La decisión del gobierno colombiano de aumentar el salario mínimo en un 23% agravará los desafíos fiscales y de inflación, e impulsará aumentos en la tasa de interés que podrían afectar el crecimiento, según la calificadora de riesgos.
A finales de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que el salario base mensual (incluyendo subsidios de transporte) aumentaría a $2 millones (aproximadamente, USD530) en 2026, para ayudar a las familias a acceder a bienes básicos y reducir la pobreza.
También promulgó medidas fiscales mediante un decreto económico de emergencia, tras el rechazo del Congreso.
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Analistas de Fitch Ratings recordaron que el aumento, que afecta a unos 2,5 millones de trabajadores, sigue a un incremento del salario mínimo del 9,5% en 2025. Y este es el ajuste final antes de las elecciones presidenciales de mayo y fue anunciado por decreto gubernamental tras el fracaso de las conversaciones con empleadores y sindicatos en alcanzar un acuerdo sobre la magnitud del aumento.
La inflación anual, del 5,3% reportada a noviembre, se ha mantenido por encima del objetivo del 3% del Banco de la República desde julio de 2021. Por lo que se estima que el aumento del salario mínimo intensificará las presiones de la demanda y la oferta al elevar los ingresos de las personas con mayor propensión al consumo, así como los costos de producción de las empresas.
“Además, desanclará aún más las expectativas de inflación, influyendo en la fijación de precios. El gobierno ha indicado que está considerando controles de precios para limitar el impacto inflacionario”, anotó la firma calificadora.
Fitch agregó que los rendimientos en el mercado de bonos local sugieren una inflación de equilibrio para este año de alrededor del 6%, frente al 5% de noviembre.
“En diciembre, pronosticamos que el Banco de la República elevaría las tasas al 10,25%, a partir de este año, desde el 9,25%. Sin embargo, dadas las nuevas presiones inflacionarias y el aumento de las expectativas, es probable que las tasas suban más y con mayor rapidez. Los mercados financieros ya están descontando aumentos superiores al 11%”, anticiparon los analistas de la evaluadora internacional.
No descartan que el aumento del salario mínimo podría ayudar a estimular el crecimiento, pero el ajuste monetario podría contrarrestarlo, y los riesgos para una previsión de crecimiento base del 2,9% para 2026 han aumentado dada la magnitud del ajuste del mínimo. Además, factores externos, como los riesgos geopolíticos y la caída del precio del petróleo tras la intervención estadounidense en Venezuela, han aumentado la incertidumbre.
Para Fitch Ratings, el aumento del salario mínimo también intensificará las presiones fiscales, al incrementar el costo de los salarios y algunas pensiones mediante mecanismos de indexación. Las autoridades estiman un costo fiscal directo de $7 billones (0,35% del PIB).
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El impacto total será mayor dado el mayor costo del financiamiento público. El aumento también podría afectar la creación de empleo en el sector formal y, por ende, los impuestos sobre la nómina.
A lo anterior, se suma que las medidas tributarias promulgadas por decreto ascienden a un total estimado de $11 billones (0,6% del PIB) y solo habrían cubierto parcialmente el déficit de financiamiento estimado de este año, de $16 billones (0,9% del PIB), incluso antes del aumento salarial.
“La aplicación del decreto pone de manifiesto la voluntad de implementar medidas de recaudación de ingresos, pero subraya los desafíos de gobernabilidad que han dificultado el ajuste fiscal”, mencionaron los analistas económicos de Fitch.
Los persistentes y elevados déficits fiscales fueron un factor clave en la rebaja de la calificación de Colombia a BB/Estable el 16 de diciembre. Fitch ya asumió en su revisión de diciembre que el objetivo de déficit del gobierno central para 2026, del 6,2% del PIB, no se alcanzaría, proyectando que se ampliaría al 7,5%.
Las nuevas presiones fiscales derivadas del aumento del salario mínimo deberían compensar en gran medida el impacto de las medidas tributarias, lo que mantiene la proyección prácticamente sin cambios. “Pronosticamos una deuda pública/PIB del 62,8% en 2027, por encima de la mediana de la categoría “BB” del 53,8%”, insistió la calificadora.
Por último, las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo (con una posible segunda vuelta en junio) determinarán la estrategia fiscal posterior a 2026. Es probable que la continua fragmentación signifique que el próximo presidente deba negociar con diversos partidos en el Congreso para aprobar leyes. Incluso si avanza una nueva reforma tributaria, como prevé Fitch, es probable que su rendimiento sea inferior al 1% del PIB, lo que requerirá esfuerzos importantes y plurianuales para estabilizar la deuda pública.
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