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Se puede cubrir la verdad bajo toneladas de lodo, pero siempre rebrota. Por mucho que el ministro del Interior, Armando Benedetti, señale solo 104 municipios donde existe un riesgo cierto de que las próximas elecciones legislativas y presidenciales se vean condicionadas por la coerción y la violencia, el informe independiente de la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, eleva a 600 las localidades donde el clima enrarecido por culpa de las disidencias de las FARC, de los pistoleros del ELN o del Clan del Golfo, entre otros grupos criminales, ponen en cuarentena uno de los pilares democráticos por excelencia. La Alerta Temprana Electoral 2025‑2026 apunta a que son las regiones del suroeste (los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño), los que concentran más riesgos, con un 24 % de los municipios con necesidad de intervención inmediata, seguidas del noroeste (Antioquia, Córdoba, Chocó) y el Catatumbo (Norte de Santander). En el suroeste, por ejemplo, de 148 municipios, 36 requieren acción inmediata, 43 acción urgente y 59 acción prioritaria.
Si estará claro que los datos fehacientes son los de la Defensora del Pueblo, que el Gobierno no ha tardado en anunciar un despliegue de 20.000 efectivos del Ejército y la Policía bajo un denominado “Plan Democracia”.
Recordemos que el periodo preelectoral se abrió con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto de 2025.
Da la casualidad de que, aunque ese crimen atroz se cometió en Bogotá, los informes oficiales apuntan a que es en las áreas más dispersas donde más se ha disparado la violencia desde que Petro asumiera el poder.
En general, durante los primeros ocho meses de 2025, los homicidios intencionales crecieron respecto al mismo periodo de 2024. Se pasaron de 8.755 casos a 9.033, lo que supone un aumento del 3 %, según el Ministerio de Defensa. El Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional señala por su parte que en el primer trimestre de 2025 hubo 3.244 homicidios, a razón de 8,21 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un incremento de cerca del 2 % frente al primer trimestre de 2024.
Para no abrumarles, los secuestros se han disparado y los ataques a infraestructuras no dejan de crecer.
La situación no es uniforme porque en un país tan diverso nada lo es. Por eso, en el Pacífico (Nariño, Cauca y Chocó) y en las zonas fronterizas como Norte de Santander o Putumayo, las cosas lejos de mejorar han empeorado.
Quizá aún estemos a tiempo de asegurarnos unas elecciones donde todo el mundo pueda votar en libertad, pero para ello será necesario movilizar mucho más que a 20.000 efectivos cuando se disponen al menos de casi 200.000 disponibles entre fuerzas policiales y militares. Porque cuando uno quiere proteger sus bienes más preciados no pone un mero candado como freno.
Si el Gobierno que tanto alardea del clima de paz que ha generado es incapaz de blindar la máxima expresión democrática, es que o bien miente o es incapaz. Claro, que también podrían ser ambas cosas.
