario a las expectativas iniciales, el decreto no incorpora por ahora ningún impuesto concreto.
La razón es procedimental, primero debe declararse formalmente el estado de emergencia y, solo después, expedirse los decretos que lo desarrollan, los cuales sí tendrán fuerza legislativa.
Tanto la declaratoria de emergencia como los decretos que se emitan posteriormente deberán pasar por el control de la Corte Constitucional y la revisión política del Congreso.
De hecho, el texto publicado este lunes 22 de diciembre ordena convocar al Legislativo para que ejerza control político 10 días después de que concluya la emergencia.
En paralelo, la Corte Constitucional analiza la posibilidad de sesionar de manera extraordinaria para evaluar la viabilidad jurídica del decreto de emergencia.
Ante las dudas sobre su constitucionalidad, se ha planteado incluso la opción de suspender temporalmente sus efectos mientras se adelanta el estudio de fondo, dado que las medidas contempladas implican el eventual cobro de impuestos, los cuales se presumen legales hasta que el alto tribunal determine si se ajustan o no a la Constitución.
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A fin de cuentas, el Gobierno justificó la expedición del decreto al advertir una grave e inminente perturbación del orden económico y social, derivada de una coyuntura fiscal excepcional, agudizada, según el Ejecutivo, por hechos concurrentes con alto impacto social.
Incluso, como soporte de esa argumentación, el decreto cita el deterioro de las finanzas públicas del Gobierno Nacional Central (GNC).
En concreto, señala que el déficit fiscal cerró 2024 en 6,7% del PIB y que para 2025 se proyecta un mayor desbalance, de 7,1% del PIB, cifras que, en opinión del Gobierno, configuran el escenario que habilita la declaratoria de emergencia.
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