Una de las propuestas del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que más polémica ha despertado en el sector energético en los últimos días es la eliminación del cargo por confiabilidad. Este pago funciona como un respaldo que asegura que las empresas generadoras estén disponibles para responder en momentos críticos, como las sequías.
El objetivo, señaló Palma, es analizar quiénes tienen derecho a este ingreso y quiénes no lo deberían tener. “Se revisará la posibilidad de eliminar este cargo, que le cuesta más de $6 billones a los usuarios anualmente”, dijo.
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Actualmente, los usuarios del servicio de energía en Colombia pagan cerca de $6,2 billones cada año por este concepto. Según el ministro, con la medida que está en estudio este monto podría reducirse a menos de la mitad.
Los riesgos de eliminar el cargo por confiabilidad
De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la propuesta del MinEnergía tendría un impacto directo en la expansión y la seguridad energética del país.
Explicó que este cargo es un ingreso fijo que permite a las generadoras cubrir costos esenciales como mantenimientos, nómina, seguros y contratos, garantizando así que las plantas estén disponibles para generar energía cuando el sistema lo requiera.
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Y diferenció este pago del ingreso diario que obtienen las generadoras en la bolsa de energía, recursos que se destinan principalmente a la compra de combustibles.
“Hoy el cargo por confiabilidad representa más del 80% de los ingresos de una planta térmica; cualquier modificación afectaría de manera directa su viabilidad financiera”, recalcó.
El debate sobre el cargo por confiabilidad: quién respalda más al sistema eléctrico
Según Castañeda, replantear el esquema del cargo por confiabilidad, vigente desde 2006, es un asunto complejo, pues todas las tecnologías aportan respaldo al sistema, aunque en distinta proporción.
Las térmicas, por ejemplo, cubren cerca del 90% de la energía firme porque cuentan con combustible y pueden generar de manera continua. Las hidroeléctricas con embalse y los parques eólicos alcanzan entre un 30% y 35%, pues dependen de la lluvia y del viento. Y en el caso de las plantas solares, su aporte es cercano al 15%, ya que solo producen durante el día y están sujetas a la radiación.
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“El esquema vigente tiene en cuenta esas diferencias y paga de manera proporcional la capacidad de cada planta para respaldar el sistema en momentos críticos, como durante los fenómenos de El Niño. Este mecanismo ha sido fundamental para que Colombia no haya tenido racionamientos en los últimos 30 años”, resaltó Castañeda.
Añadió que, si el Gobierno insiste en cambiar por completo el modelo, las subastas podrían fracasar, pues ningún inversionista se arriesga a poner dinero en medio de la incertidumbre. En ese escenario, dijo, lo más probable es que los interesados prefieran esperar hasta que se definan la ley, las resoluciones y las reglas del juego.
Modificar el esquema no es un proceso inmediato
Uno de los problemas que señalan desde Andeg es la falta de alineación institucional: mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) prepara una subasta para atraer nueva capacidad firme, el anuncio del MinEnergía genera incertidumbre sobre cómo se remunerará esa misma capacidad en el futuro.
Modificar el esquema, además, no sería un proceso inmediato: implicaría un trámite regulatorio formal, con participación de todos los agentes y un análisis de impacto.
“Cuando se hizo la transición del cargo por capacidad al cargo por confiabilidad, la discusión tomó dos años (2004-2006). No es un cambio que pueda implementarse de un día para otro sin afectar la confianza en el mercado”, indicó Castañeda.
Andeg pide ajustes graduales al cargo por confiabilidad para no frenar nuevas inversiones
El gremio de las generadoras de energía reconoce que el esquema actual es mejorable, pero sugiere que cualquier modificación debe hacerse con cuidado. “Lo sensato sería realizar la subasta primero y luego, si el país lo considera necesario, abrir la discusión sobre un rediseño del mercado. Hacerlo en paralelo o antes de la subasta puede frenar inversiones”, aseveró Castañeda.
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Entre las propuestas de ajuste, Andeg plantea diferenciar el pago entre plantas existentes y nuevas, con el fin de evitar aumentos innecesarios del cargo en cada subasta. Además, sugiere optimizar el diseño del mecanismo para promover tecnologías que aporten energía firme de manera más costo-eficiente.
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