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En las últimas semanas me ha rondado una advertencia de Moisés Naím: la brecha entre la ciudadanía y la política se está ensanchando peligrosamente. Colombia es un espejo claro de ese fenómeno.
Hoy la ciudadanía está más activa que nunca. Los colombianos se informan, se organizan, protestan en las calles, debaten en redes sociales y exigen soluciones inmediatas. Sin embargo, mientras ellos se mueven a la velocidad de las urgencias, la política continúa atrapada en tiempos lentos, entre cálculos partidistas, trámites interminables y disputas internas. El reloj de la gente y el reloj del poder, dejaron de coincidir.
La consecuencia de este desfase es preocupante. Según el Latinobarómetro 2024, aunque el 52 % de los colombianos apoya la democracia, el 65 % se declara insatisfecho con su funcionamiento. No es casualidad: cuando los problemas de seguridad, empleo, salud o costo de vida no reciben respuestas oportunas, la frustración se traduce en desconfianza hacia las instituciones.
Los datos lo confirman. Según Invamer, junio de 2025, la inseguridad es la preocupación número uno: el 36 % la identifica como el principal problema del país y el 89 % cree que ha empeorado. En lo económico, aunque el desempleo bajó al 9 % en mayo de este año, más de la mitad de esos empleos son informales, lo que mantiene la sensación de fragilidad. A lo anterior hay que sumarle el reclamo de los pacientes por medicamentos. Es la vida cotidiana la que está afectada.
La legitimidad ya no se construye con discursos, sino con resultados tangibles. Y el Latinobarómetro lo confirma: frente a la inacción, una parte creciente de ciudadanos empieza a ver con buenos ojos la idea de líderes o gobiernos autoritarios que prometan resolver los problemas con rapidez. Ese es el costo de una política que no responde: se abre la puerta a opciones que ponen en riesgo el tejido democrático.
Para cerrar esta brecha antes de que sea demasiado tarde, lo primero es acelerar la capacidad de respuesta institucional. La política no puede seguir atrapada en trámites eternos mientras la gente vive urgencias diarias. Temas críticos exigen decisiones rápidas y eficaces.
Segundo, se requiere abrir canales de participación reales. La ciudadanía no se conforma con ser escuchada cada cuatro años; exige incidir en las decisiones que afectan su vida. Consejos ciudadanos vinculantes, cabildos abiertos y consultas digitales pueden ser mecanismos para reconectar.
Finalmente, urge recuperar la legitimidad con resultados concretos. La confianza se gana con hechos: con más seguridad en los barrios, acceso real a medicamentos, reducción del costo de vida y presencia estatal en los territorios más abandonados, por citar algunos ejemplos. Adaptar al Estado al tiempo real de la gente.
Si la ciudadanía está despierta y la política sigue dormida, lo que se erosiona no es solo la confianza, sino la gobernabilidad misma. Colombia no puede darse ese lujo. Cerrar la brecha entre la velocidad de la gente y la lentitud de la política, es hoy una tarea urgente y, sobre todo, impostergable.
