La empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), una de las joyas del sector energético de Colombia, a través de una comunicación oficial, negó haber firmado acuerdos para reactivar la interconexión eléctrica con Venezuela, en medio de versiones que apuntaban a un supuesto plan del Gobierno de Gustavo Petro para retomar el intercambio de energía entre ambos países.
En ese comunicado, emitido desde Medellín el 30 de octubre de 2025, ISA aclaró que cualquier decisión sobre la línea binacional se tomará “en cumplimiento del marco legal local e internacional” y conforme a los principios que han guiado su operación durante décadas.
El pronunciamiento llega en un momento de alta tensión dentro del sector energético, luego de que se conocieran acercamientos promovidos por firmas privadas y gestiones del Ministerio de Minas y Energía para revivir un proyecto que se encuentra inactivo desde 2013, cuando se desconectó la línea entre Cúcuta (Colombia) y El Corozo (Venezuela).
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La posición oficial de ISA: sin contratos y sin aval de su Junta Directiva
ISA explicó que es propietaria de la bahía de conexión en la subestación San Mateo, en Cúcuta, infraestructura que permitió el intercambio eléctrico con Venezuela hasta el 31 de octubre de 2013.
Sin embargo, subrayó que no ha suscrito ningún contrato de conexión ni con el Gobierno venezolano ni con empresas privadas interesadas en la reactivación del enlace binacional.
En su comunicado, la compañía enfatizó cinco puntos clave:
1. Cualquier agente del mercado puede solicitar acceso a la infraestructura si cumple los requisitos técnicos y regulatorios establecidos en la Ley 143 de 1994, pero eso no implica acuerdos automáticos con ISA.
2. Desde julio de 2025, tras una revisión del marco normativo internacional con asesores externos, se decidió no firmar contratos de conexión por el riesgo regulatorio y geopolítico.
3. Se exploró la posibilidad de vender el activo mediante una oferta pública abierta, pero ese proceso fue suspendido por decisión de la administración, sin llegar a la Junta Directiva.
4. La Junta Directiva de ISA no ha aprobado ni avalado ningún negocio relacionado con Venezuela, ni ha tenido conocimiento de fases exploratorias.
5. Cualquier decisión futura deberá pasar por un proceso de debida diligencia y las consultas ante las autoridades competentes, tanto nacionales como internacionales.
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Cens, la filial de EPM que enfrenta la incertidumbre en la frontera
La advertencia de ISA se da en paralelo a la preocupación dentro de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens), filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que atiende a más de 2 millones de usuarios en 48 municipios.
Por su ubicación estratégica, Cens está directamente involucrada en la línea Corozo–San Mateo, un tendido de 47 kilómetros construido en 1996, necesario para el transporte de energía entre Colombia y Venezuela.
Aunque el Gobierno Petro, mediante la Resolución 40024 del 28 de enero de 2025, abrió la puerta al intercambio eléctrico binacional, Cens ha advertido riesgos legales y reputacionales por la participación del Estado venezolano en empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
“Al analizar el contrato de conexión, se encontró riesgo de contagio debido a las sanciones de Estados Unidos. Por eso se informó a las firmas involucradas que no se firmaría el contrato”, explicó una fuente cercana al proceso.
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Las empresas del sector eléctrico han manifestado su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno insista en reactivar la conexión con Venezuela, lo que podría ponerlas en una situación delicada frente a sanciones de Estados Unidos.
Fuentes del sector indicaron que, si el Ejecutivo intenta forzar la cesión de activos o la participación en el proyecto, las compañías no descartan acudir a instancias judiciales para proteger el patrimonio público.
No es la primera vez que un acercamiento energético con Venezuela genera polémica. En 2023, el entonces ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, fue objeto de críticas tras manifestar la intención del Gobierno Petro de comprar gas a Pdvsa, la petrolera estatal venezolana también incluida en la lista de la Ofac.
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