Una carta sacudió este jueves 14 de agosto al sector petrolero de Colombia, luego de que Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, la filial de Ecopetrol, quien hasta hace muy pocos meses estuvo al frente de la compañía, denunciara conspiración y amenazas.
Rojas, quien fue removido de su puesto en medio de discusiones sobre su gestión, decidió hablar públicamente tras meses de temor por su vida. Sus revelaciones apuntan directamente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y a su círculo más cercano.
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Las revelaciones de Luis Enrique Rojas que sacuden a Ecopetrol
Luis Enrique Rojas asumió la presidencia de Hocol en mayo de 2024, identificando una empresa con gran potencial, pero también con “muchos vicios”, el principal de ellos, privilegiar la “cultura del no”.
En agosto del mismo año, Rojas inició una reorganización que llevó a la salida de 12 directivos. Sin embargo, poco después, el 18 de agosto, recibió una llamada anónima amenazante advirtiéndole de no hacer más cambios o se “metería en problemas con gente muy poderosa”.
A pesar de la denuncia penal, Rojas continuó con su estrategia, conformando un nuevo equipo directivo con profesionales de reconocimiento nacional e internacional.
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No obstante, las cosas se complicaron para Rojas a partir del 6 de diciembre de 2024. Su seguridad fue vulnerada cuando un vehículo intentó interceptar su camioneta y dos individuos, aparentemente armados, buscaron verificar si él se encontraba en el interior, huyendo al constatar su ausencia.
El 27 de diciembre, una llamada de un supuesto comandante guerrillero le informó que lo habían contratado para asesinarlo; ambos incidentes se encuentran bajo investigación de la Fiscalía.
Denuncias ignoradas y la oscura campaña de desprestigio
El 10 de enero de 2025, Rojas envió un correo a la junta directiva de Hocol, presidida por Ricardo Roa, alertando sobre graves irregularidades.
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Entre ellas, el incremento de reservas en los campos de Chuchupa y Ballena en 2020 (adquiridos a Chevron), lo cual calificó como un ”error garrafal” al tener que desincorporar casi el mismo volumen en 2023 y 2024 por falta de rigor técnico.
Además, advirtió que Hocol estaba expuesta a pagar casi $180 millones de dólares en compensaciones, penalidades y pérdida de ingresos por contratos de venta de gas de 2021.
Este correo generó tensión con la junta directiva y se filtró a los medios, dando inicio a una campaña de desprestigio contra Rojas.
El 8 de marzo de 2025, un artículo de El Tiempo informó sobre dos denuncias penales en su contra que no habría reportado. Rojas aclara que de una se enteró meses antes del artículo, y de la otra no tenía conocimiento.
Las investigaciones de Rojas sobre estas denuncias revelaron un entramado aún más preocupante. Descubrió que la información sobre una de las denuncias, a la que él no tenía acceso, solo podía ser conocida de forma ilegal a través del SPOA.
Según Rojas, personas “cercanas al alto directivo de Ecopetrol” (en alusión a Ricardo Roa) contrataron una oficina de investigadores para revisar su hoja de vida, la de su familia y la de los nuevos ejecutivos de Hocol, pagando más de $300 millones por una pesquisa que solo encontró estas dos denuncias.
La denuncia desconocida fue interpuesta por Gustavo Suárez Gutiérrez, a quien Rojas le había iniciado un proceso ejecutivo en 2020 por una deuda.
Lo más grave es que Suárez le habría confesado a Rojas y a al menos otras cinco personas que, a principios de marzo, Sebastián Ortega, cercano a Ricardo Roa y Julián Caicedo, le ofreció contratos por $3 millones de dólares en Ecopetrol para que se prestara para una prueba grafológica, prometiendo que ellos se encargarían de “letras falsas o adulteradas” para imputar a Rojas en la Fiscalía. A pesar de sus diferencias, Suárez se negó a prestarse para hacerle daño a Rojas.
Rojas, aunque no conoce a Ortega, sí escuchó su nombre en reuniones con Roa, Caicedo y Julián Mancera.
Adicionalmente, un grupo de personas del círculo del mismo “alto directivo de Ecopetrol” (Ricardo Roa) se encargó de filtrar a varios medios, entre finales de febrero y abril, la información de que la gestión de Rojas en Hocol había sido mala, que la empresa había dado pérdidas y que la junta directiva le había pedido la renuncia por malos resultados.
Rojas refuta eso en su carta al decir que la producción de 2024 fue la tercera más alta en 17 años, se logró el mejor EBITDA, y la utilidad neta, de no ser por el gasto de pozos secos (destinado a proteger Hocol), habría sido cercana a los $500 millones de dólares, la más alta en 10 o 20 años.
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La salida de directivos clave y el impacto en la producción de Hocol
Menos de una semana después de la salida de Rojas, el 6 de mayo de 2025, la mayoría de los ejecutivos que él había incorporado a Hocol fueron forzados a renunciar, sumando al menos doce personas de gran experiencia.
Rojas denuncia que esta acción, que incluyó a dos vicepresidentes y varios gerentes, violó el gobierno corporativo de Hocol y del Grupo Ecopetrol, ya que solo el presidente de Hocol o la junta directiva (que no se reunió para este fin) podían autorizar dichas salidas.
El exdirectivo se pregunta quién dio la orden de pedir estas renuncias y de vetar a estas personas de todas las empresas del Grupo Ecopetrol, advirtiendo el grave riesgo para la compañía al sacar a ejecutivos experimentados en momentos clave como la perforación de pozos (Mamei 4 e Ibamaca).
Rojas subraya que, hasta el 30 de abril, Hocol cumplía los objetivos de producción de 2025 en más del 100%, proyectando la producción más alta en 25 años.
Sin embargo, para mediados de julio, la producción había caído más de 5000 barriles por día, lo que se traduce en una reducción de ingresos de cerca de $126 millones de dólares anuales, o el equivalente a 504 mil millones de pesos.
Rojas califica esto como un “detrimento patrimonial” y se ofrece a explicarlo a la junta directiva de Ecopetrol, la Contraloría y la Procuraduría. La junta directiva de Ecopetrol ya ha investigado esta caída de producción e ingresos. Rojas cuestiona abiertamente si Ricardo Roa es el responsable de estas decisiones arbitrarias y de la consecuente caída en ingresos y utilidades del Grupo Ecopetrol.
Las denuncias de Rojas no se limitan a la gestión empresarial. Antes de su salida de Hocol, su celular daba “señales claras de que estaba intervenido”. Contactos de inteligencia de una entidad estatal le confirmaron la intervención ilegal de su teléfono.
A mediados de agosto de 2024, estas personas inspeccionaron su oficina, detectando lugares sospechosos y, en una segunda visita, encontraron cables típicos de micrófonos o cámaras, concluyendo que había micrófonos en su oficina que fueron retirados.
Desde el año pasado, Rojas ha sido víctima de seguimientos en sus desplazamientos, y a miembros de su esquema de seguridad se les obligaba a dar información sobre su ubicación y reuniones, además de tomar fotografías y videos. Rojas ha solicitado a la Fiscalía y otros organismos de investigación que verifiquen estos hechos.
El punto de mayor gravedad, sin embargo, llegó el 18 de julio, cuando Rojas recibió un mensaje de WhatsApp anónimo desde un número de España. El mensaje, cuyo texto fue revelado por Rojas, es de una naturaleza sumamente delicada: “Estimados a continuación una noticia de interés nacional secuaces que empantana a los secuaces de Ricardo Roa y su imperio”.
El anónimo detalla que entre el 30 de junio y el 4 de julio, Ricardo Roa, Julián Caicedo, Juan Guillermo Mancera, Santiago Vargas y Sebastián Ortega se habrían reunido en Madrid (España) e Italia con delegados de varios magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para “comprar el próximo fallo” de dicha entidad.
Se menciona a Álvaro Hernán Prada como uno de los magistrados, y se habría acordado pagar 1,5 millones de dólares a cada magistrado, más participación en la planta de regasificación de Chuchupa.
Y en una reunión interna posterior, habrían acordado darle el negocio de la planta regasificadora de Chuchupa a Juan Guillermo Mancera, a través de la empresa Gaxi y otras firmas internacionales, con Mancera encargado de adjudicar las participaciones a los magistrados del CNE y a la persona de la Procuraduría.
El negocio de la Regasificadora de Chuchupa: ¿el motivo detrás de todo?
La regasificadora de Chuchupa es descrita en el anónimo como uno de los cinco negocios más grandes del país en los próximos cinco años, con ingresos promedio de $2.100 millones de dólares anuales, lo que suma un negocio de $21 mil millones de dólares en diez años.
La mayor preocupación de Roa y su séquito, según el anónimo, sería que Luis Enrique Rojas es la “única persona a la que no han podido silenciar ni corromper” y que “sabe que Roa ha dado la orden desde hace un año que esta regasificadora sea asignada a Mancera”.
Por ello, el anónimo concluye que decidieron “eliminar a Luis Enrique Rojas”, tarea “encargada a Mancera y a Sebastián Ortega”.
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El anónimo añade que Sebastián Ortega es quien maneja ISA y tiene vínculos con la “Oficina de Envigao” y el “Clan del Golfo”, mientras que Mancera era socio de Hernando Sánchez y tiene vínculos con la “junta directiva del narcotráfico de Dubai”.
El mensaje advierte que Mancera y Ortega están “consiguiendo la gente para asesinar a Luis Enrique Rojas, lo cual podría suceder en las siguientes cuatro semanas”, y concluye con un urgente “por favor actúen para salvar la vida y salvar el país”.
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