El pasado 29 de julio de 2025, un hecho económico sacudió el debate político en Colombia cuando el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el proyecto de ley para el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.
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Bajo la dirección del ministro Germán Ávila, el Gobierno de Gustavo Petro presentó una cifra astronómica: $556,9 billones, siendo el PGN más grande en la historia del país, que representa el 28,9% del PIB (Producto Interno Bruto).
Este ambicioso plan, no obstante, encendió las alarmas de analistas y políticos de diferentes sectores, quienes lo tacharon de “desfinanciado” y lleno de “cuentas alegres”, por lo que desde el Congreso de la República las críticas no se hicieron esperar.
Un plan “justo e incluyente” con números controversiales
Según la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina Posso, el presupuesto proyectado es “una hoja de ruta para consolidar un modelo de desarrollo más justo e incluyente, donde la inversión pública se convierte en motor de equidad territorial y cohesión social”.
Durante su presentación ante las Comisiones Económicas del Congreso, Molina destacó cuatro prioridades clave: economía popular y productiva, programas sociales y equidad, cambio climático y transición energética y paz y víctimas.
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Sin embargo, detrás de estas promesas de equidad, la realidad financiera es incierta. El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo advirtió sobre un error de base que trata la incorporación de $26,3 billones que se esperan recaudar con una reforma tributaria que aún no se ha presentado.
Para Restrepo, este es un grave error. “Un error es pretender que el monto que se aspira a recaudar con una reforma tributaria (que ni se conoce y mucho menos se ha discutido), se incorpore al monto del presupuesto del año entrante como si fuera un hecho cumplido”, detalló ante los medios.
Esta movida, para muchos, sobre todo con experiencia en el sector de la economía, es una apuesta arriesgada que deja en el aire la viabilidad del mismo presupuesto para el próximo año.
Las “cuentas alegres” del Gobierno: ¿un guion de telenovela?
Luego de toda la controversia, la senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, no tardó en reaccionar, comparando la estrategia del Gobierno con la famosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”.
En un video reciente que se volvió viral en redes, Lozano afirmó que, “ni Betty, la fea, inventándose el balance de Ecomoda hizo cuentas tan alegres e incoherentes como el presupuesto del 2026 que presentó el Gobierno nacional”.
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Y es que Lozano recordó que, tras el incumplimiento de la regla fiscal en junio, el ministro Ávila se había comprometido a recortar el gasto y congelar el presupuesto del próximo año, una promesa que, evidentemente, no se cumplió.
La senadora calificó la nueva reforma tributaria —que es necesaria para financiar este cuantioso presupuesto— como la “más alta” en un siglo. Para ella, esto es una clara señal de que “no se va a cumplir”, y que el país se enfrenta a un escenario de “cuentas alegres” insostenibles.
Una “bomba de tiempo” para el próximo Gobierno
Pero la crítica de Lozano fue más allá de lo anecdótico, ya que la senadora advirtió que el Gobierno le está dejando una “bomba de tiempo” al próximo mandatario. “En la práctica es dejarle una bomba de tiempo al próximo Gobierno. No es que hayan raspado la olla, es que se llevaron la olla”, sentenció.
Lozano destacó la preocupante brecha entre el presupuesto solicitado de $557 billones y los ingresos reconocidos de $317 billones. Este déficit de $240 billones, según la senadora, obliga al país a endeudarse de forma “cara” y a recurrir al “gota a gota” internacional, asfixiando a la nación con intereses.
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La situación podría agravarse con la Ley de Garantías, que entrará en vigor en diciembre de este año y paralizará la contratación pública entre enero y junio de 2026. Esta limitación de la ejecución, sumada a la histórica baja capacidad de gasto del Gobierno, hace aún más incierta la viabilidad del presupuesto, según Lozano.
De esta manera, la senadora concluyó que lo que el Gobierno presentó como “nuevos ingresos” es en realidad una “nueva y elevadísima deuda”, un “autoengaño” que, según la Contraloría General de la República, se traduce en un aumento del 52% en nuevos créditos para el próximo año.
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