Quedó lista la ponencia para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, que llega al Congreso con un recorte de $10 billones frente al monto inicial. Con este ajuste, el presupuesto total se fija en $546,9 billones.
La redistribución del gasto implica una reducción en los principales rubros, el de funcionamiento baja de $365,7 billones a $358,1 billones; el de servicio de la deuda pasa de $102,4 billones a $100,4 billones; y el de inversión se ajusta de $88,7 billones a $88,4 billones.
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El pasado 11 de septiembre, en el foro de deliberación institucional de las Comisiones Económicas Conjuntas, se adelantó la discusión sobre el monto del PGN.
En esta sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, propuso una reducción de $10 billones, teniendo en cuenta la coyuntura fiscal actual y con el propósito de avanzar hacia la consolidación de una propuesta consensuada.
Los sectores que subieron y bajaron en el Presupuesto Nacional 2026
A las 10 de la mañana de este martes se alcanzó el quórum decisorio para iniciar con la discusión del Presupuesto General de 2026. El legislativo tiene hasta el 20 de octubre para discutir y votar el proyecto, de lo contrario entrará el proyecto del Gobierno con las modificaciones de primer debate.
En el debate, la senadora Angélica Lozano denunció que el Dapre o Presidencia es una de las entidades que recibirá más plata con los cambios, unos $289 mil millones más. “Raro, en campaña y ley de garantías. ¿Para qué se destinará?”, cuestionó.
Según la tabla de las adiciones en ponencia de segundo debate, serían 11 entidades que registraron aumentos en sus montos respecto al primer debate, cuatro montuvieron sus recursos y 9 vieron reducciones.
Los mayores incrementos se concentraron en áreas sociales, de infraestructura y la rama ejecutiva, destacando el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), que recibió la mayor adición con $2.004.101.727.320 (más de $2 billones) adicionales. Le sigue Entes Universitarios Autónomos, con un aumento para la educación superior de $1,5 billones de pesos.
También la Procuraduría General de la Nación, con incremento de $587 mil millones. Luego Presidencia de la República, que ha concentrado el punto más álgido del debate, ya que recibió una adición de casi $290 mil millones.
¿Cuáles entidades recibirán menos? Según el documento, hay cuatro entidades sufrieron reducciones significativas. Ministerio de Hacienda y Crédito Público sufrió el mayor recorte de la lista por $2,6 billones.
A su vez, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le recortaron $78.400.000.000; al Ministerio de Justicia y del Derecho, $10.256.779.074; y al Ministerio de Transporte, un recorte por $3.119.563.464.
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Segunda ponencia del Presupuesto General de la Nación 2026
“En el marco del debate adelantado en las Comisiones Económicas Conjuntas, esta ponencia acoge la propuesta del señor ministro de Hacienda y Crédito Público de efectuar una reducción de $10 billones, de manera que el monto del proyecto ascienda $546,9 billones”, se lee en el texto.
Este ajuste, tal como se anota allí, “responde a la coyuntura fiscal actual y busca garantizar la aprobación de una Ley de Presupuesto para la vigencia 2026 que contribuya al desarrollo económico y social del país, en el marco de la sostenibilidad fiscal y en coherencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, indicaron los parlamentarios firmantes”.
Estas modificaciones, según anotaron, “se dieron en un contexto institucional particularmente sensible. Ante la posibilidad de que el Congreso no lograra aprobar una ponencia antes de los plazos constitucionales, el presidente de la República, Gustavo Petro, hubiese estado habilitado para expedir el presupuesto por decreto, con el texto original del Ejecutivo”.
En ese escenario, además de mantener el monto más alto propuesto inicialmente ($556,9 billones), se habrían preservado artículos que otorgaban facultades extraordinarias al Gobierno, lo que fue calificado por sectores de oposición como una posible “dictadura fiscal”.
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“Conscientes de la trascendencia de este debate, las comisiones actuaron en el marco de sus competencias constitucionales, deliberaron de manera amplia y construyeron consensos en torno a la necesidad de garantizar la aprobación de un presupuesto que, sin desconocer las necesidades del país, preservara el equilibrio institucional y reafirmara el rol del Congreso en materia presupuestal”, menciona el texto.
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