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En Colombia, y buena parte de América Latina, el sector privado ha preferido históricamente mantenerse al margen de la política. “No nos metemos en eso”, “la política es demasiado sucia”. La neutralidad, bien sea por temor o por desconocimiento, no es hoy posible. Si no nos metemos en política, la política se mete con nosotros.
Decisiones legislativas y judiciales definen desde la carga tributaria hasta el acceso a financiamiento, la regulación laboral, la educación de nuestros hijos, los medicamentos de nuestros padres, la energía que usamos o el alcance de la inteligencia artificial. Guardar silencio equivale a aceptar que otros — muchas veces con menos conocimiento, pero con más audacia y populismo— definan las reglas del juego.
La región ofrece ejemplos claros. En Argentina, la falta de una voz empresarial articulada permitió que narrativas extremas dominaran el debate económico, con resultados de volatilidad y retroceso. La timidez del sector privado en Chile, dejó un vacío que fue ocupado por propuestas inviables. Y en México, ante la captura de las instituciones por el oficialismo, la voz de la sociedad civil se escucha débil y fragmentada. Colombia no puede recorrer ese mismo camino.
El sector privado tiene ventajas únicas: conocimiento especializado, experiencia en ejecución, capacidad de innovar y pensamiento de largo plazo. En contraste con la política atrapada en ciclos de cuatro años, los empresarios saben que el verdadero valor se construye en décadas. Esa visión puede darle al país un horizonte más allá de la inmediatez y la polarización.
Como ciudadano corporativo, con derechos y deberes en la vida democrática, debe participar en las discusiones públicas, apoyar liderazgos que defiendan la institucionalidad y respaldar las reglas que garantizan estabilidad y confianza. No basta con crear empleo y pagar impuestos.
Involucrarse no significa ser activista partidista ni financiar campañas a escondidas. Significa elevar el nivel del debate con argumentos, defender la independencia de poderes, exigir transparencia y proponer reformas serias y sostenibles. Democracia y economía son vasos comunicantes: no habrá prosperidad empresarial sin instituciones sólidas, ni instituciones sólidas sin un sector privado corresponsable.
No participar tiene un costo. En sociedades polarizadas, la ausencia de voces cívicas deja el campo libre a discursos radicales que prometen soluciones fáciles, pero generan retrocesos profundos. El silencio no es prudencia: es complicidad pasiva con la degradación institucional. Y esa degradación termina golpeando con fuerza a quienes necesitan estabilidad para invertir, innovar y generar empleo.
Colombia atraviesa un momento decisivo. La discusión sobre las reformas sociales, el papel de la justicia y el equilibrio de poderes no es ajena al mundo empresarial, es la cancha donde se juega el desarrollo del país.
En tiempos de incertidumbre, el silencio no protege, entrega. La invitación es clara: participar con decisión, apoyar liderazgos democráticos y defender las instituciones.
Juntos, ciudadanos, microempresarios, grandes compañías, academia, tenemos el deber de defender la democracia con coraje. El futuro se juega ahora y depende de lo que hagamos, o dejemos de hacer, como sociedad. Colombia no puede darse el lujo de que la indiferencia de sus mejores talentos sea el combustible de su propia fragilidad democrática.
