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Hace apenas unos días, gran parte del territorio español y portugués quedó temporalmente sin energía eléctrica. Un apagón masivo, breve, pero inquietante, afectó ciudades tan diversas como Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto, generando confusión y alimentando todo tipo de especulaciones: desde ataques cibernéticos hasta fallas en la infraestructura de interconexión europea. Sin concluir aún las investigaciones, se supone que fue una avería en una línea de alta tensión que desencadenó el corte, en una muestra de cuán vulnerable puede ser incluso el sistema eléctrico de países desarrollados y miembros plenos de la Unión Europea.
Pero más allá de la anécdota, lo ocurrido en la península ibérica debe encender las alarmas también en Colombia. Allá fue inesperado. Acá, en cambio, es un riesgo cantado.
Nuestro país atraviesa un momento delicado en materia energética. A pesar de los reiterados llamados de expertos, gremios y sectores productivos, la política del actual gobierno ha hecho todo lo posible por debilitar la seguridad energética. Bajo el discurso de la “transición”, se ha venido frenando el desarrollo de nuevos proyectos de generación, ya sea fósil o renovable. El caso del gas es paradigmático: mientras el mundo lo reconoce como el combustible puente hacia una matriz más limpia, aquí se ha estigmatizado al punto de suspender nuevas exploraciones y dilatar decisiones clave sobre infraestructura.
Pero el problema va mucho más allá de los combustibles fósiles. Incluso las fuentes que el mismo gobierno promueve, como la solar y la eólica, se han visto estancadas por trámites interminables, nuevas líneas de transmisión atrasadas, bloqueos en licencias ambientales y eternas consultas previas. Y no se salva la hidroeléctrica, una fuente renovable clave para Colombia, pero que enfrenta vetos y demoras por parte de autoridades ambientales que actúan con un rigor selectivo, muchas veces guiado más por ideología que por técnica.
Así, el país se ha ido quedando sin opciones reales de expansión de la oferta energética. La demanda sigue creciendo, y el fenómeno de El Niño, que se espera para el año entrante, pondría bajo presión a los embalses, disminuyendo las reservas. El riesgo de racionamiento no es un invento de alarmistas; es una consecuencia previsible de políticas mal diseñadas.
Lo más preocupante es que no se ve voluntad de corregir el rumbo. El gobierno insiste en que no habrá apagón, mientras las señales del sistema eléctrico dicen lo contrario. La confianza en la institucionalidad energética, que por años fue motivo de orgullo nacional, se está erosionando. No por falta de técnicos capaces, sino por decisiones políticas que van en contravía del sentido común.
Volvamos al ejemplo español: allá el apagón fue sorpresivo, breve y rápidamente atendido. Aquí, en cambio, podríamos estar frente a un apagón anunciado, prolongado y mucho más dañino. No por culpa de un rayo o una falla técnica puntual, sino por una tormenta perfecta de ideología, improvisación y burocracia.
En España apagaron la luz sin querer. En Colombia, si seguimos así, la vamos a apagar con conocimiento de causa, como quien cierra el switch después de quejarse del recibo. Pero no digan que no lo advertimos: acá sería un apagón avisado... y con firma.
